En este acuerdo ha influido poderosamente la situación en que se encuentra el PSOE. Un partido salido de una fuerte derrota electoral, sin dirección y sin propuestas alternativas a las políticas neoliberales que dominan en la UE, y a la espera de la celebración de su próximo congreso ordinario previsto para los primeros días de febrero. En este contexto globalizado, el PSOE tampoco ha conocido propuestas diferenciadas (en que apoyarse) del “desaparecido” Partido Socialista Europeo y de la Internacional Socialista, aunque esto no representa ninguna sorpresa ni debe ser motivo de justificación.

El compromiso- defendido por Zapatero en la Cumbre Europea-, aceptó sin enmiendas ni correcciones el pacto suscrito entre Merkel y Sarkozy (en defensa de sus intereses nacionales), que ha servido de base al acuerdo final con la excepción del Reino Unido. Dicho acuerdo perjudicará gravemente al empleo y confirmará el estancamiento económico en el seno de la UE al primar la corrección del déficit y el pago de la deuda pública sobre otras partidas económicas e, incluso, sociales, lo que consolidará la política de ajuste fiscal a través de una drástica disciplina presupuestaria (déficit cero) bajo la amenaza de fuertes sanciones automáticas. Un acuerdo que puede ser soportable para Alemania y Francia (con un desempleo en torno al 10%), pero no para España con un desempleo que supera el 21%, porque agravará de manera alarmante la situación de una parte importante de la ciudadanía y aumentará la desigualdad y la pobreza.

Lo que llama más la atención es que esta fórmula ya ha fracasado estrepitosamente y, por lo tanto, reincide en los errores sin frenar en absoluto los ataques de los especuladores. Las alternativas que se vienen planteando a esta política exigen una corrección más suave del déficit y la deuda, así como políticas que impulsen el crecimiento económico generador de empleo y la cohesión social, como ya están empezando a plantear el SPD alemán y el Partido Socialista Francés; por lo tanto, políticas más cercanas a las que está impulsando Barak Obama. Sin duda, se trata de un pronunciamiento nuevo de dos de los partidos socialdemócratas más relevantes de la UE, lo que está generando serias expectativas de cambio en el ámbito europeo.

Por el contrario, Rajoy, en su participación en el congreso del Partido Popular Europeo, ha asumido nuevos compromisos de ajuste (recortes) y, en concreto, ha prometido una reforma laboral en profundidad y la reforma del sistema financiero; todo ello coherente con las exigencias neoliberales que imperan en la UE impulsadas por la canciller alemana.

La nueva reforma laboral que se ha propuesto a los sindicatos para su discusión no nos ayudará a salir de la crisis- ni creará empleo-, como se ha demostrado suficientemente en reformas anteriores y así lo reconoce Cristóbal Montoro, coordinador económico del PP, cuando menos para el año 2012. Una vez más, la reforma está encaminada a devaluar los salarios (el presidente de la CEOE habla de salarios de 400 euros y de “mini empleos”- como solución al problema del desempleo-, lo que es insultante y representa un verdadero ataque a la inteligencia) transfiriendo rentas del trabajo al capital, lo que deprimirá más el consumo y por lo tanto la actividad económica. Lo mismo se pretende con la reforma de la negociación colectiva, al eliminar la eficacia de los convenios estatales y, por lo tanto, dejar sin un salario garantizado a millones de trabajadores.

Por su parte, la reforma del sector financiero está llamada a consolidar el llamado “banco tóxico” o “banco malo”, seguramente socializando pérdidas; esto es, a costa nuevamente de los contribuyentes que no son los causantes de la crisis, en vez de buscar fórmulas más justas y equitativas para resolver el problema que representa el inmovilizado del ladrillo (morosidad), con el propósito de garantizar créditos a familias y empresas que impulsen la actividad económica en la actualidad.

En esta ocasión, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) se ha mostrado más activa que nunca en su oposición a las decisiones de la Cumbre Europea. La CES denuncia la falta de democracia (supeditación de la política a los poderes económicos) en todo el proceso presidido por la opacidad y la falta de transparencia. La ciudadanía europea ha asistido atónita a los debates sin posibilidad de intervención ante las nuevas políticas de ajuste que se avecinan para los próximos años, lo que ha generado una nueva desilusión, escepticismo y malestar en relación con las instituciones europeas. Para muchos ciudadanos, víctimas de la crisis, Europa no es la solución sino, por el contrario, un verdadero problema en la actualidad que, no hay que descartar, se pueda visualizar más claramente cuando se conozca el porcentaje de participación de la ciudadanía en las futuras elecciones europeas.

La CES ha vuelto a remitir sus propuestas a los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo reiterando sus posiciones: emisión de eurobonos, inversión pública para un crecimiento sostenido, tasa a las transacciones financieras, impuestos justos y sostenibles, fiscalidad ambiental, lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, eliminación de los paraísos fiscales, suelo de gasto social en los presupuestos generales, así como una política de reducción del déficit y de la deuda pública, más coherente con la necesidad de luchar prioritariamente y de manera eficaz contra el desempleo en la UE (cerca de 25 millones de desempleados), garantizando siempre la cohesión y el Estado de bienestar social. Un problema que se ve considerablemente agravado en nuestro país por el número de desempleados (cinco millones, en buena medida jóvenes), así como por la caída de la cobertura del desempleo (1,7 millones de desempleados carecen de cobertura) y por los desempleados de larga duración (la mitad de los trabajadores en paro), que resultan de muy difícil colocación.

La CES pretende combatir este problema con una política que se lleve a cabo a través del diálogo y la concertación social- en el marco de la Unión Europea-, en base a la creación de empleo y al mantenimiento del Estado de bienestar social y, en este sentido, ha propuesto un pacto por el empleo y la cohesión social (nuevo contrato social europeo). Sin embargo, nada de ello será fácil con la actual correlación de fuerzas, muy favorable a las políticas neoliberales, a la derecha conservadora y a los empresarios; por eso la CES, ante la gravedad de la situación, está estudiando también la unificación de respuestas (movilizaciones) de los sindicatos de los diversos países (con la mirada puesta en las acciones que desarrolla actualmente el conjunto del movimiento sindical italiano) contra lo que se califica como un vulgar “atropello” a la democracia y al Estado de bienestar social construido a través de los años. En España, la movilización social será más necesaria que nunca ante las políticas que se avecinan del gobierno del PP, con el propósito de cumplir los nuevos compromisos exigidos por la UE. Los sindicatos, el 15-M y las formaciones políticas a la izquierda del PSOE están llamados a encabezar dichas movilizaciones en contra de unas medidas que resultarán nefastas para los más débiles (incluso para la clase media) pero que, por el contrario, no perjudicarán a los que más tienen y mucho menos a los verdaderos causantes de la crisis (capitalismo financiero), lo que genera inquietud y una creciente alarma social en la ciudadanía ante el desigual reparto del costo de la crisis por la ausencia de políticas redistributivas de carácter fiscal. En todo caso, y al margen de los resultados, la lucha contra el desempleo siempre justificará las movilizaciones que, todo indica, serán inevitables.