Las noticias del día 22 de octubre nos señalaban que en el municipio de Finestrat (Alicante) habían muerto dos personas como consecuencia de una tromba de agua que arrasó un mercadillo incomprensiblemente situado, autorizado y promovido desde la administración local en medio del cauce de un barranco. Parece evidente que nuestros munícipes siguen sin comprender que por muy pequeño que sea el riesgo de una catástrofe, si se le asocian desde la irresponsabilidad procesos de alto costo, el resultado es siempre catastrófico. Y aún más si se pone en riesgo la vida de las personas. Adicionalmente, la noticia señalaba que la Confederación Hidrográfica del Júcar había realizado un expediente sancionador en octubre de 2010 contra el Ayuntamiento por ocupación indebida de un barranco y su pavimentado, por importe de 83.163 €, con la obligación de reponer el barranco a su estado original; pero el expediente está pendiente del recurso de reposición presentado por el Ayuntamiento. Es evidente que la multa, si se confirma, no la van a pagar los munícipes que aprobaron la pavimentación y ocupación del cauce por el mercadillo; ni tampoco parece que el ministerio fiscal vaya a acusar a los responsables de homicidio por imprudencia en la toma de decisiones con causa de muerte. Pero como en otras muchas decisiones municipales de consecuencias menos trágicas (licencias ilegales con graves daños ambientales, vertederos ilegales que provocan incendios,…) esa parece ser la única vía que haría entrar en razón a responsables políticos incapaces de gestionar desde el interés general y el respeto a la naturaleza y a sus leyes. ¿Actuarán el ministerio fiscal, la Confederación Hidrográfica, la Delegación de Gobierno o la Comunidad Autónoma en consecuencia, sentando las bases que eviten la reiteración de este tipo de sucesos con efectos de muerte, en una Comunidad Autónoma en la que las gotas frías son pan de cada día?.

Las reflexiones derivadas de la celebración de la conferencia anual de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), el pasado 17 de octubre, es el segundo aspecto que quiero traer a colación. En primer lugar, porque hay que destacar una aproximación más correcta al diagnóstico de la situación del sector de lo que suele ser normal en los análisis, obviamente interesados, de este grupo de presión:

• reconocimiento del problema de los activos inmobiliarios en stock, sobre todo del suelo, hipotecados o que han terminado en manos del sistema financiero, cuya magnitud en el caso del suelo hace difícil una solución incluso a largo plazo (véase mi artículo en esta sección sobre “¿Puede ser la edificación y la especulación urbanística una solución a la crisis?”);

• las restricciones crediticias y las expectativas de mayores bajadas en los precios, que están reduciendo muy sensiblemente la demanda inmobiliaria;

• la necesidad de una política en el sector de los alquileres coherente y consistente a largo plazo;

• y los problemas financieros de las administraciones públicas para ejecutar los objetivos del Plan de Vivienda 2009-2012 (las viviendas iniciadas, terminadas, protegidas o las rehabilitaciones han descendido en el segundo trimestre de 2011 respecto al mismo período de 2010).

Ante este marco, sus conclusiones –como es lógico- siguen asociándose a la defensa de sus intereses por la vía de mostrar lo positivo de sus negocios (relación empleo/inversión del orden de un empleo asociado a cada 56.000 € de euros invertidos en el sector inmobiliario, y efecto multiplicador sobre el crecimiento de la economía estimado en 0,33 puntos del PIB por cada 100.000 viviendas) y asociar estos efectos a la necesidad de establecer medidas financieras, fiscales y administrativas que incentiven el sector.

Hasta aquí, poco hay que adicionar a la ya señalado en el anterior artículo al que antes hacíamos referencia, en el que se matizaba la diferenciación territorial de estos problemas y en el que se condicionaban los posibles incentivos para el sector al cumplimiento de los objetivos recogidos en la legislación urbanística vigente y, en particular, en el texto refundido de la ley del suelo 2008 -Texto Refundido de 2008, RDL 2/2008, de 20 de junio- en el que los derechos y deberes de los ciudadanos y la sostenibilidad asociada al desarrollo urbanístico y edificatorio de los municipios, aparecen como elementos fundamentales condicionadores de la intervención inmobiliaria. Porque es necesario reiterar que los beneficios para el sector no pueden conseguirse a costa de la destrucción del patrimonio territorial, natural y cultural, español ni coadyuvar a la generación de nuevas burbujas inmobiliarias cuyos desastrosos resultados estamos viviendo en la actualidad el conjunto de la sociedad española. Y aquí, si aparece nuevamente un doble motivo de preocupación cuando en el seno de la reunión se demandan modificaciones en la legislación urbanística para que, por ejemplo, se regule el número de personas que pueden residir en un cierto desarrollo urbanístico pero no el número de viviendas a edificar; se cuestione la agilidad de la gestión urbanística y las garantías de legalidad y participación pública existentes (y tan frecuentemente incumplidas); o se manifieste la complejidad de la promoción en una maraña de leyes, decretos, y órdenes ministeriales, normativas y planeamientos autonómicos y locales. Y mayor preocupación hay que mostrar cuando se destaca que el texto refundido de la ley del suelo estatal en vigor –con origen en una ley del suelo aprobada hace más de cuatro años- no se está aplicando ni ha sido incorporado a la legislación autonómica. O cuando representantes del partido popular afirman que si acceden al gobierno modificarán muy sustancialmente este texto refundido de la ley del suelo de 2008.

Y es que la preocupación por estas noticias está ligada a tres aspectos fundamentales. En primer lugar, y de forma similar a la ocupación del barranco en el caso de Finestrat, al hecho incomprensible de que una parte muy sustancial de una Ley aprobada por el Parlamento español hace más de cuatro años pueda ser incumplida sin que exista reacción de la sociedad o de la propia administración general del estado; o, lo que es peor, que las posibilidades de reacción sean tan lentas e inoperantes que permitan que contenidos de leyes de indudable beneficio para el interés general se queden como adorno en los estantes de las administraciones competentes y gestoras del planeamiento, gestión y disciplina urbanística y territorial. En segundo lugar, porque esta situación puede agravarse aún más si el partido popular gana las elecciones y cumple su amenaza de cambiar la ley del suelo, reiterando situaciones de inseguridad jurídica en un sector que precisamente lo que necesita es seguridad y estabilidad a largo plazo, ya que las transformaciones urbanísticas y territoriales, y las inversiones necesarias, necesitan largos periodos de maduración; sin embargo, esta nueva modificación se uniría a las seis normas estatales y a las dos sentencias constitucionales sobre suelo que han modificado la legislación básica del sector en los últimos veinte años dando cualquier cosa, menos estabilidad al marco normativo urbanístico y territorial de España. En tercer lugar, porque queda claro que en materia urbanística las diferencias de concepción de los distintos partidos hacen difícil llegar a lo que sería un imprescindible consenso en la legislación básica sobre suelo. Estas concepciones son tan diferentes como lo son los distintos intereses que hay detrás del desarrollo inmobiliario; lo que nos obliga a recordar que a través de la planificación y gestión urbanística y territorial se producen cambios muy importantes en el valor del suelo que inciden de manera muy desigual sobre los ciudadanos y sobre los propietarios o promotores del desarrollo de los mismos. La magnitud de los beneficios asociados posibilita, entre otros aspectos, acuerdos muy ventajosos para algunos privados (la historia de las permutas y acuerdos recientes entre el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid son un buen ejemplo) cuando no la existencia de corrupciones de diverso tipo que afectan, con demasiada frecuencia, a políticos, técnicos y administrativos ligados a los procesos de transformación urbanística y territorial.

Íntimamente ligado al tema anterior (demandas del sector inmobiliario), aunque inmerso en una perspectiva más global, aparece el tercer motivo de preocupación que quería destacar en este artículo. Nadie en el mundo científico discute en la actualidad que la situación alcanzada en 2008 ha sido fundamentalmente el resultado, en las dos décadas transcurridas, desde la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS, de la implantación generalizada de una filosofía basada en ese beneficio individual que los conservadores defienden como paradigma de acción social, y en la subordinación del interés general al mismo a través de la desregulación y de la desprotección de los más débiles frente a los agentes con mayor capacidad de intervención productiva y especulativa. Las ganancias especulativas rápidas en mercados globales que iba permitiendo una creciente expansión segura de las comunicaciones y de internet, han generado un creciente predominio de una sociedad especulativa en el mundo de la OCDE respecto a una actividad productiva de bienes y servicios que iba progresivamente deslocalizándose y trasladándose a países en desarrollo. El peso de la especulación y la creación de burbujas sucesivas (punto.com, vivienda, petróleo, alimentos básicos, oro,…) ha alcanzado tal magnitud que ha acabado por condicionar y regir la política de los países, insertándolos en una espiral diabólica de protección del sistema financiero local, a través de un endeudamiento público que vuelve en su contra los procesos especulativos del sistema financiero global. Como se dice en el lenguaje políticamente correcto, los mercados (financiero-especulativos, habría que añadir) dominan hoy, y condicionan de forma determinante la política y el nivel de bienestar de los países occidentales.

En este marco, parece claro que es prioritario establecer comportamientos políticos que devuelvan la dignidad a la Política y a los propios políticos, antes de que el conjunto de la población (cuya valoración de los políticos es muy reducida) dé la espalda definitivamente a los mismos y posibilite la vuelta de “dictaduras salvadoras” cuyos resultados históricos son de sobra conocidos. Pero ello implica que la Política (con mayúsculas) recupere el dominio sobre unos agentes sociales que han convertido la especulación financiera y su acumulación personal de capital en el condicionante básico de la toma de decisiones de los países europeos; y que la Política evite las fuertes transferencias de recursos y capitales desde el conjunto de la sociedad a los bolsillos de los especuladores. Ello exige una fuerte reforma de la nueva estructura financiero-especulativa mundial que la web ha permitido globalizar y, sobre todo, a la que permite actuar de forma instantánea en cualquiera de los mercados de monedas, fondos, capitales, materias primas o derivados más o menos ingeniosamente establecidos a través de la denominada “ingeniería financiera”, con grandes beneficios para los especuladores y fuertes costes para el conjunto de la sociedad. Ello está generando nuevas desigualdades territoriales y sociales, afectando gravemente a la igualdad de oportunidades y cuestionando los pilares básicos de la sociedad del bienestar.

Pero ante esta globalización e instantaneidad en la acción, que viene acompañada de la utilización de paraísos fiscales para el mantenimiento a buen recaudo de las ganancias, los Gobiernos han sido incapaces de establecer unas mínimas reglas que aseguren el control de los beneficios de los especuladores, la tributación por las ganancias, o la seguridad de que los derivados y la ingeniería financiera subyacente no tienen efectos externos inaceptables para el conjunto de la sociedad. Tras las esperanzadoras reuniones iniciales del G-20 en 2008 la situación ha evolucionado hacia la decepción y el escepticismo sobre su capacidad de poner coto a la actual dinámica global. ¿Cómo se continúa permitiendo, por ejemplo, que exista la posibilidad de asegurar los cambios de valor de patrimonios que no posee el que los asegura, cuando se ha constatado los efectos devastadores de estos mecanismos en la crisis de 2008? ¿Cómo se intenta combatir con procesos que duran meses dinámicas que los especuladores financieros alteran desde la red en cuestión de segundos?

Tradicionalmente las crisis son momentos especialmente fructíferos para la acumulación de poder y de capital en los más fuertes y sus efectos suelen ser tremendamente negativos para los que pierden el empleo, los jubilados o pensionistas, y para las empresas menos productivas o con capacidad de competir (regeneración competitiva o destrucción creativa de Schumpeter). Esta crisis no está siendo diferente y su carácter global hace que la dimensión espacial también tenga una importancia relevante. El empobrecimiento de la población en determinados territorios (en España, según el INE, los ingresos medios anuales de los hogares, en 2010, descendieron un 4,4% respecto a los de 2009) se acompaña del incremento muy significativo de las desigualdades entre los distintos grupos sociales y, sobre todo, de la pérdida de los beneficios de la sociedad del bienestar, cuyos servicios son progresivamente puestos a disposición del mercado aduciendo la incapacidad del sector público de atender a su financiación (incapacidad que al parecer no existe para otras actividades en beneficio del sector privado).

En España el desempleo oficial (Encuesta de Población Activa del INE del tercer trimestre de 2011) mantiene cifras del orden de los cinco millones de personas (aproximadamente 21% de la población activa que supera el 45% para los jóvenes menores de 25 años) donde hay más de 1,3 millones de hogares en los que nadie tiene trabajo, el paro de más de un año de duración supera los dos millones de personas, y se incrementan continuamente los que han agotado los dos años de seguro de desempleo. El resultado es un preocupante aumento de las personas en riesgo de pobreza que se irán añadiendo a ese ya inmenso 21,8% de la población residente en España (en 2010 era el 20,7%) que los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida del INE, de octubre de 2011, sitúa por debajo del umbral de riesgo de pobreza definido por la UE (ingresos por debajo del 60% del valor la mediana de los ingresos por unidad de consumo personal). Las dos Castillas, Extremadura, Murcia, Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla presentan las peores situaciones, destacando sobre todo Extremadura, Andalucía, Canarias y Ceuta en los citados indicadores de riesgo de pobreza.

Las imprescindibles políticas públicas para combatir la desigualdad en las oportunidades de la población para sobrevivir (evitar el deterioro de la sanidad pública) o para tener una cualificación adecuada que le permita encontrar un trabajo digno (evitar deterioro de la educación pública) y contra el incremento en las desigualdades en los niveles de renta (pérdida de empleo, incremento de la población en riesgo de pobreza, deterioro de la renta familiar disponible de los asalariados,…) debe ser un objetivo fundamental de una sociedad del bienestar que se valore como tal, pero cada vez más se demuestra que las posibilidades de actuación están condicionadas por la dimensión global del dominio del capitalismo financiero especulativo, lo que exige tanto respuestas locales como mundiales. Ante ello sólo cabe esperar que seamos capaces entre todos de forzar que los líderes del G20 acoten el poder y predominio de la especulación, acaben con los paraísos fiscales y lleguen a establecer una estrategia internacional de crecimiento que dé prioridad a la creación de empleos en actividades ambientalmente sostenibles (economía verde), en I+D+i (conocimiento) y en aprovechamiento de los recursos propios (desarrollo endógeno), que corrijan la práctica puesta en segundo plano de la lucha contra el cambio climático, y que se acompañen con políticas en cada país que incidan en esas mismas líneas de intervención, En otro caso, el dominio de la economía financiero-especulativa de los grandes capitales canalizados a través de un reducido número de fondos de inversión (soberanos y de adscripción a personas mundialmente conocidas y con grandes recursos en paraísos fiscales) junto a un esquema conceptual (agendas de clasificación) basado en los mismos principios y pautas de actuación de los fondos especulativos, es muy probable que nos lleven, inexorablemente, a que una pequeña y media burguesía crecientemente empobrecida y con sensibles pérdidas en su bienestar sitúe a los partidos políticos como culpables de lo que está pasando y acaben propiciando la aparición de dictaduras “regeneradoras” de la situación. El 15M puede ser una esperanza en el avance hacia una corrección en el poder del sistema financiero-especulativo. Pero también puede ser el germen que termine colaborando a la instauración de una nueva dictadura si no se actúa correctamente. ¿Somos conscientes de que cada vez queda menos tiempo para evitar esta segunda opción?