En realidad, estamos ante una prolongación de la impostura. El debate sobre la conveniencia y las modalidades de una intervención militar se eterniza, en parte de forma justificada por la complejidad de las consideraciones legales, políticas y operacionales, pero también por las dudas sobre la rentabilidad de tal decisión.

UNA CALCULADA DEMORA

Una autorización de la ONU a la imposición de una zona de exclusión aérea para mantener a los aviones y helicópteros de Gadaffi en tierra es improbable, por no decir imposible, debido al veto previsible de China y Rusia en el Consejo de Seguridad. Un consenso entre los aliados de la OTAN para ejecutar la operación también parece enfrentarse a dudas y problemas que cuesta explicar a una opinión pública muy condicionada por el relato apasionado de la mayoría de los medios de comunicación, más ávidos del espectáculo de la novedad que comprometidos en la comprensión de los acontecimientos.

Así las cosas, el tiempo pasa, el régimen libio recompone sus fuerzas, aprovecha las vacilaciones occidentales y construye un discurso con opciones alternativas. Por el contrario, el bando rebelde empieza a dar muestras inequívocas de falta de recursos, de precaria preparación militar, de discrepancias políticas, de debilidad orgánica, de incapacidad para aparcar contradicciones. Y en esas, también se demora en apostar por una estrategia estable y coherente.

La dilación en la resolución de la crisis libia no es casual ni constituye una novedad en el tratamiento de este tipo de conflictos. Por el contrario, hay una metodología que, pese a la impresión externa de confusión y prolijidad, responde a la preservación de los intereses.

Occidente querría que cayera Gadaffi, pero no a cualquier precio. Occidente querría que los rebeldes se impusieran, pero no sin saber antes, y con garantías, qué piensan hacer con el país. Occidente querría que pase lo que pase, nuestros intereses queden preservados. En Libia, esos intereses son: abastecimiento garantizado del petróleo libio, freno al flujo de emigrantes con destino a las playas europeas, mantenimiento de la unidad del país por cuestiones pragmáticas y blindaje contra cualquier aprovechamiento por parte de Al Qaeda -o de otros elementos extremistas islámicos, o de fuerzas progresistas menos dóciles- de un eventual debilitamiento del nuevo poder ejecutivo.

QUE RESULTE LO QUE CONVENGA

Ése será el principio regidor de la decisión político-diplomática que se adopte en relación con una intervención militar: que nos convenga lo que resulte. Pero hay otro aspecto esencial a considerar: el precio a pagar para dar cumplimiento a lo anterior.

La administración norteamericana es perfectamente consciente de que tendrá que ser el principal contribuyente en este esfuerzo, por mucho que algunos aliados quieran salir en la foto de la resolución de la crisis, aportando elementos de fuerza de cierta -pero limitada- significación.

Quizás los que estos días han hablado más claro -en ocasiones, hasta demasiado públicamente- han sido los mandos militares del Pentágono. El entusiasmo de algunos medios y dirigentes políticos en favor del apoyo militar a los rebeldes ha sido contestado con cierta arrogancia profesional y comentarios despectivos apenas disimulados del tipo de ‘establecer una zona de exclusión aérea no es un ejercicio de video-juego’. Naturalmente, el sentido de estos comentarios y de otros más fundamentados o razonados no ha sido ridiculizar a los políticos o a los propagandistas selectivos de la causa democrática árabe, sino ajustarse a lo esencial: ¿para qué intervenir? En un análisis reciente sobre este debate, David Sanger, el titular del NEW YORK TIMES para asuntos de seguridad internacional, escribe:

«La institución militar norteamericana mantiene en privado una actitud escéptica ante gestos humanitarios que suponen riesgo para la vida de nuestras tropas en función de una causa coyuntural, mientras el interés nacional es sólo muy tenue».

Dicho de forma menos alambicada: que no merece la pena el esfuerzo. Sustituyan ‘gestos humanitarios’ por ‘exigencias propagandísticas o de imagen’ y compondremos un encuadramiento más real del debate en marcha.

Por estas razones, no debemos descartar que la demora en la decisión responda a la estrategia de forzar una rendición honorable de Gadaffi sin que sea necesario poner a volar los ‘aviones preventivos’ de la OTAN. LE MONDE da cuenta de escaramuzas diplomáticas para forzar la ‘retirada pactada’ del líder libio, que naturalmente han sido desautorizadas de forma contundente en Tripoli. La propia oposición -o sectores de ella- se apuntarían a esta salida, aunque los más vehementes mantengan el discurso de “no negociar con el dictador”.

“OBAMLET”

Obama duda, “ergo” tarda. Se lo reprochan propios y ajenos, partidarios y adversarios. Los mismos republicanos que le censuraron que dejara caer a Mubarak, le achuchan ahora con insistencia para que empuje violentamente a Gadaffi fuera de la escena internacional. Que lo mande al infierno con Saddam, si es preciso. Los suyos, incluso los que hasta ahora más en la ayuda en la tarea exterior, como el senador Kerry, también le piden más coraje, más energía, por motivaciones y con un discurso distinto. Pero no le ofrece soluciones decisivas.

Para el presidente norteamericano, no vale con hacer lo que resulta más popular. Lo que hoy puede ser aplaudido, podría resultar una pesada hipoteca mañana. Algunas facciones de los propios rebeldes libios se oponen categóricamente a la intervención extranjera (occidental), aunque con una mano rechacen y con la otra demanden.

Obama sabe, por instinto, que intervenir militarmente en un país musulmán, después de todo lo ocurrido, resulta muy arriesgado. El ruido y la atención preferente a la situación libia ha dejado en segundo plano dos hechos recientes muy molestos para Washington: la enésima masacre de civiles en Afganistán por errores de cálculo o de ejecución de las armas ciegas norteamericanas y la renovación de las ‘comisiones militares’ (tribunales fantasma) de Guantánamo.

En Afganistán, los militares exigen manos libres y gestión fría de los ‘accidentes’. Acabar el trabajo sin miramientos. El ejército norteamericano ha causado más víctimas civiles desarmadas en las áridas estepas afganas que Gadaffi estos días en sus levantiscas ciudades. Las invocaciones a tribunales internacionales para enjuiciar, castigar y reparar crímenes de guerra deberían ser más sólidas y coherentes.

En Guantánamo, Obama ha abolido formalmente la tortura, ha introducido más garantías judiciales y legales y ahora ha prometido revisar periódicamente las condiciones legales de los presos. Pero, en lo fundamental, ha asumido la ‘doctrina Bush’. Con una insana complacencia se lo restregaban destacados republicanos esta semana. Con cierto pesar, lo admitían los portavoces de las principales organizaciones cívicas de derechos humanos, que confiaban en obtener resultados más alentadores del Presidente, aunque reconocen que la clase política ha hecho todo lo posible para impedírselo.

Al negarse a que los detenidos de Guantánamo sean juzgados en los tribunales civiles de sus estados, la mayoría de los congresistas, incluidos numerosos demócratas, prefieren taparse la nariz, y seguir avalando una práctica judicial monstruosa, injusta e incluso ineficaz, con tal de que la opinión pública perciba que no se flojea con el terrorismo islamista.

En ambos escenarios de la cacareada ‘lucha contra el terror’, Obama está vendido, ciertamente, pero tampoco da muestras de la ‘rebeldía’ que vendió como candidato. Del “Yes, We can” hemos pasado al “If we can”. Del “Sí, podemos” al “si podemos…”.