Numerosas han sido las declaraciones de rechazo ante este despliegue policial. Palabras como “excesivo e injustificado”, “los diputados no necesitamos ser protegidos de los ciudadanos”, “el peligro para el Congreso y para la democracia viene de los especuladores, de los mercados financieros que han arrancado la soberanía popular de donde debe estar”, “el Congreso rodeado de vallas es la imagen de un país en situación de emergencia”, o “un Parlamento vallado es un Parlamento temeroso”, son algunas afirmacionesque vienen a reflejar la gravedad de este nuevo error del Gobierno de Mariano Rajoy.

¿Qué esta ocurriendo para que suceda esto? ¿Qué está funcionando mal en nuestra democracia para tener que blindar el Parlamento, donde reside la soberanía popular de los propios representados?

Podemos decir que estamos ante una crisis de concepción democrática, donde el Gobierno del Partido Popular, que confunde su mayoría absoluta con un poder absoluto, pretende cambiar las bases del modelo social que se acordó en la transición española.

Cuando el Ministro del Interior dice que el Parlamento “es un espacio inviolable”, es una obviedad que encierra una concepción estrecha de la democracia, que desea “súbditos sumisos” en lugar de ciudadanos con derechos y obligaciones constitucionales.

Cuando el Gobierno del PP habla de las vallas en el Congreso como “seguridad adecuada” y mecanismo para garantizar la normalidad, está propiciando una ruptura peligrosa entre el pueblo y sus representantes.

Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, “recuerda” que en el Código Penal están los artículos 493, 494, 495 y siguientes, está provocando a unos ciudadanos que se sienten engañados y castigados por una crisis que no provocaron y están sufriendo cada día más. O, qué significa si no recordar que “incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento.” O que “los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años”.

El PP está agudizando una crisis institucional, que mezclada con la crisis económica puede llevar a un estallido social de consecuencias graves en España. Por este motivo, hay que exigir al Gobierno que rectifique sus políticas, y que modifique también sus actitudes chulescas ante unos ciudadanos que son los verdaderos “jefes” en una sociedad democrática.

Hay que partir de la realidad para cambiarla. Si queremos mejorar el sistema democrático y de representación tenemos que reconocer las deficiencias que tienen nuestras instituciones para poder resolverlas.

Los Parlamentos tienen un problema de imagen, de cercanía con los ciudadanos y de dificultad para trasladar la información de lo que sucede en su interior. El Parlamento no puede ser un búnker donde las demandas de los ciudadanos no entran y el trabajo de los diputados y el Gobierno no sale. El Parlamento no puede ser una urna insonorizada con paredes transparentes y vallas donde lo único que entra son los rayos de sol.

El Parlamento no se blinda. Todo lo contrario, hay que acercar su trabajo, el trabajo de los diputados y del Gobierno a los ciudadanos. Y también hay que fortalecer la democracia, reforzando su papel protagonista dentro del sistema de representación. Si no, los ataques y la demagogia de grupos de poder, con la finalidad de aumentar su poder y debilitar la democracia, seguirán proyectando la imagen de los políticos como una casta de privilegiados.

Los parlamentos deben abrir de par en par sus puertas a la participación de la sociedad, y no vallarse ante ella. El Parlamento tiene que ser considerado por los ciudadanos como su casa y no como un búnker al que no pueden entrar.