Todo ello, a pesar de que en el artículo 23.1de la Constitución se señala que “los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Y en el artículo 87.3 se recoge la posibilidad de que los ciudadanos participen directamente en el proceso de producción normativa mediante la iniciativa legislativa popular, aunque con restricciones: “Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.”

De facto, y como se ha podido ver en el desarrollo de las Iniciativas Legislativas Populares en las últimas décadas, los mecanismos de democracia directa que existen en nuestra Constitución son secuestrados por la rigidez mecanicista de la democracia representativa. Y esto hay que cambiarlo en una España donde la desafección política sigue en aumento, y donde los ciudadanos exigen mayor participación real.

Es urgente mejorar la democracia representativa con instrumentos de democracia directa como es la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) o los referéndums. En este sentido, y centrándonos en la ILP, es preciso reformar este instrumento de participación para que ayude a canalizar demandas sociales concretas de la población, y para que se cree una nueva relación entre los ciudadanos y los poderes públicos sin la mediación de sus representantes elegidos democráticamente.

Se puede afirmar, sin temor a equivocación alguna, que la Iniciativa Legislativa Popular es una figura que bien regulada puede ser una pieza muy importante para movilizar a la ciudadanía y evitar su alejamiento de la política y sus instituciones, porque posibilitará la apertura de los parlamentos a los ciudadanos; y porque también puede generar nuevos cauces de comunicación e interrelación entre la sociedad y el Parlamento, convirtiendo el Parlamento en el protagonista de la vida política de nuestra sociedad. Algo que actualmente no sucede por la sumisión de los Parlamentos a los Gobiernos de turno.

Si consideramos que la ILP es un elemento determinante, la siguiente pregunta es: ¿Cómo se tiene que mejorar? Aquí, hay que apuntar que lo primero que hay que hacer es eliminar el corsé regulatorio que actualmente la oprime y que hace que en la práctica sea totalmente ineficaz tanto a nivel estatal como autonómico. Una parte del corsé se eliminará mediante la modificación de la ley orgánica que la regula; mientras la otra, hay que realizarla cuando se modifique la Constitución para cambiar el número necesario de firmas y algunas limitaciones en cuanto a las materias que puede abordar.

Entre las que se pueden realizar mediante la modificación de la ley orgánica, habría que considerar la aceptación o toma en consideración de la ILP una vez que haya cumplido los requisitos. Hay que evitar que suceda como ahora, donde una vez realizado el esfuerzo una determinada mayoría parlamentaria puede no tomar en consideración la misma y terminar ahí su recorrido. Junto a lo anterior, otras cuestiones a modificar serían:

· Reducir el número de firmasnecesarias para la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular. NO tiene mucho sentido que en la Unión Europea, la Iniciativa Ciudadana Europea, que entró en funcionamiento el 1 de abril de 2012, pida un millón de firmas sobre un total de quinientos millones de habitantes, y en España se pidan 500.000 firmas sobre un total de 47 millones de habitantes. El número limita las posibilidades de los ciudadanos y por tanto limita la democracia directa.

· Simplificar la tramitación, porque como está es una verdadera carrera de obstáculos. En este apartado es fundamental facilitar el sistema de firma electrónica para su recogida, junto al papel timbrado; e incrementar el plazo establecido actualmente para la recogida de estas firmas.

· Permitir la intervención de los ciudadanos en el Parlamento. Un portavoz de la Comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular tendría que poder defender la misma en el Parlamento. Posteriormente, intervendrían los grupos parlamentarios.

En definitiva, si queremos superar la desafección de los ciudadanos hay que avanzar en democracia. Y dentro de ese avance, hay que fortalecer la democracia representativa con mayor participación directa de los ciudadanos, con mayor honradez y con el compromiso de los gobiernos de realizar las políticas que demandan los ciudadanos y las políticas que se comprometieron a realizar durante la campaña electoral.

Es posible hacerlo. Es imprescindible conseguirlo.