Este estado de opinión quedó reflejado en la concentración ante el Congreso de los Diputados, con la entrega de las 400.000 firmas solicitando al Gobierno de la Nación la derogación de la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas fórmulas de gestión.

Es sobre esta ley y las consecuencias que en la Comunidad de Madrid tiene su vigencia, de lo tratan mis siguientes reflexiones:

-Es cierto que desde los inicios de la instauración del Sistema Nacional de Salud, numerosos gestores del mismo defendieron la necesidad de abordar las reformas legislativas necesarias que posibilitasen una mayor agilidad y eficacia para poder dar así las respuestas necesariamente rápidas que las prestaciones sanitarias requieren.

-Es cierto asimismo, que las Instituciones Públicas deben someterse a los controles que la Administración exige para garantizar la transparencia y limpieza obligadas en la gestión de los dineros públicos.

-Podría convenirse que quizá no se dieron los pasos suficientes para permitir una mayor agilidad y eficiencia en la gestión y prestación de los servicios sanitarios en el marco de la legislación sometida al Derecho Público.

-Lo anterior generó la sensación de que desde la gestión directazo era posible actuar con la celeridad y eficacia que la ciudadanía demandaba.

-Desde las posiciones neoliberales se aprovechó ese estado de ánimo para introducir las

pretendidas bondades de la gestión privada de los servicios públicos esenciales.

-La Ley 15/1997 obedece en mi criterio al triunfo de estas ideas de corte neoliberal que

buscan la irrupción del sector privado en el sistema sanitario reduciendo el carácter público del mismo dando por probada una cuestión nunca demostrada: la eficiencia de la gestión privada.

-El Ordenamiento Jurídico Español permite la creación de Entidades Públicas, de naturaleza y titularidad pública, sometidas en muchas de sus actividades al Derecho Privado, para la prestación de servicios (empresas públicas, consorcios, etc.).

-La ley 15/1997 va más allá y permite la provisión privada de servicios sanitarios mediante fórmulas que a mi juicio vulneran el espíritu de la Ley General de Sanidad.

Conviene recordar al efecto que la Ley General reconociendo el precepto constitucional de libertad de empresa(art. 38 CE) establece que las Administraciones Públicas pueden establecer conciertos con medios ajenos a ellas teniendo en cuenta con carácter previo la utilización óptima de los medios propios; asimismo en condiciones de igualdad se dará prioridad a las entidades sin ánimo de lucro. A mi juicio queda claro el carácter complementario del sector privado.

La ley 15/1997 y su utilización por parte del Gobierno Aguirre está consiguiendo que el sector privado esté dejando de ser complementario y sustituye de manera total a las Instituciones Sanitarias Públicas en una parte muy importante de la población madrileña. El sector privado está resultando adjudicatario de numerosos concursos, sin análisis previos de utilización correcta de los servicios propios, que dicho sea de paso,

están siendo progresivamente descapitalizados.

Como conclusión:

LA DEROGACIÓN DE LA LEY 15/1997 SE HACE NECESARIA

La oposición política madrileña, las organizaciones sindicales y el conjunto de organizaciones sociales tienen la responsabilidad de exigir sin ambigüedades su derogación para evitar que se siga avanzando en el proceso de desmantelamiento de la Sanidad Madrileña.

LA DEROGACIÓN NO ES SUFICIENTE

A mi juicio se hace necesario abordar desde las Administraciones Públicas las reformas estructurales necesarias que garanticen no sólo una financiación suficiente de nuestro sistema sanitario sino mejoras importantes de la eficiencia en su gestión como garantía de sostenibilidad y calidad en sus prestaciones.