Hemos visto al alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, pidiendo más deuda para hacer frente a una inmensa deuda que deja en herencia a los madrileños. No se salva ningún ayuntamiento ni ninguna administración de tener una deuda galopante, pero los ayuntamiento y comunidades gestionadas estos años por el PP se llevan el premio a los “más endeudados, con mayores sobrecostes, más despilfarro y obras de dudosa rentabilidad”: son Madrid y Valencia, tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos de la capital. Y los cuatro parámetros (deuda, sobrecoste, despilfarro e inutilidad) tienen relación entre ellos; de la misma forma que no sorprende que sea también donde aparece, bajo la alfombra, los casos de corrupción y de estrecha vinculación de cohecho y favores entre empresarios y políticos. Cuando se maneja tanto dinero, con tanta ligereza, sin correcta fiscalización ni transparencia, sin justificación detallada de los gastos, puede ocurrir cualquier cosa; ahora bien, lo que ha ocurrido es que se han vaciado las arcas públicas, que no hay dinero ni para pagar la luz o la limpieza, que se deben inmensidad de facturas a empresas y autónomos, que se han deteriorado los servicios públicos, y que se han hipotecado las dos siguientes legislaturas (como mínimo) pagando intereses y deuda.

La deuda puede ser útil si está correctamente justificada y si tiene relación con obras necesarias de mejora de la calidad de vida. Pero ¿esto ha sido siempre así? Hay una serie de elementos que se han producido claramente nefastos y de los que debería existir responsabilidad política por mala gestión:

1) Se han adjudicado obras públicas, permitiendo posteriormente sobrecostes inauditos, en función de qué empresa las realiza. Obras con sobrecostes de hasta un 300 ó 400%, sin justificar adecuadamente que eso debe ser así. Véase el despacho de Gallardón o el Palau de les Arts de Valencia (previsto en 80 millones de euros y que lleva ya un coste, sin terminar, de unos 400).

2) Se han realizado trabajos o proyectos por parte de la Administración política, encaminados a propaganda electoral, pero no de rentabilidad social, creando incluso competencia desleal con la empresa privada. Véase los centros de ocio, parques temáticos, etc. La administración ha entrado en el terreno del negocio usando dinero público, cuando no ha podido hacer frente a sus obligaciones como colegios, sanidad, dependencia.

3) Se han creado administraciones paralelas a través de fundaciones o empresas públicas, que han duplicado y triplicado el coste de la administración. Estas empresas públicas y fundaciones han servido para contratar personal a dedo (sin oposición), desviar proyectos, eludir los controles y las fiscalizaciones, evitar la transparencia, y realizar así obras que serían dudosamente aprobadas por un parlamento democrático. Tanto en Madrid como en Valencia, la gestión política ya no está en manos públicas ni bajo la supervisión del funcionario y técnico de la administración, sino que mayoritariamente recae en personal contratado por el poder político directamente.

4) Se ha priorizado la “imagen, el fasto, la grandeza, la espectacularidad” sin medir el coste. Véase los JJOO de Madrid o los innumerables eventos deportivos de Valencia, como Fórmula 1 o Copa de la América o similar. ¡Todo está muy bien! Salvo cuando cuesta un ojo de la cara y también el otro. La Fórmula 1 era gratis en la Comunidad Valenciana, pero como no ha sido rentable para la empresa privada (empresa creada exclusivamente con amigos del PP, entre ellos el yerno de Aznar), el coste lo ha asumido las arcas públicas. Imposible de saber cuánto; sólo un dato: 90 millones euros al año por el canon a Eccleston (hay otros lugares que reciben dinero por ello, en lugar de pagar).

En definitiva, detrás de la deuda pública hay evidentemente proyectos necesarios e imprescindibles que mejoran ciudades y que hay que pagar en varias generaciones, pues su uso y beneficio también se comparte con las generaciones venideras.

Pero, detrás de la deuda, hay mucho de: faraónico, demagógico, electoral, personalismo del político, interés partidista y personal, despilfarro, sobrecostes, obras innecesarias, …. Y hoy no han servido para parar las consecuencias desastrosas de la crisis con el crecimiento del desempleo. Pero mañana tendremos que pagarlo todos nosotros porque algunos políticos han gestionado sin pudor, ni prudencia, ni control, ni decencia.

La crisis también ha puesto en cuestión un modo de gobernar vacuo, ineficaz e irresponsable.