El principio base de la democracia es que el pueblo decide sobre la acción política, social y económica que va a seguir. Está establecido que el voto es el mecanismo que permite su ejercicio. El pueblo decide, pero las aplicaciones de este derecho 
fundamental pueden ser muy variables.
Nuestra actualidad política está muy marcada por el conflicto -el término no es abusivo- que plantea la exigencia de fuerzas catalanistas de decidir sobre su independencia. El argumento principal es que tienen “derecho a decidir”, y que tal derecho es indiscutible desde el punto de vista democrático. Pero si se aplica de manera exclusiva a los habitantes de Cataluña entonces el derecho a decidir es un derecho de autodeterminación que prohíbe, por definición, el derecho a decidir de los otros ciudadanos españoles. Y entonces, aplicado de tal manera, no es tan evidente que sea un principio básico de la democracia. Puede ser una reivindicación pero no un postulado. Porque en democracia cuando un pueblo decide, siendo evidentemente las opiniones divergentes, es la mayoría quien está legitimada para decidir. Cualquier individuo se autodetermina al votar, pero no decide por el colectivo. En el tema de la independencia de Cataluña, el derecho a decidir existe, pero para todos, habitantes de Cataluña y habitantes de España, porque tiene consecuencias para los catalanes como para el resto de los españoles, hoy unidos en un mismo colectivo, España. Si una consulta popular se debe establecer sobre una Cataluña independiente o no, tal consulta debe hacerse a todos los españoles. De la misma manera, cualquier modificación de la Constitución en temas de tal importancia debería someterse a la votación de todos los españoles.
El derecho a decidir, respetando la libertad del individuo, debe también expresar la voluntad de la mayoría de ellos. Es, en términos generales, lo que se llama un referéndum y que puede considerarse como la mejor expresión de la democracia. Nuestra Constitución lo prevé y al mismo tiempo lo limita a la iniciativa del Gobierno. Es lógico porque, de existir un sistema como el suizo, estaríamos todos los meses votando y lo que puede funcionar para ocho millones de ciudadanos no es absolutamente idóneo para más de cuarenta.
Tales límites no deben expulsar el derecho a decidir de nuestra práctica democrática, porque hay asuntos para los cuales su ejercicio no sólo sería deseado por los ciudadanos, sino que también resultaría muy eficaz en la solución de problemas o de proyectos. Me refiero a las consultas de índole local que permiten al ciudadano decidir sobre temas que van a impactar directamente su vida diaria, allí donde vive. Cualquier proyecto local de urbanismo, transporte público, regulación de la vida de la villa… merecería ser sometido a la aprobación de los ciudadanos. Varías razones para ello. La primera es que, muchas veces, el estudio y la realización del proyecto exigen un tiempo que supera la funcionalidad de un municipio. Este puede cambiar antes que el proyecto se termine y su previa aprobación popular garantizaría su porvenir; otra es que el sentido común de los ciudadanos seguramente impediría los proyectos faraónicos y absurdos. Dudo mucho que una consulta popular hubiese aprobado la construcción de un aeropuerto que nunca verá aterrizar un avión, de una biblioteca donde no entrará ningún libro, de una sala de conciertos o de ópera que siga eternamente silenciosa, de un parque acuático por el que no correrá nunca agua. Es ilógico o antidemocrático, para poner un ejemplo, ¿se podría haber preguntado a los madrileños si estaban de acuerdo o no en acoger y financiar los Juegos Olímpicos? Creo también que el someter un proyecto a la previa aprobación popular limitaría la corrupción que cualquier obra millonaria atrae como la miel atrae las moscas, y evitaría la multiplicación de conflictos en barrios y calles de nuestras ciudades. Además el ciudadano que, entre dos elecciones, solo puede quedar callado, piense lo que piense, nunca consultado, salvo por las oficinas de sondeos, apreciaría tal forma de democracia directa y participativa. Y es algo que hoy pide a gritos. Pero es más, su consulta y decisión le involucran en la responsabilidad de lo hecho o de lo previsto, cuando nuestro sistema de delegación de poder a sus representantes, el sistema parlamentario le desconecta de su diputado.
Ciertamente es potestad de cualquier municipio el celebrar tal referéndum local, aunque muchas veces le añada el calificativo de consultivo. Pero en tal materia debería existir la iniciativa popular para reclamar el voto de todos frente a un proyecto, una proposición que estima pueda condicionar su vida presente y futura. De una posibilidad se debería pasar a una obligación.
El municipio es históricamente la cuna de la democracia. En su marco puede y debe establecerse el derecho a decidir sobre los temas que son de su prerrogativa. En tiempos de generalización de la información, de rapidez de la comunicación, es increíble, inaguantable, que el ciudadano quede tan apartado de la decisión y de la proposición sobre lo que, diariamente, es lo más próximo e inmediato a su vida.
