Alguno intentará enmendar la declaración. Pero lo que es evidente es que lo que ha ocurrido no es una equivocación. Es lo que piensa un miembro del Gobierno de España, que hace escasamente dos meses también expresaba su opinión contraria a los matrimonios de personas del mismo sexo en términos de derecho natural y pervivencia de la especie. Sí, pervivencia de la especie por encima del principio de igualdad de todas las personas ante la ley: “Si nos oponemos al matrimonio entre personas del mismo sexo, no podemos usar argumentos confesionales. Existen argumentos racionales que dicen que ese matrimonio no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural. La pervivencia de la especie, por ejemplo, no estaría garantizada”.

Estas declaraciones, junto a otras, como la intervención de la diputada del PP en el Congreso donde afirmó que la mayoría de los abortos que tienen lugar en España se registran entre las mujeres con menos formación. O la modificación de la Ley del Aborto que pretende realizar Gallardón, obligando al sufrimiento y a la vuelta a una España en blanco y negro pero teñida del rojo de los abortos clandestinos, son un nuevo ejemplo de como la derecha de este país, al dictado de la jerarquía católica, aprovecha una mayoría absoluta coyuntural en el Congreso de los Diputados para modificar las normas de convivencia que nos dimos con la Constitución del año 78.

Ese es el verdadero motivo, no es como puede pensar algún bien intencionado una cortina de humo para distraer a la opinión pública en un momento de grave recesión, paro y recorte de derechos, fruto de las políticas de un Gobierno del PP que se encuentra noqueado. Es la voluntad de imponer los valores y las creencias de una minoría, atentando contra el parecer y la libertad de la mayoría de la sociedad española.

Si, de una minoría, porque por ejemplo, la eliminación de poder interrumpir el embarazo voluntariamente por malformación grave del feto, que pretende imponer Gallardón y Rajoy, es rechazada por la inmensa mayoría de la población, incluidos los votantes del PP (dos de cada tres) y los que se autodenominan católicos (el 64 por ciento).

Quieren arrebatar a la mujer la libre decisión de ser o no madre, y cuando y en qué condiciones serlo. Cuando la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en Pekín en 1995 reconoció que “los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia”.

Quieren imponer una decisión vital tan importante sin respetar el parecer de la mujer. Cuando, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1607/2008, reafirmó que la decisión última de recurrir o no a un aborto corresponde a la mujer interesada y, exhortaba a los Estados miembros a despenalizar el aborto dentro de unos plazos de gestación razonables.

Quieren volver a encerrar el derecho a la igualdad y sacar a pasear de nuevo, por las calles y las vidas de las españolas, la discriminación por razón de sexo.

Ante este ataque frontal a la convivencia, a la dignidad y a la libertad, en una sociedad democrática como la española, hay que responder con la misma contundencia y claridad. Hay que pararles. Los poderes públicos no pueden interferir en una decisión que es personal. Aunque deben, como dice la ley, establecer las condiciones para que se adopte de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información.

Hay que movilizarse, si queremos que en España siga vigente la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Quiero vivir en una sociedad donde sea efectivo y real el artículo 3 de esa ley:

1. En el ejercicio de sus derechos de libertad, intimidad y autonomía personal, todas las personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes.

2. Se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida.

3. Nadie será discriminado en el acceso a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley por motivos de origen racial o étnico, religión, convicción u opinión, sexo, discapacidad, orientación sexual, edad, estado civil, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

4. Los poderes públicos, de conformidad con sus respectivas competencias, llevarán a cabo las prestaciones y demás obligaciones que establece la presente Ley en garantía de la salud sexual y reproductiva.

La pesadilla de los abortos clandestinos que ponían en riesgo la salud y la vida de muchas mujeres pertenece a las páginas oscuras de nuestra historia. Que se queden allí, porque ni la mujer, ni la dignidad, ni la libertad pueden volver a perder.