Sin duda, lo más relevante de este adelanto de Ruiz-Gallardón es que se vaya a privar a las mujeres de la capacidad de decidir sobre su maternidad, algo tan íntimo e intransferible. Porque, en efecto, la vuelta a la ley de 1985 significa el retroceso a la minoría de edad de las mujeres, dependientes de decisiones ajenas y obligadas, casi por norma, a mentir. Sin embargo, algo tan serio para una mujer como es enfrentar el grave problema de tener que verse en la dificilísima situación de abortar, después de tomar una estricta decisión personal en ese sentido, lo que más necesita es respeto, y no interferencias paralegislativas y sentidas proclamaciones de defensa de la vida. Y es que cualquier aproximación que se quiera hacer con rigor a este tema tiene que partir del supuesto de que el aborto es un acto traumático, que ninguna mujer –estoy absolutamente seguro– querría tener que llegar a realizar en su vida; y esa es una realidad tan tozuda que ningún legislador responsable puede desconocer. Por esto mismo, el progresivo tratamiento jurídico-legal del aborto tiene que ir alejándose de su contemplación penal, es decir, de una visión exclusivamente represiva que define como delito cualquier supuesto de aborto provocado, para reforzar preventivamente ese acto individual que encierra la interrupción voluntaria del embarazo.

En efecto, lo que se hizo fue exclusivamente sustituir el sistema de indicaciones incorporado al Código Penal de 1973 –a través de la Ley Orgánica 9/1985– por el sistema de plazos, es decir que se va a mantener el presupuesto básico de la protección penal de la vida humana en formación, estableciendo, al mismo tiempo, los criterios legales concretos de no punibilidad del aborto. Y es que hablar, como hizo Gallardón, de los supuestos «de inexistencia de reproche penal» en caso de aborto es una retórica expresión que no obstante puede conducir a la persecución penal de las que aborten.

El debate sobre el aborto se intenta nuevamente así, situar siempre, desde la perspectiva jurídica más tradicional, en el problema de determinar el momento en que el feto, una vez concebido, sea por medio natural o in vitro, comenzaba a ser humano; de ahí la insólita proclamación de progresismo del ministro en defensa del derecho a la vida. Pues bien, en este terreno hasta los juristas más santos de la historia han sido prudentes: San Agustín sostenía así que no comenzaba hasta después de 40 días de embarazo y Santo Tomás de Aquino estaba en la misma línea. Hoy en día, el punto de referencia está en el artículo 15 de la Constitución: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral…”. Nuestro Derecho es claro en el sentido de que es el nacimiento lo que determina la personalidad y que al concebido se le tiene por nacido, “para todos los efectos que le sean favorables”, siempre que el feto tuviera forma humana y viviese 24 horas enteramente desprendido del seno materno (artículos 29 y 30 del Código Civil ). El hecho de que el “nasciturus”, es decir, el concebido y no nacido, pueda alcanzar la personalidad con el cumplimiento de esas condiciones no implica en modo alguno un reconocimiento a efectos jurídicos de la existencia de vida en el feto desde el mismo momento de la concepción, sino que pone de relieve que es precisamente el “nasciturus” el bien constitucionalmente protegido por el artículo 15 de nuestra norma fundamental, como señaló el Tribunal Constitucional en su conocida sentencia del año 1985.

Porque una cosa es que la vida humana en gestación sea por tanto un valor a proteger jurídicamente –como de hecho ya está– y otra distinta que el “nasciturus” tenga derecho a nacer, ya que, como he dicho, únicamente la persona es sujeto de derecho, y lo que determina la personalidad -en el caso que hablamos de la persona física- es el nacimiento. Por consiguiente, no se puede plantear la cuestión, como algunos pretenden, entre una colisión del derecho a la vida y un hipotético derecho de abortar que conferiría a la mujer la nueva Ley en proyecto. Tan irreal puede ser ese pretendido derecho a abortar como lo es sostener la hipótesis de que desde la fecundación se posee entidad de ser humano.

En una sociedad democrática avanzada, el problema del aborto sólo se puede entender si se plantea desde el reconocimiento y el favorecimiento legal para que las mujeres puedan decidir y no desde la amenaza del castigo. La función de la Ley es así establecer los medios para que la mujer, único sujeto directamente interesado, pueda ejercer libremente esta capacidad de decidir interrumpir, o no, voluntariamente un embarazo.