Pero quizás cabe un ejercicio de racionalidad entre tanta carrera sin rumbo claro. Si la meta es el control del déficit y el equilibrio en las cuentas públicas, que es una buena meta, hemos de recordar que no existe solo un camino para alcanzarla. Podemos ajustar gastos, y también podemos aumentar los ingresos. Las comunidades autónomas disponen de autonomía fiscal y capacidad normativa suficiente, por ejemplo en la fijación de los tipos aplicables a las rentas más altas en el IRPF. En los presupuestos de 2012 podrán incluir también los ingresos provenientes del impuesto de patrimonio, reinstaurado por el Gobierno socialista de la nación.

No obstante, ¿tenemos claro que la meta final es el control del déficit? ¿La reactivación económica, la generación de empleo y el bienestar social, no son metas más importantes? Porque puede ocurrir que nos apliquemos tanto en aquella meta volante del déficit, y nos quedemos sin resuello para alcanzar la meta que realmente importa, la salida de la crisis, la creación de puestos de trabajo y la garantía de bienestar para la población.

¿No nos estaremos equivocando en la priorización de la estabilidad en las cuentas públicas? Gran parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos han frenado en seco las inversiones en la mejora de sus infraestructuras, pero estas inversiones resultan cruciales para mantener la actividad de miles de empresas y miles de empleos, y la modernización de nuestro capital físico resulta vital para ganar competitividad. El retorno fiscal de estas inversiones productivas alcanza cerca del 80%. Los recortes en obras públicas pueden salvarle el presupuesto a un presidente autonómico o a un alcalde, pero pueden costarnos muy caros a todos a medio plazo.

Otra buena parte de las administraciones territoriales compiten por suprimir servicios destinados al bienestar social, recortar plantillas de profesores y sanitarios, rebajar los salarios de los servidores públicos, revisar a la baja los convenios con entidades sociales que atienden a las personas dependientes, retrasar pagos a proveedores… Si la primera causa del bajo crecimiento económico es la caída del consumo privado, con estas medidas no estamos contribuyendo a resolver nada. Y si la primera condición para la salida de la crisis es la generación de confianza en la población, estamos corriendo mucho, pero en la dirección incorrecta.

La estabilidad de las cuentas públicas, la reducción de la deuda y el control del déficit constituyen una pauta de buen gobierno. Pero en este contexto de crisis persistente y de riesgo de recesión, tal objetivo debe perseguirse de una manera flexible, subordinándolo al objetivo fundamental de reactivar la economía, crear empleo y mantener unas condiciones adecuadas de bienestar social. ¿Por qué no “recortar” los objetivos de control del déficit? Se trataría de un “recorte”, o flexibilización, más sensato.

Sigamos corriendo, pero no confundamos la meta.