Todo parece indicar que el gobierno quiere ganar tiempo esperando que la situación económica mejore en el contexto internacional y que la UE modifique, cuando menos parcialmente, el ajuste para hacer frente a los problemas derivados del déficit y la deuda, de acuerdo con la posición más intervencionista que defiende actualmente el presidente Obama. Sin embargo, no es ese cambio lo que aparece en el horizonte más próximo sino, más bien, todo lo contrario, como se ha puesto de manifiesto en la reunión del G-20 y en las últimas decisiones de la UE; política que se ve reforzada por las dificultades financieras y la penalización de la deuda que recaen en países como Irlanda, Portugal y, en menor medida, en otros países, incluido España.

En el plano político y una vez reducido el efecto mediático producido por el cambio de gobierno se está a la espera de los resultados que se produzcan en Cataluña que, previsiblemente, serán muy negativos para el tripartito y particularmente para el partido socialista de Cataluña (PSOE), que puede perder incluso la presidencia de la Generalitat.

En la práctica, esa espera significa que los resultados políticos y electorales van a pesar más en la decisión que tome el gobierno que la presión que puedan hacer los sindicatos en los últimos días del año (movilizaciones convocadas para el 15 y 18 de diciembre) y en la próxima primavera en torno a la negociación de los convenios para el año 2011. Por eso, los resultados de Cataluña y, si llega el caso, de las próximas elecciones municipales y de las que se celebren en 13 CCAA (mes de mayo) aparecen como decisivos en la búsqueda de acuerdos entre el gobierno y los sindicatos y, por lo tanto, en el horizonte político que se vislumbre de cara a las elecciones generales del año 2012.

El gobierno en esta situación trabaja con la hipótesis de que no se producirán movilizaciones incontroladas como ha ocurrido en Francia y en Inglaterra, a pesar de los desalentadores datos relacionados con el empleo, sobre todo el de los jóvenes, lo que requerirá, cuando menos, mantener la actual prestación por desempleo. Cuenta para ello con que la situación en España es diferente- en cuanto a la capacidad de movilización de los jóvenes- y que las familias en nuestro país siguen haciendo de colchón social para minimizar los problemas sociales que atraviesan los jóvenes sin empleo. Esperemos que este análisis sea acertado; sin embargo, todo puede ocurrir si se vuelven a tomar nuevas medidas de ajuste que, al día de hoy, el gobierno no descarta (plan B).

Los últimos datos de la encuesta de población activa (EPA) relativos al tercer trimestre de 2010- junto a los datos de paro registrado del mes de octubre- confirman la impresión negativa sobre el previsible comportamiento del desempleo en los próximos meses: el paro se ha duplicado en los dos últimos años y alcanza a 4.574.700 personas (19,8%) lo que representa un aumento respecto al trimestre del año anterior de 437.200 desempleados más. Incluso, el propio gobierno reconoce que a corto plazo no se va a crear empleo confirmando que, sin crecimiento de la economía (por encima del 2%), no hay empleo posible a pesar de las buenas intenciones que pueda tener la “agenda social” aprobada por el PSOE (políticas activas de empleo; igualdad de oportunidades; conciliación de la vida personal y laboral; y economía sostenible) para resolver este problema.

No debemos olvidar que en la exposición de motivos de la reforma laboral en vigor ya se contempla- sin ningún fundamento- que su principal justificación es la creación de empleo y, en segundo lugar, la resolución de los problemas derivados de la precariedad de nuestro mercado de trabajo (dualidad), sin ningún resultado práctico como se viene denunciando con reiteración.

Los datos globales de desempleo son profundamente negativos como se ha señalado- sobre todo si se comparan con los datos de la UE y de la OCDE- y se establecen en torno al doble de la media de la UE. Sin embargo, el paro juvenil es mucho más desalentador y preocupante (40,7% para menores de 25 años), junto a los datos de precariedad de nuestro mercado de trabajo (la tasa de temporalidad alcanza al 83,81% de los jóvenes comprendidos en el tramo de 16 a 19 años y al 65% de los jóvenes menores de 25 años).

Efectivamente, la situación de los jóvenes entre 16 y 35 años está marcada por un alto índice de desempleo, alta temporalidad y rotación en el empleo, largas jornadas de trabajo, bajos salarios, altos índices de siniestralidad, lenta incorporación al mercado de trabajo (la mitad de los jóvenes entre 16 y 34 años tardó más de un año en encontrar un empleo al finalizar sus estudios en el año 2009) y, por lo tanto, con escasas cotizaciones a la seguridad social para conformar una pensión de jubilación suficiente. Las consecuencias negativas en el orden social y económico son de gran relevancia e impiden que los jóvenes alcancen una autonomía económica real -por ejemplo acceso a la vivienda- y en consecuencia una independencia en igualdad de condiciones a las del resto de los ciudadanos (más de dos de cada tres jóvenes de menos de 30 años todavía viven con sus padres- en Francia sólo un 18% de menores de 25 años- a pesar de que el 80% desearía vivir de forma independiente). Además de estar presionados por patrones consumistas y ser víctimas de una desmovilización social generalizada.

A pesar de estas consideraciones, estamos frente a la generación mejor preparada de la historia (elevado número de titulados pero, al mismo tiempo, elevado número de personas con sólo una educación obligatoria). Sin embargo, en los años de bonanza económica una parte significativa abandonaron los estudios al encontrar fácilmente un empleo (del año 2000 al 2008 se perdieron más de 150.000 alumnos universitarios), por lo que en estos momentos se encuentran poco cualificados y, lo que es peor, sin empleo y a falta de reciclaje profesional. Por eso, muchos de ellos se están viendo obligados a volver a las aulas para mejorar su preparación, con el propósito de encontrar más fácilmente un empleo.

La reforma laboral no sólo no resolverá estos problemas sino que los puede agravar: mantiene múltiples tipos de contratos temporales y no potencia la contratación indefinida. Además, los empresarios seguirán disponiendo de mano de obra barata y será más fácil endurecer las condiciones de trabajo, así como disponer de la prestación de servicios sin relación laboral (becarios).

Por otra parte, no debemos olvidar que el desempleo representa un despilfarro económico y agrava la situación económica al repercutir muy negativamente en el déficit público y en el pago de la deuda, porque reduce los ingresos fiscales y los de la seguridad social. Los porcentajes actuales resultan también verdaderamente escandalosos en términos sociales y no resisten la comparación con los países de la UE, que no entienden ni comprenden por qué no se producen movilizaciones sociales a tenor de las cifras que se manejan. Y, sin embargo, resolver este problema es incompatible con las políticas de la UE- encaminadas a reducir el déficit y la deuda- presionadas por los bancos de Alemania y en menor medida de Francia que exigen garantías sobre el cobro de la deuda.

Por otra parte, una elemental reflexión determina que una política de estas características es impensable que se hubiera podido tomar por Alemania y Francia con porcentajes de desempleo en torno al 20%, como ocurre en nuestro país. Por eso resulta incomprensible que el gobierno siga al pie de la letra las políticas de ajuste de la UE (sin corrección ni matización posible y sin abordar- pudiendo hacerlo porque la UE no lo prohíbe- el capítulo de los ingresos fiscales), lo que agravará más la situación de desempleo en nuestro país.

Atacar el problema del desempleo requiere, en primer lugar, voluntad y decisión política y, en segundo lugar, el concurso de todos (incluida la oposición), por eso el gobierno debe ser sensible a las reivindicaciones de los sindicatos (los más interesados en resolver este problema) y debe actuar en coherencia con sus planteamientos- que no dejan de ser moderados-, lo que requiere un cambio de la política económica, además de garantizar las prestaciones sociales a los desempleados mientras dure la crisis.

Resulta evidente que los recortes salariales en las administraciones públicas y empresas, así como la congelación de las pensiones- junto al fuerte recorte de la inversión pública (presupuestos)-, no ayudarán a crear puestos de trabajo; por eso, entre otras cosas, es necesario incentivar la demanda interna y el consumo manteniendo, en el peor de los casos, el poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones, imprescindible para recuperar el crecimiento de la economía y, por lo tanto, el empleo.

Tampoco la reforma laboral resolverá este problema como se está demostrando; además esta reforma resulta incompatible con la búsqueda de un nuevo modelo productivo más sostenible y competitivo- el modelo actual es el causante de la actual situación-, que nos ayude a salir de la crisis equiparándonos con los países más avanzados de la Unión.

Otras medidas necesarias se refieren a la reforma del sistema financiero (inmovilizado del ladrillo) y a la reforma fiscal (el actual sistema fiscal no nos sirve para la crisis: resulta insuficiente, injusto, y permisivo con el fraude fiscal), que deben garantizar, por una parte, la canalización de crédito a familias y empresas y, por otra, mayores ingresos fiscales para sanear nuestras cuentas públicas, además de impulsar decididamente la salida de la crisis.

Sólo nos queda reafirmar, desde los postulados socialdemócratas -ausentes en esta crisis a pesar de que la solución no está en la derecha-, que otra política es posible como alternativa a la que se está llevando a cabo porque, digámoslo claramente: si nuestra máxima preocupación es actuar para reducir el déficit y la deuda pública, el problema del desempleo desgraciadamente no tiene solución a corto y medio plazo y ello, todos lo sabemos, tiene consecuencias políticas y sociales.