En Suiza, los referéndums son un elemento esencial de la democracia directa, y cuatro veces al año, se celebran votaciones sobre los temas más dispares. Concretamente, el pasado domingo tuvieron lugar votaciones sobre varias cuestiones.

La primera, y más destacada por los medios de comunicación, fue la iniciativa propuesta por una organización sindical de realizar un referéndum sobre la ampliación de las vacaciones anuales de cuatro semanas a seis. La segunda fue la limitación al 20% de las residencias secundarias en las comunas, algo aplicable a las estaciones de esquí donde hay enormes edificios de apartamentos vacacionales. Y otra, en Zúrich, planteaba a los ciudadanos decidir sobre si habilitar una espacio para prostitutas, abierto de 19.00 a 5.00 de la mañana, y donde las prostitutas y los clientes pudieran moverse libremente, con más seguridad y abandonando del centro de la ciudad.

Más allá de los resultados de las votaciones (en el caso de aumentar las vacaciones dos semanas votaron en contra y en Zúricha favor de dar un espacio para las prostitutas, cuya actividad es legal) el referéndum es un elemento de gran utilidad democrática. Y podemos afirmar que también una de las asignaturas pendientes del normal funcionamiento de la democracia española, que debe utilizarlo más, aunque no lleguemos a los extremos de la tradición suiza.

¿Por qué? Por tres motivos principalmente. El primero es que en sociedades donde los ciudadanos están poco informados sobre las cuestiones políticas, la realización de un referéndum puede ser una oportunidad clave a la hora de difundir las diferentes opciones entre los ciudadanos, que una vez informados pueden decidir libremente.

La segunda, es que con la celebración de un referéndum se consigue un plus de legitimidad al contar con la aprobación expresa y manifestada de los ciudadanos, a través de su voto directo, en decisiones que la comunidad considera transcendentes. En el caso español, el último que se celebró y que tuvo gran impacto, no solo en España sino en toda Europa, fue el realizado con ocasión de la ratificación de la Constitución Europea.

En tercer lugar, porque el referéndum también puede servir para ejercer por parte de la ciudadanía una labor de control al Gobierno elegido democráticamente en cuestiones centrales de la vida política, económica o social de esa comunidad.

En este caso, es importante que en nuestro país se regule de manera más amplia la realización de referéndum en otros ámbitos que no sea el estatal. Me refiero fundamentalmente al autonómico en materias de su competencia y, abriendo de manera decidida la posibilidad de petición popular de los mismos, cumpliendo una serie de requisitos que los haga posibles, tanto en su vertiente consultiva como obligatoria.

Siendo conscientes de la imposibilidad de efectuar referéndum todos los días, en la Comunidad de Madrid sería necesaria la realización de un referéndum vinculante sobre el deseo de Esperanza Aguirre y el PP de privatizar el Canal de Isabel II, es decir, de privatizar el agua de los madrileños cuando es una empresa que en el año 2009 obtuvo unos beneficios de 151 millones de euros. Y más, cuando en las calles de toda la región se ha realizado una consulta popular, organizada por colectivos ciudadanos, donde han participado más de ciento setenta mil personas.