Una vez más, el Presidente del Gobierno recurrió a la herencia recibida y afirmó que “sin esta política de ajuste fiscal la situación hubiera sido peor”, cosa harto difícil de demostrar sobre todo si analizamos las negativas variables macroeconómicas y las cifras de desempleo del último año. También presumió de haber evitado el rescate formal de la UE y de que “lo peor ya ha pasado”; sin embargo, todo el mundo sabe que España está de hecho intervenida -Rajoy actúa al dictado de lo que le mandan en la UE- y que las cifras macroeconómicas van a empeorar en el presente año. Finalmente, aceptó que había mentido y lo justificó diciendo que lo ha hecho porque ha tenido que “cumplir con su deber” como Presidente del Gobierno, como si eso fuera incompatible con el cumplimiento de sus promesas electorales que son, en definitiva, un contrato con los ciudadanos que no se puede violentar sino es golpeando gravemente a la democracia.

El único logro que pudo aportar Rajoy en el Debate es la reducción del déficit por cuenta corriente. Sin embargo, esta reducción se está produciendo más por la bajada de las importaciones que por el auge de las exportaciones que, por otra parte, están muy amenazadas por la revalorización del euro y por las declaraciones de la señora Merkel: “Necesitamos un euro fuerte, aunque de ello se derive que los sacrificios de los países del Sur se derritan como la nieve bajo el sol”; todo ello como consecuencia de la guerra de divisas abierta entre las potencias mundiales. ¿Cómo es posible que después del sufrimiento de los más débiles y del número creciente de desempleados se puedan hacer estas declaraciones intolerables, sin considerarlas como una auténtica provocación? ¿Cómo es posible que tengamos que convivir en la UE con estas políticas que están consumando un auténtico saqueo? Hasta ahora Europa era la solución; en estos momentos nada indica que lo siga siendo para una buena parte de los ciudadanos, como se ha puesto de manifiesto en Italia.

El anuncio de la corrección del déficit (6,7% del PIB) -aunque resulta un avance- ni siquiera cumple con las exigencias de Bruselas; además, este porcentaje no contempla las ayudas públicas a la banca que, finalmente, deberemos pagar todos los contribuyentes -lo que elevaría el déficit por encima del 10% del PIB-, sin ninguna garantía de que mejore el crédito a familias y empresas como se está demostrando.

Por otra parte, los pronósticos optimistas de Rajoy sobre la recuperación económica a finales del presente año han sido rápidamente desmontados por la UE, que ha anunciado la continuidad de la recesión en los próximos trimestres (la economía caerá en torno al 1,4% del PIB en el presente año) y, en todo caso, el aumento del desempleo en el presente año. Una prueba fehaciente de esta aseveración se refiere a la caída del consumo del combustible: desde el pasado verano ha sufrido la mayor caída de su historia, según José Carlos Díez (Intermoney) y todo indica que continuará siendo así en los próximos meses.

Rajoy, a pesar de sus reiteradas apelaciones a la creación de empleo, no ofreció ninguna alternativa relacionada con el crecimiento económico -hipotecado por las políticas de austeridad de la UE y el reciente acuerdo presupuestario que reduce su cuantía en relación con el anterior- que resulta imprescindible para generar puestos de trabajo. Lo mismo podemos decir de la defensa a ultranza de la reforma laboral que está resultando nefasta para los salarios, facilita los despidos y la presentación de expedientes de regulación de empleo y golpea a la negociación colectiva que está dejando en estos momentos fuera de los convenios a más de dos millones de trabajadores.

De políticas activas de empleo, nuevos yacimientos de empleo (verdes, sociales, tecnológicos…), de la formación e inserción de los trabajadores, de la reforma de las oficinas públicas de empleo (sin ninguna función en la intermediación y recolocación de trabajadores) y de abrir un debate sobre el reparto del trabajo existente nada ha propuesto el Gobierno. Tampoco el Gobierno mira hacia el futuro y prepara al país para el momento en que se produzca la salida de la crisis, lo que requiere apostar decididamente por el cambio de nuestro obsoleto modelo productivo, basado en la atomización empresarial, la intensificación del trabajo, la baja productividad, los bajos salarios, la precariedad del trabajo y la escasa cualificación profesional.

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (un nuevo plan de empleo juvenil) vuelve a basar su lucha contra el paro juvenil en la total precariedad de los contratos temporales para jóvenes menores de 30 años (se concatenan los contratos en prácticas y de formación y se consolida un mercado de trabajo dual), en los bajísimos salarios, en los incentivos fiscales y bonificaciones a la seguridad social y en la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal puedan suscribir también contratos de formación y aprendizaje (prohibido hasta ahora), para librar de esa responsabilidad directa a las empresas. Como si todo ello fuera suficiente para crear empleo sin aumentar la demanda. La ayuda económica de la UE resultará tardía y será claramente insuficiente (900 millones de euros en siete años: 130 millones cada año). En definitiva, poca cosa para resolver un problema que afecta al 55,1% de los jóvenes (el 22,5% en la UE) y que el Gobierno quiere quitárselo de encima con operaciones de marketing y políticas de cartón piedra (emprendedores, manipulación de datos…), bajo el principio de que “es mejor un empleo precario que ninguno”. En todo caso, este Plan pone una vez más de manifiesto el fracaso de la reforma laboral -aprobada sólo hace un año- que se justificó como la gran panacea del actual Gobierno para crear empleo y superar la crisis.

En relación con la política fiscal, Rajoy tampoco ha aportado nada nuevo en el debate -al margen de la escandalosa amnistía fiscal-, precisamente cuando la presión fiscal en España está en torno a ocho puntos por debajo de la media europea y el fraude fiscal alcanza cotas que resultan escandalosas (el 6% del PIB, según el CES). En este sentido, no conocemos la posición del Gobierno sobre el impuesto a las transacciones financieras; el impuesto ecológico; la eficacia de las desgravaciones fiscales y de las bonificaciones a la seguridad social; el desplome del impuesto de sociedades; y menos sobre el fraude fiscal y la economía sumergida. En todo caso, el Gobierno no ha asumido ningún compromiso en cuanto a la necesidad de abordar una reforma fiscal integral que nos sitúe en la media de ingresos de la UE.

Tampoco han tenido tratamiento los sucesivos recortes en los servicios públicos, el copago y la privatización de la sanidad, la imposición de tasas judiciales y los desahucios (el Gobierno va a seguir defendiendo la actual ley hipotecaria en el parlamento), lo que indica que se va a mantener la actual política de austeridad, a pesar de que está siendo incapaz de solucionar los problemas macroeconómicos y el desempleo. Además, ya se anuncian nuevos ajustes para el año 2014 que pueden afectar a las prestaciones por desempleo y a las pensiones, lo que elevará aún más el sufrimiento de los más débiles.

En definitiva, el debate ha sido desesperante para la ciudadanía. Por eso, el pasado fin de semana una nueva “marea ciudadana” se ha manifestado contra esta política, a pesar de las provocaciones de responsables del PP y de la actuación de la policía en las manifestaciones. Decenas de miles de personas (las más conscientes) han gritado en las calles que esta política económica es ineficaz, injusta y, además, genera paro, desigualdad y pobreza.

A pesar de todo ello, el Gobierno, amparado en su mayoría absoluta, está haciendo caso omiso de los movimientos emergentes, de los partidos de la oposición y de los sindicatos, a pesar de que éstos insisten en el diálogo social y están practicando una política de responsabilidad en defensa de los más necesitados (desempleados, pobres y excluidos sociales). Un discurso y una actitud que el Gobierno viene rechazando sistemáticamente, lo que debe ser motivo de reflexión en profundidad por el movimiento sindical. Son tiempos difíciles para el diálogo y la concertación social; incluso, para una acción sindical encaminada a la limitación de daños -a través de un acuerdo sobre la política de rentas-, sobre todo cuando se tiene enfrente a una derecha insensible al sufrimiento, fuerte con los débiles y débil con los poderosos (acreedores y poder económico y financiero) que se refugian bajo el paraguas de la UE.

Lo más grave de Rajoy es que, además, sigue improvisando y respondiendo con mentiras a las implicaciones de corrupción y de financiación ilegal del PP, lo que está dando la sensación de impunidad y de agravio comparativo (todos somos iguales ante la ley pero en la práctica no es así) que se está trasladando, con gran escándalo, incluso, a la opinión pública de los países de la UE. Además, la ciudadanía comprueba que la política del Gobierno está concebida al servicio del poder del dinero. Por eso, no es extraño que mucha gente dude de la eficacia de las movilizaciones, a pesar de los logros que se están consiguiendo y de que la experiencia histórica demuestra todo lo contrario. En este sentido, la oposición, los sindicatos y los movimientos sociales tienen mucho que explicar y mucho que hacer en la búsqueda de acuerdos que sean capaces de mantener las movilizaciones y canalizar políticamente el descontento social acumulado. Por el momento, a los convocantes de las manifestaciones les sobran razones para la protesta, tienen ideas, tienen iniciativas, son valientes y, lo que es más importante, tienen paciencia.