Parece mentira, pero cuando creíamos que el Gobierno de Mariano Rajoy no podía tener un comportamiento más antidemocrático, después de prometer una cosa en campaña electoral y hacer todo lo contrario una vez en el Gobierno; después de recortar derechos y trabajar al servicio del interés de las élites económicas y políticas; y después de decir frases como “las medidas que tomamos hacen daño a la gente, pero son imprescindibles”. Ahora, sube un peldaño más y, para intentar engañar a los españoles y no asumir su responsabilidad de Gobierno, pretende tomar decisiones ideológicas de recortar más derechos como las pensiones, la educación universitaria, la fiscalidad o las políticas sociales en las Administraciones locales, a través del nombramiento de unos supuestos grupos de expertos, que son, según su visión, los nuevos sacerdotes que nos traerán la verdad revelada.

En primer lugar, ¿desconoce Rajoy las funciones de un Gobierno en democracia? Por si fuera el caso, la Constitución Española, en su artículo 97, deja clara la función de los gobiernos, incluido el actual. Dice textualmente: “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.” Es decir, dirige el Gobierno, no un grupo de amiguetes al servicio del poder.

En segundo lugar, ¿desconoce Rajoy las funciones de las Cortes Generales en un Estado democrático? Por si fuera el caso, la Constitución Española, en su artículo 66, establece en su apartado primero que “las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado”. Y en su apartado segundo, que “las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.” Es decir, la potestad legislativa está en las Cortes, no en grupos de expertos por muy cualificados o no que estén.

En tercer lugar, un Gobierno tiene que asumir sus responsabilidades y será juzgado por los ciudadanos en todo momento, y cuando se convoquen las elecciones. Los ciudadanos votan Gobiernos, no grupos de expertos que sirvan de coartada para tomar determinadas decisiones, o grupos de expertos donde intentar derivar la responsabilidad.

Por estos motivos, hay que denunciar esta nueva deriva antidemocrática del gobierno de Mariano Rajoy, cuando pretende saltarse la arquitectura constitucional, con el fin de trasladar a unos supuestos expertos en distintas materias la responsabilidad de las reformas que necesita España, con el argumento desgastado y engañoso de que son imparciales y sabios en sus decisiones. Supuestos expertos que además son elegidos de manera arbitraria, sectaria y opaca con el fin de que se sepa el resultado que cualquier informe antes de que hayan empezado incluso sus trabajos.

Llegados a este punto, hay que preguntarse si en democracia son necesarios los expertos. La respuesta es que sí, pero su lugar es el del consultor, no el de un poder factico que intenta sustituir la democracia por tecnocracia. A los grupos de expertos se les escucha, no se les da ninguna autoridad en la toma de decisiones que corresponden a los Gobiernos.

Si Rajoy quería y quiere utilizarlos para saber qué hacer, ¿por qué no lo hizo antes de las elecciones, y después de escuchar y estudiar sus propuestas tomó las decisiones que consideraba adecuadas para incluirlas en su programa electoral? Eso es legítimo e inteligente en ese momento, e incluso cuando se gobierna si se quiere consultar.

Pero convertir la política en un espacio donde todo es inevitable y solo unos supuestos expertos saben cómo salir de las dificultades, es un fraude democrático que pretende incrementar los privilegios de los poderosos con un barniz de seudo-ciencia. Además de suponer una concepción restrictiva de la democracia que aleja a los ciudadanos de la participación, porque según ellos no están preparados y la política es cosa de especialistas. Y porque, al mismo tiempo, entienden que la única participación del ciudadano tiene que ser cuando vota y nada más.

El papel de los expertos es colaborar, sin dejarse doblegar por los intereses de las élites económicas y políticas.Un experto es un ciudadano y como tal tiene los mismo intereses que cualquiera. Por tanto, no se puede abandonar la máxima de Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Si es democracia, no es de expertos. Si es de expertos no es democracia.