Antes de proseguir hagamos un poco de memoria: En 2007 el IPCC dice que el cambio climático es «inequívoco» y que con un 90% de probabilidad se puede atribuir a la actividad humana. En 2009 en la Cumbre de Copenhague, 192 países alcanzan un acuerdo no vinculante para contener el calentamiento en dos grados. No hay acuerdo sobre qué hacer cuando en 2012 expire el primer periodo de Kioto. Y finalmente en 2011 la cumbre de Durban busca una salida a la situación de bloqueo.

No sabemos si los líderes políticos acudirán a esta Cumbre a solucionar uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Humanidad. Me pregunto si sucumbirán una vez más con su sumisión a un sistema productivo basado en los combustibles fósiles que nos llevará a una crisis global sin precedentes, si no actúan con decisión en aras del interés general, como se ha visto que hacen ante la dictadura de los mercados financieros que lleva países y sus ciudadanos a la ruina, sin inmutarse.

El primer día de la COP17 Greenpeace ha hablado sobre el carbón para dejar al descubierto su verdadero coste y demostrar cómo financiando la lucha contra el cambio climático se puede transformar el sistema energético. No era causal. El sector carbonero es uno de los más interesados en influir negativamente en las negociaciones climáticas, para defender sus intereses perjudicándonos a todos los demás.

Por otro lado, representantes del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas sobre cambio climático han presentado en Durban el informe en el que demuestran la conexión entre el cambio climático y la mayor proliferación e intensidad de los llamados fenómenos meteorológicos extremos.

El impacto de la crisis climática está incidiendo con intensidad y contundencia en las zonas más vulnerables. Paradójicamente, el cambio climático en el continente en el que se celebra la Cumbre del Clima, África, está haciendo que el agua sea tan escasa que, año tras año, la producción agrícola es prácticamente nula, y cada vez son más los nómadas o semi nómadas. Los pastos se marchitan, el ganado muere y millones de personas se enfrentan a la hambruna.

Los gobiernos no pueden seguir ignorando lo que sucede más allá de las paredes del centro de conferencias y retrasando la acción. Dos gestos serían muy bienvenidos en este sentido: Estados Unidos debería dejar de eludir cualquier compromiso anterior al año 2020 y la Unión Europea debería dejar de complacerle, mencionando 2020 como la fecha de entrada en vigor del acuerdo climático global. Es fundamental asumir un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto de cinco años, firmar un acuerdo global en 2015 (mientras el Protocolo sigue en vigor) y ratificarlo en los dos años siguientes para reponerlo en vigor cuanto antes y a muy tardar en 2017.

Es incuestionable la proliferación de informes que confirman los avances del cambio climático y su relación inequívoca con la actividad humana. Los dos últimos documentos publicados al respecto han sido el informe del IPCC sobre la relación del cambio climático y el empeoramiento de los fenómenos meteorológicos extremos y el de la Agencia Mundial de la Meteorología, presentado hace unos días, en el que se documenta un nuevo récord de emisiones en 2010.

La continua publicación de informes confirma que el cambio climático y los desastres que se le asocian son causa de la actividad humana y que es urgente actuar. No hacerlo a estas alturas y con estos niveles de consenso científico es asumir la responsabilidad de los daños que este fenómeno provoque. Ha llegado el momento de que los gobiernos decidan y demuestren, así, de que madera están hechos.

Por ejemplo, en España las organizaciones que integran Coalición Clima consideran que la Cumbre sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (COP17) en Durban (Sudáfrica) es una oportunidad única para forjar los acuerdos climáticos que el mundo necesita. En 2010 se ha alcanzado un máximo histórico de niveles de gases de efecto invernadero y cada año mueren más de 350.000 personas por las consecuencias de la crisis climática.

Ante esta situación de emergencia, Coalición Clima pide a la delegación española, cuya postura se discutirá en una reunión de coordinación entre el gobierno entrante y el saliente, que asuma compromisos como apoyar a la UE con el mantenimiento del único instrumento legalmente vinculante en la lucha internacional contra el cambio climático: el Protocolo de Kioto; apoyar el establecimiento de una hoja de ruta destinada a la firma de instrumentos legalmente vinculantes que aglutinen los compromisos de los diferentes estados; mantener el apoyo al salto de la UE hacia un objetivo de reducción de emisiones del 30% para 2020, y que, en coherencia, establezca un objetivo nacional de reducción de emisiones ambicioso.

Según WWF, España puso en marcha durante 2011 planes para lograr un incremento de la eficiencia energética y al ahorro de energía en el sector del transporte y la construcción, aunque algunas de las medidas que se han introducido son solo temporales. Pero estos pequeños avances se ven contrarrestados por los efectos negativos de otras acciones gubernamentales, debidas en parte a los recortes presupuestarios. Por ejemplo, las primas para fomentar la producción de electricidad procedente de fuentes eólica y solar se redujeron considerablemente, tanto para las nuevas instalaciones como para las ya existentes. Además, el borrador de la Estrategia Climática de España tan solo llega a 2020, con la intención de reducir sus objetivos de renovables para esa fecha, si lo comparamos con el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables. Por el contrario, España prolongó las subvenciones al carbón y el tiempo de vida útil de la energía nuclear.

Sin duda alguna, en el contexto europeo, el mayor logro ha sido la puesta en marcha de políticas que apoyan las energías renovables, mientras por otro lado, las políticas para sectores como el transporte, la industria y la eficiencia energética en general, han quedado muy rezagadas.

Si las cosas no cambian en los próximos días. En la cumbre del clima de Durban solo la UE parece dispuesta a mantener compromisos internacionales de reducción de emisiones. La duda es si asumirá el objetivo del 30% de reducción de emisiones de forma unilateral o no. Es la única región que no descarta asumir un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto. El resto guarda un inquietante silencio. EE UU no quiere saber nada de acuerdos vinculantes, y Canadá y Japón han anunciado que no firmarán un nuevo Kioto.

Irónicamente, la postura de la UE en Sudáfrica la va a defender Polonia, el país con más emisiones de los 27, el que más depende del carbón y quien más ha bloqueado el intento de países como Reino Unido de ampliar el recorte de emisiones desde el 20% actual al 30% en 2020. Lo paradójico es que mientras en Durban Polonia es más verde que nadie, en Bruselas patrocina una cumbre para promocionar el carbón, el combustible fósil que más CO2 emite.

En el caso de España la situación ha experimentado un giro de 180 º desde el 20N. El PP se opuso en el Congreso a que Europa ampliase el recorte de emisiones del 20% actual hasta el 30%, y la delegación española conoce ese mensaje, por lo que en las reuniones de coordinación de la UE deberá mantener esa postura, contraria a la que ha llevado hasta ahora.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) también tercia con contundencia en el debate climático y es muy clara al afirmar que necesitamos un acuerdo internacional que dé una señal a los mercados, pero tener buenas noticias de Durban sería una sorpresa. El 50% de las emisiones proceden de dos países, EE UU y China, que no parecen dispuestos a firmar nada.

Lo cierto es que hay negociaciones de carácter técnico pero desde Copenhague no tienen respaldo político. Es decir, hay miles de personas reunidas tratando detalles minuciosos de acuerdos que, en el fondo, penden de una decisión que de tomarse se hará lejos de allí.

Un ejemplo es la puesta en marcha del Fondo Verde del Clima. En Copenhague, en 2009, los países desarrollados acordaron poner unos 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020 para los países menos desarrollados. Solo dos años después, pensar en que la UE y Estados Unidos van a destinar esas magnitudes a combatir el cambio climático es prácticamente una utopía.

Con la crisis de deuda y la necesidad de recortar el déficit, los países se han olvidado de las inversiones públicas en energía verde. Las renovables viven un momento muy difícil. Los países recortan subvenciones para reducir el déficit. Por ejemplo, la crisis de la eurozona ha llevado a una reducción drástica de las inversiones en sostenibilidad en las diez principales economías del mundo que podrían ascender a los 34.000 millones de euros hasta 2015. Solo en España, el recorte puede irse hasta los 4.700 millones de euros. Los promotores de energía eólica ya temen un parón en España en 2013, y los productores fotovoltaicos están en un litigio internacional contra el Ministerio de Industria por el recorte de las primas que decretó el Gobierno y con el que pretendía parar la sangría de primas a la fotovoltaica que él mismo había creado con una mala regulación.

Debido a la crisis económica, la economía verde se ha hecho un hueco ya en los planes de muchos gobiernos, pero la verdadera transformación no es visible todavía. Los recortes presupuestarios han afectado a algunas políticas de energías limpias, aunque ha habido algunas decisiones políticas notables encaminadas a abandonar la energía nuclear en Alemania e Italia, así como medidas positivas a largo plazo para independizarse de los combustibles fósiles, como es el caso de Dinamarca.

En la Cumbre de Durban ha llegado la hora de la verdad. Es preciso:

• Fijar el pico de emisiones globales en 2015 y el plan de trabajo para alinear las reducciones de emisiones y la ciencia.

• Asegurar la supervivencia del Protocolo de Kioto y acordar un mandato para alcanzar un acuerdo global legalmente vinculante.

• Establecer cómo van a hacerse efectivas las aportaciones financieras hasta alcanzar los 100.000 millones de dólares anuales comprometidos para 2020, y…

• Sobre todo, garantizar la transparencia del proceso de negociación en sí y la participación de la sociedad civil.