Quizás el debate más de fondo está relacionado con la defensa encendida de lo público que conlleva la extraordinaria respuesta social frente al asalto privado a la sanidad de todos. La intentona privatizadora ha estado basada en dos argumentos: el supuesto gasto público insostenible de la prestación sanitaria, especialmente en tiempos de crisis; y la supuesta ventaja del servicio privado en la garantía de eficiencia.
En realidad, ambos argumentos son falsos. Según datos del Banco Mundial, España dedicó al gasto sanitario total en el año 2012 un 9,3% de su PIB, por debajo de la media de la OCDE y lejos de países como EE.UU. (17%), Canadá (11,2%) o Francia (11,6%). La sanidad pública española está muy bien valorada por la población y resulta barata. La eficiencia del sistema público se demuestra también al comparar el número de médicos por cama (tres veces superior al de la sanidad privada), enfermeros (2,5 veces más) o auxiliares (el doble).
Las razones para defender la gestión pública de la prestación sanitaria pueden ser de carácter ideológico, porque lo público asegura la igualdad; o bien de orden político, porque la cobertura pública universal legitima la propia democracia; e incluso de naturaleza económica, porque está demostrado empíricamente que las sociedades más cohesionadas y seguras son también las más competitivas.
De hecho, la propia teoría económica ha defendido tradicionalmente la titularidad y la gestión por parte del Estado de aquellos bienes que han de ser considerados públicos, porque son de oferta necesariamente colectiva (como la justicia o la defensa), así como de los bienes llamados preferentes, porque implican externalidades de aprovechamiento general (como la educación, la sanidad, las pensiones, el seguro de desempleo o determinados servicios de transporte).
Solo la titularidad y la gestión pública de los bienes públicos y preferentes aseguran la ausencia de discriminación en su acceso. Dicho de otro modo: la garantía de los derechos y las libertades que consideramos inherentes al carácter democrático de una sociedad obliga a excepcionar la asignación por parte del mercado de determinados bienes y servicios esenciales.
¿Por qué entonces se orquestan las estrategias de la privatización sobre bienes como la salud colectiva? Porque hay ideologías e intereses que contravienen el principio democrático y el interés general desde la aversión a la igualdad y desde la voluntad de hacer negocio a costa de todo. Antón Losada, en su magnífico libro “Piratas de lo público”, describe perfectamente “el abordaje en 3D a la sanidad pública”: primero se deteriora conscientemente lo público negándole los recursos imprescindibles; después se descapitaliza y se desprestigia la calidad de su servicio con mentiras relativas a su “insostenibilidad” o “ineficiencia”; y finalmente se desmonta el sistema público para entregarlo al negocio privado.
Tony Judt, no obstante, ya alertó del paralelismo a tener en cuenta entre el derrumbe del muro comunista en los ochenta y el derrumbe del muro capitalista en los dos mil. Si con la caída del muro de Berlín se pretendió demostrar las limitaciones del Estado para producir bienes públicos, con la caída del muro de Wall Street se demostró la incapacidad del mercado para producir eficientemente determinados bienes privados. En consecuencia, la izquierda ha contado siempre con argumentos para defender la gestión estatal de los bienes públicos y preferentes, y ahora tras la gran crisis financiera tiene también argumentos para defender la gestión pública de algunos bienes privados con gran repercusión general, como las finanzas, por ejemplo.
Conclusión: la izquierda ha de defender lo público con convicción y firmeza, porque la gestión pública de los bienes más relevantes para el interés colectivo legitima la democracia y la propia economía de mercado. Pero la izquierda debe ser valiente para plantear en paralelo una fiscalidad suficiente y justa que financie adecuadamente aquella gestión. Y ha de comprometerse a administrar lo público desde la máxima eficiencia y transparencia posibles.
Privatizar no es moderno. Es tan viejo como la codicia.
