En un país con un sistema judicial manifiestamente mejorable, donde tenemos pendientes en la justicia muchos problemas, que los Vocales se hayan “entretenido” durante mes y medio en hacer tal o cual comunicado, y otras muchas reuniones más en las que han parecido incapaces de tomar la decisión que todos los ciudadanos esperaban: si las acusaciones contra Dívar eran ciertas, y todo indicaba que lo eran, al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo había que haberle exigido su inmediata renuncia. Quien confundía así desde un cargo público de primera relevancia en el Estado, lo público con lo privado no podía seguir ni un minuto más para exigir rigor y disciplina a los jueces y magistrados. Pero los Vocales no lo hicieron, y si no queremos que España camine hacia los comportamientos políticos e institucionales de una democracia enferma en la que el presidente de su Tribunal Supremo hace fines de semana caribeños con cargo al presupuesto de todos, mientras el país, que atraviesa desmoralizado una de sus más terribles crisis económica, es humillado por el desprecio de quien debería ser uno de los primeros en dar ejemplo, solo queda ahora que esos Vocales den ejemplo saliendo ya del Consejo. ¿Por qué no actuaron a tiempo y en forma los Vocales? Quizá porque exactamente lo mismo que su presidente tampoco han tenido la obligación de justificar detalladamente todos sus gastos.

Pero, estos episodios que han concluido con la salida de Divar son sólo la punta del iceberg contra el que había naufragado, ya hace tiempo, el CGPJ como la institución constitucionalmente diseñada para el gobierno judicial. Lo que se pensó que fuera un órgano colegiado del poder judicial (20 Vocales) alejado del poder político (ejecutivo) para la gestión del estatuto y administración de los jueces, a partir de la elección de su propio presidente, y a través de la confluencia en dicho organismo de las distintas sensibilidades fuera y dentro de la carrera judicial mediante el contraste independiente de los distintos puntos de vista, pronto se terminó convirtiendo en una «ingobernable» sucursal de partidos políticos y /o asociaciones profesionales. El remedio ante este estado de cosas se buscó, por este Consejo, en la delegación tácita en solo dos de sus más significados miembros de las decisiones más relevantes, en especial, de todas en materia de nombramientos de los altos cargos judiciales. De tal manera que una y otro han venido marcando la política judicial de este país, mediante acuerdos entre ambos que luego se veían ratificados en el pleno de la institución, con un presidente que parecía contar muy poco en todo este entramado, hasta que, precisamente, llega el estallido de la crisis.

El Consejo ha perdido así lo que en términos académicos se denomina legitimidad de ejercicio, que deriva de las actuaciones llevadas a cabo durante el tiempo en que se desarrolla el cargo. Al perder esa legitimidad los actuales Vocales ya no pueden continuar ejerciendo con normalidad las importantes funciones que constitucionalmente tienen encomendadas: desde confirmar una sanción, hasta realizar cualquier nombramiento; y, por consiguiente, el cese anticipado de los mismos se impone como una necesidad democrática. Una situación que no sólo está prevista en la legislación (articulo 116 LOPJ), sino que, sobre todo, es demandada por el sentido común y jurídico que exigen, en fin, la renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial. La última palabra la tienen los grupos parlamentarios.