Nos encontramos ante unas democracias donde cada vez menos los gobiernos, elegidos democráticamente a través del voto, pueden decidir las políticas que afectan a la vida y devenir de la población. Las decisiones estratégicas son tomadas por elites económicas que no buscan el interés general de la sociedad, sino su beneficio particular, a cualquier precio y cueste el sufrimiento que cueste.

Estamos en democracias donde se está rompiendo el contrato social y éste está siendo sustituido de facto por el beneficio privado.

• ¿Acaso es realmente democrático un sistema donde el Gobierno elegido democráticamente por los ciudadanos es obligado a dimitir para ser sustituido por tecnócratas y supuestos expertos?

• ¿Se puede llamar democrático a un sistema donde los Gobiernos tienen que pedir permiso fuera de su ámbito de soberanía antes de tomar decisiones nacionales que afectan a sus ciudadanos?

• ¿Se puede llamar democrático a un sistema donde a los Gobiernos se les obliga desde unos supuestos mercados a imponer políticas que van en contra del interés de las sociedades que gobiernan y de sus propios ciudadanos?

• ¿Se puede llamar democrático un sistema donde un Gobierno ocultó a los ciudadanos sus verdaderas intenciones políticas en la campaña electoral, se presentó con un programa electoral y lo incumple sistemáticamente desde que es elegido?

Hay que reaccionar, si queremos que la democracia siga siendo factible en el presente y el futuro denuestras vidas, y no estemos ante democracias sin elección donde poderes no democráticos son los que deciden.Tenemos que ser beligerantes en la defensa de la política como servicio público. En la defensa de la política al servicio de unos ciudadanos que cada vez tienen que participar y decidir más.

En este contexto, hay que avanzar en normas específicas que hagan viable la democracia como sistema político en el presente y en el futuro. En este sentido, a la lista realizada por Robert Dahl, sobre condiciones mínimas que deben hallarse presentes para que exista la democracia política moderna, añadiría el concepto de ‘Cumplimiento legal democrático’.

El ‘cumplimiento legal democrático’ consistiría en un apartado obligatorio legal del programa electoral de cualquier partido que se presenta a las elecciones. En él aparecerían los compromisos que ese partido considera estratégicos y que va a realizar si obtiene la confianza de los ciudadanos. El partido político decide libremente qué pone en ese apartado de obligado cumplimiento y el elector, más allá de los mítines y las bonitas palabras de campaña, puede ver qué es lo que cada partido se compromete a realizar o cuáles son sus objetivos. Si ponen Sanidad universal y gratuita no podrán llegar al Gobierno y recortarla.

Si se gobierna, habría que cumplir de manera obligatoria esta parte, tanto si es una propuesta concreta como un valor genérico. Es cierto que la realidad es cambiante. Pues bien, si se producen cambios de coyuntura que tuvieran que dar lugar a la realización de políticas contrarias a las que aparecen en el apartado de ‘cumplimiento legal democrático’, sería obligatorio que ese cambio fuera validado por un referéndum vinculante de los electores. De no hacerse, y llevarse a cabo ese cambio de políticas, podrían ser llevadas estas actuaciones ante el Tribunal Constitucional para su dictamen en un periodo de tasa de resolución. Y en paralelo, podrían ser fuente ante la justicia de responsabilidades legales.

Los ciudadanos podrían elegir mejor a sus gobiernos, los partidos políticos decidirían qué hacen o qué no hacen sin posibilidad de engañar a los electores, y la democracia como ideal civilizatorio se fortalecería.