Conviene recordar que los Bancos- que no lo olvidemos son el máximo exponente del capitalismo puro y duro- se afanan en ganar dinero para sus accionistas y en coherencia con ello muchos de ellos están obteniendo beneficios y siguen repartiendo dividendos en plena crisis económica. Por eso, si los Bancos no conceden créditos no es por falta de liquidez sino porque su propio interés no lo aconseja ante el previsible aumento de la deuda y la morosidad del sector inmobiliario y del crédito hipotecario, y ante la incertidumbre económica y la falta de confianza existente entre las instituciones financieras que, según algunos analistas, puede poner en riesgo en algún caso, hasta su propia supervivencia. En este sentido, conceptos como la solidaridad ante la crisis, la responsabilidad social, el componente de servicio público, o simplemente trabajar a fondo en la reactivación económica para evitar el cierre de empresas no se encuentran en su escala de valores prioritarios. Como consecuencia, los llamamientos que se están haciendo están resultando estériles y pueden conducirnos a la melancolía, denotando una cierta incapacidad de quién los hace, dando además la impresión de que se actúa a la defensiva, y con más voluntad que acierto.

Por esa razón, el Gobierno debe actuar con otras políticas de presión a su alcance más eficaces- respondiendo así a las exigencias de los ciudadanos-, para que finalmente el dinero llegue a las empresas y particulares respondiendo a la crisis con rapidez y por lo tanto al creciente desempleo que afecta ya a un gran número de personas; no hay más que analizar los últimos datos del paro de la Encuesta de Población Activa (EPA). Particularmente la crisis está afectando, sobre todo, a los desempleados sin prestación económica (en torno a 900.000) y a las familias sin ningún miembro trabajando (820.000). Cifras que irán creciendo, añadiendo nuevos argumentos al Gobierno para seguir intentando resolver este problema después de la cantidad de dinero puesto a disposición- con una inusitada rapidez- de la Banca, del sector del automóvil, los Ayuntamientos, y Comunidades Autónomas. Por cierto, todavía no se conoce la eficacia de las ayudas y por lo tanto resultará imprescindible que el Gobierno desarrolle una eficaz política de seguimiento para garantizar que dichas ayudas cumplan con su cometido de proteger los intereses de los que más sufren.

Para poner en práctica otras medidas encaminadas a resolver la crisis el Gobierno viene proponiendo a los interlocutores sociales el diálogo social, como el marco más adecuado para discutirlas. Por eso, ante el retraso que se está produciendo, todos nos preguntamos qué pasa con las mesas relativas al diálogo social; ¿porqué no se negocia extender la cobertura de desempleo a los que no reciben ninguna prestación?; ¿por qué no se formalizan acuerdos en torno a los expedientes de regulación de empleo?; ¿por qué no se negocian políticas activas de recolocación de parados y la mejora de los servicios públicos de empleo?; ¿por qué se retrasa la negociación del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (ANC) y de los convenios colectivos?, entre otras materias. La respuesta es desalentadora: todo indica que los empresarios no están dispuestos a negociar en estos momentos en base a los postulados de años anteriores que, por ejemplo, aceptaban en materia de negociación colectiva negociar los salarios en base a la previsión de inflación contemplada en los Presupuestos Generales del Estado y que el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, no está justificando con su actuación las expectativas generadas en torno al diálogo social, a pesar del tiempo transcurrido desde la firma de la Declaración para el Impulso de la Economía, el Empleo, la Competitividad y el Progreso Social entre el Gobierno y los interlocutores sociales (29 de julio de 2008).

Las únicas alternativas que hemos escuchado a los empresarios y a sus analistas y expertos se refieren a recetas del pasado: se insiste en la desregulación laboral, el despido más barato, la congelación salarial, la reducción de cuotas a la seguridad social; en definitiva, reducción de costos a costa de los trabajadores cuando todos sabemos que los trabajadores y nuestro actual mercado de trabajo no son la causa de la crisis. Todos sabemos que con la actual regulación laboral el despido es muy fácil… y además barato, a pesar de lo que digan los empresarios, no hay más que ver con qué rapidez se está destruyendo empleo en la actualidad. Todos sabemos que estamos a la cola en salarios, en protección social, en precariedad de nuestro mercado de trabajo, y que por el contrario, en porcentajes de desempleo, estamos a la cabeza en el seno de la UE. También sabemos que así no vamos a competir en el marco de la Unión Europea ni en un mundo globalizado, y que la competitividad practicada sin límites es una carrera que no se gana: no hay una llegada en la carrera hacia el abismo, porque no se puede competir con el trabajo de esclavos. Tampoco podemos competir con el actual modelo productivo que ha venido funcionando hasta ahora basado en la especulación del ladrillo y en un desacerbado consumo interno, inmersos en los últimos años en una especie de “economía de casino”.

Cuando la situación económica era boyante no se planteaban estas exigencias. Ahora, en plena crisis económica se plantean nuevamente recetas rancias y trasnochadas que nos abochornan. Por favor, que no se pida a los sindicatos responsabilidad si la situación económica desemboca en una situación de crisis social como se ha puesto de manifiesto en Francia- de la que nunca serán culpables los trabajadores y los sindicatos- porque su moderación resulta evidente.

Finalmente, sólo nos queda pedir a los empresarios, a los que les gusta mucho hacer comparaciones con lo que ocurre en otros países en materia sociolaboral y particularmente en relación con el despido, que estén a la altura de las circunstancias y trabajen para salir fortalecidos de la crisis con el menor costo social posible. Además, y para zanjar este asunto, les pediríamos- en términos dialécticos- que asuman el reto de plantear al Gobierno y a los sindicatos lo siguiente: cambiar todo; efectivamente, cambiar todo nuestro marco de relaciones laborales; incluidos los salarios, la jornada laboral, la protección social, y las competencias que tienen los sindicatos en nuestro país con las políticas vigentes en esas materias en cualquier país de la UE -15. Y decimos todo, porque los empresarios no pueden pedir solamente lo que les resulte favorable de cada uno de los países, que es lo que están haciendo. Si ese cambio fuera posible, los empresarios se iban a enterar de lo que vale un peine.