Pero además, este Gobierno ha entrado en una deriva totalitaria donde buscan, mediante el miedo y el castigo, que los ciudadanos no hagan efectivos sus derechos de opinión y manifestación entre otros. Sin entrar, por supuesto, en el fondo de las cuestiones que llevan a la población a reivindicar distintas cuestiones que consideran de justicia en la calle.

¿Cómo hacerlo? Modificando, entre otras, la ley de seguridad ciudadana, que califican de necesaria, conveniente y oportuna, cuando de verdad lo que pretenden es volver a la franquista ley de orden público de 1959.

Hablan de la necesidad de impulsar una nueva ley de seguridad ciudadana debido a la reforma del Código Penal.Y aquí comienzan las contradicciones del PP en el Gobierno. Si según ha declarado el Director General de la Policía, «hay una mejora de la seguridad objetiva y subjetiva” y “en absoluto la Ley de Seguridad Ciudadana responde a una demanda ciudadana. Todo lo contrario», ¿Por qué se cambia? ¿Por qué se impone? Pues para reducir espacios democráticos.

La finalidad de la modificación de la ley de seguridad ciudadana es represora y paralizante de la movilización mediante el miedo. Un ejemplo evidente es la compra de un camión-botijo, que lanzará chorros de agua en las manifestaciones, al precio de 493.680 euros. Por cierto, un tipo de camión que dejó de utilizarse hace más de veinte años en nuestro país y que recuerda las imágenes del golpe de Pinochet en Chile.

Hablan de la conveniencia de impulsar una nueva ley de seguridad ciudadana porque la protección de la seguridad ciudadana debe estar basada en el principio de proporcionalidad y porque se han producido cambios sociales y tecnológicos en España. ¿Es proporcional multar con hasta 30.000 euros a ciudadanos que protesten por los desahucios, o que se reúnan frente al Congreso cuando no esté reunida la cámara, o que vayan a un acto electoral a quejarse, o que coloquen una pancarta en un edificio público sin autorización, defendiendo derechos como la Sanidad, la Educación o las Pensiones? Proporcionalidad poca, pero castigo legal, a quien no opina o comparte la actuación del Gobierno, mucho.

Hablan de la oportunidad de impulsar una nueva ley de seguridad ciudadana, porque como “el derecho de manifestación se ha ejercido ampliamente en los dos primeros años de esta Legislatura, nos encontramos en el momento adecuado para impulsar una Ley que permitirá que queden mejor afianzados los derechos y libertades públicos, garantizando mejor la seguridad ciudadana e impidiendo la aparición de conductas ilegales, violentas y vandálicas”. Esa es la versión oficial, que va acompañada de declaraciones del director general de la Policía, donde dice textualmente: “el comportamiento de los manifestantes en las protestas es ejemplar en la mayoría de los casos”; “Nunca en España hemos tenido un mayor número de manifestaciones y una menor necesidad de acción de las fuerzas policiales como en estos momentos”.

Esta versión amable contrasta con el texto aprobado, donde el miedo del Gobierno a los SMS les lleva a calificar de infracción muy grave, con multa de hasta 600.000 euros, la convocatoria por cualquier medio o asistencia a cualquier reunión o manifestación, con finalidad coactiva e inobservancia de los requisitos previstos en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, desde que, conforme a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, haya finalizado la campaña electoral hasta la finalización del día de la elección. Ponen de rodillas la libertad con su falso recuerdo de pasadas campañas electorales donde perdieron las elecciones por mentir a los ciudadanos, no porque estos ciudadanos se mostraran indignados en las calles por esas mentiras.

Se pueden poner muchos ejemplos, pero el resumen es que el sentido de la responsabilidad y del respeto a la convivencia por parte de los ciudadanos, que destaca el propio Gobierno del PP en sus declaraciones públicas antes de imponer la represión política y la sanción económica, tiene que llevar a conseguir una mayoría social que siga movilizándose y se transforme en una mayoría electoral que blinde derechos, y modifique este nuevo atropello, que lo que persigue es hacernos, día a día, menos ciudadanos y más súbditos.