Son por lo tanto en terrenos diferentes, ideologías y agravios distintos los que se ventilan. Pero la emoción de tantos ciudadanos y, sobre todo, de la opinión internacional, vincula los dos acontecimientos. El acoso al juez Garzón y la acusación por querer someter ante la Justicia de nuestro país los crímenes que sólo los revisionistas niegan, y que de cometerse hoy serían llevados ante el Tribunal Internacional de La Haya, se entienden fuera de nuestras fronteras como el resurgimiento de algo que se pensaba definitivamente alejado: el Franquismo y, con él, los tradicionales pecados de España. Por ello, se puede comparar el «Asunto Garzón» con «L’Affaire Dreyfus». En sus consecuencias demoledoras para las Instituciones nacionales, y en este caso, más allá de la institución jurídica, para la propia democracia. También en la colusión de intereses de orígenes muy diferentes: desde la voluntad de defender la memoria malparada del Generalísimo, hasta la ocultación de pruebas en el asunto más grave de corrupción que haya conocido nuestra democracia, sin olvidar las posibles rivalidades internas entre jueces. Las últimas declaraciones de los jerarcas del PP, que tratan de ocultar la corrupción de sus miembros con un ataque increíble en cualquier país de Europa contra los sindicatos o los ciudadanos que manifiestan su opinión sobre un tema de tal trascendencia, demuestran la gravedad de la situación. Y esto en vísperas de la sanción del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. ¿Es que nos estamos volviendo locos?

Cuando tantos ciudadanos sufren de los efectos de la crisis mundial, cuando los problemas sociales y económicos arrecian, cuando una reciente reunión internacional pone a la vista de todos los peligros del terrorismo nuclear, nuestra Justicia se deleita con acusaciones «sumarísimas» (es el término escogido), altera la serenidad de la sociedad, se burla del dolor de las víctimas del Franquismo y nos devuelve a comportamientos de tiempos pasados y malditos.

Atacar la Institución judicial cuando comete atropellos no es antidemocrático. La democracia es el «Poder del Pueblo». Así lo marca nuestra Constitución. Y ella no establece que nadie sea irresponsable, inviolable ante el derecho de expresión. Un juez no puede vivir en una torre de marfil dictando «su» verdad. Si se equivoca debe responder de sus actos.

Tuve un maestro en Pediatría, el Profesor Andre Bardier, que, para inculcarme los limites del poder del medico, me decía: «No olvide nunca, Martínez, que es preferible que le condene un médico a que le condene un juez». Le sobraba razón.