“1. Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de alto nivel, habiéndonos reunido en Río de Janeiro (Brasil) entre el 20 y el 22 de junio de 2012, con la plena participación de la sociedad civil, renovamos nuestro compromiso en pro del desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro económico, social y ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para las generaciones presentes y futuras.

2. La erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad y una condición indispensable del desarrollo sostenible. A este respecto estamos empeñados en liberar con urgencia a la humanidad de la pobreza y el hambre.”

Al tiempo, se presentaba el Informe 2012 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, señalando que tres de las importantes metas del mismo: la reducción de la pobreza, las condiciones de vida en chabolas e infraviviendas, y el acceso a agua potable, habían sido alcanzadas 3 años antes de la fecha límite, fijada en 2015. El citado Informe indica que, por primera vez desde que los índices de pobreza empezaron a ser analizados, tanto el número de personas viviendo en la extrema pobreza como la tasa de pobreza habían disminuido en todas las regiones del mundo, si bien las proyecciones indicaban que en 2015 más de 1.000 millones de personas en el mundo vivirán con menos de 1,25 dólares al día. E, igualmente, que persisten, y tienden a incrementarse, las fuertes desigualdades territoriales y sociales en los niveles de bienestar y pobreza.

De hecho, las desigualdades socioeconómicas y ecológicas han aumentado en los últimos 20 años, a la vez que en el Planeta se han superado ya tres de sus nueve principales limites biofísicos: los relativos al equilibrio climático, la pérdida de biodiversidad y el ciclo del nitrógeno, acercándonos peligrosamente a puntos de no retorno.

En este marco, España presenta circunstancias peculiares que no pueden dejar de ser consideradas. La crisis generada principalmente por el fuerte endeudamiento privado y la especulación inmobiliaria, ha llevado a una reducción de las agresiones al medio por reducción de la actividad económica, el consumo y la transformación urbanística, pero sin cuestionar las bases de su dinámica de origen y como reflejo exclusivo de un ciclo bajista que, muchos, esperan venga acompañado de un deseado ciclo alcista para reiterar procesos y burbujas. Pero el ciclo bajista está teniendo también muy graves consecuencias sobre otro de los elementos básicos del desarrollo sostenible, como es el bienestar de los ciudadanos y las diferencias entre los mismos y la cohesión social asociada.

En 2010, según los datos de la OCDE y EUROSTAT, España junto con Lituania y Letonia eran los países de la UE con mayores índices de desigualdad en Europa, situación a la que se ha llegado tras un fuerte incremento en los índices de desigualdad desde el inicio de la crisis, en 2008. Y, en cuanto a niveles de pobreza sólo Letonia, Bulgaria, Rumanía y Lituania nos suelen superar, situándonos al mismo nivel que Estonia y Grecia hasta 2009 (Índice de pobreza del 20% de la población en 2009).

El último Informe de Cáritas de España (VII Informe del Observatorio de la Realidad Social: http://ep00.epimg.net/descargables/2012/09/20/9ece9b1b100c6762439fe185f5feda54.pdf) profundiza en la evolución señalada de una manera clara y detecta algunos aspectos de singular importancia para valorar la situación actual y su posible evolución futura. De hecho, las aportaciones de este VII Informe se pueden concretar en tres aspectos fundamentales.

El primero, señalar la evolución de las ayudas proporcionadas por esta organización en los años del siglo XXI, destacando que de unas 210.000 personas ayudadas en 2000, se pasa a 290.000, en 2001, y se mantiene alrededor de las 400.000 entre 2002 y 2007 (unas 370.000 en este último año). Pero, desde entonces, y para el período 2008-2011, las cifras se disparan respectivamente a 633.500, 789.300, 929.000, y 1.015.276 personas para 2011. Es decir, las personas demandantes de ayudas se han multiplicado por 2,5 desde los niveles de los años del cenit de la burbuja inmobiliaria a la actualidad; y se han incrementado en más de un 60% desde el inicio de la crisis, en 2008.

Este incremento en las ayudas por parte de esta Organización no es paralela a la evolución de los Índices de riesgo de pobreza proporcionados por el INE desde 2004, que recoge variaciones relativamente marginales para el período 2004-2009 y sólo un incremento del orden del 6% para 2010 y del orden del 5% para 2011, situando dicho riesgo de pobreza para este año en el 21,8% de la población. En todo caso, más de uno de cada cinco residentes en España viene viviendo en riesgo de pobreza desde que se realizan las Encuestas de Condiciones de Vida normalizadas por EUROSTAT. Y es evidente que respecto a este indicador no destacamos positivamente en el concierto de la UE-27; ni tampoco los años de burbuja inmobiliaria han implicado una mejora sustancial en este indicador, lo que convierte el problema, como muy bien señala Cáritas, en un problema estructural de España, del modelo de desarrollo y de las relaciones socioeconómicas predominantes en este país. En efecto, en el período de crecimiento económico (1994-2008) no se redujeron sustancialmente los indicadores de riesgo de pobreza, no se consolidó la protección social (aunque hubo avances muy significativos en los años 2004 a 2010) ni aumentó significativamente la proporción de inversión en gasto social del PIB. Y la crisis está incidiendo en un aumento de las desventajas sociales en más de una cuarta parte de la población española, incrementando las diferencias sociales y la falta de cohesión social y territorial. Desde esta perspectiva, el empobrecimiento de la población en determinados territorios (las dos Castillas, Extremadura, Murcia, Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla) se acompaña del incremento muy significativo de las desigualdades entre los distintos grupos sociales en el nivel del conjunto del país y, sobre todo, de la pérdida de los beneficios de la sociedad del bienestar, cuyos servicios son progresivamente puestos a disposición del mercado, aduciendo la incapacidad del sector público de atender a su financiación.

El segundo aspecto a destacar del Informe de Cáritas es el análisis que realiza de los elementos que están detrás de ese carácter estructural del problema de la pobreza, atendiendo a los resultados de las encuestas realizadas entre la población atendida. Las personas en paro, los inmigrantes y las personas de baja cualificación (con estudios primarios o inferiores) son las que diferencialmente integran en mayor medida a la población necesitada de ayuda. Con respecto a los primeros, los cerca de 5,7 millones de parados del segundo trimestre de 2012 (24,63% de la población) señalados por la EPA y su fuerte precarización (avanzada antes de la crisis y agudizada con la nueva reforma laboral) son un claro reflejo del primer componente del problema. De hecho, la tasa de paro ha pasado del 8,47 % en el primer trimestre de 2007, al citado 24,63% en el segundo trimestre de 2012, multiplicándose por 3 en 5 años (de 1.856.100 a 5.693.100 personas en paro). Y ha crecido en más de cuatrocientas mil personas en lo que se lleva de 2012. Adicionalmente desciende la ocupación y existen más de dos millones trescientos cincuenta mil personas subempleadas.

Como conclusión, podemos señalar que la lucha contra el paro a través de la Reforma Laboral no puede considerarse precisamente un éxito, ya que nunca el problema del paro y el empeoramiento de la situación de la población ocupada había alcanzado, en términos absolutos, la magnitud de las cifras mostradas por la EPA del segundo trimestre de 2012. Y el incremento en el índice de riesgo de pobreza no es más que uno de los reflejos de esta situación.

Los otros dos factores: inmigración y nivel educativo está muy directamente ligados entre sí y muy directamente relacionados con el primero. De hecho, la tasa de paro entre los extranjeros se sitúa en cifras del orden de una vez y media la global y las personas de baja cualificación y formación son las que están sufriendo en mayor medida la crisis originada en el sector inmobiliario, de la construcción y de los servicios de bajo valor añadido. Como resultado son las Canarias más la mitad Sur de España, desde Cáceres-Toledo-Albacete-Castellón hacia el Sur, los ámbitos con mayor incidencia del paro y del riesgo de pobreza, junto a Ávila, Girona y Pontevedra.

El tercer aspecto a destacar del Informe es el carácter crónico que está adquiriendo la situación de pobreza en España, dados:1) la disminución de la renta media (el umbral de riesgo de pobreza disminuye con la disminución de la renta media: de 7.980 € al año en 2010 a 7.818 € en los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicados en 2011) por la recesión económica (la remuneración de los asalariados descendió un 3,9% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo del año pasado); 2) el incremento de la precarización y del paro de larga duración (el paro de más de dos años de duración supera el millón setecientas mil de personas, y se incrementan continuamente los que han agotado los dos años de seguro de desempleo); y 3) el que se haya pasado de 413.300 hogares, en el primer trimestre del año 2007, a 1.737.600 en el segundo trimestre de 2012 de hogares en los que nadie tiene trabajo, a los que hay que añadir los 4,4 millones de hogares en que no hay ningún activo. El resultado es que Cáritas contrasta y consolida estos datos con el hecho de que, como media, el 44% de las personas acogidas en Cáritas llevan tres o más años demandando ayuda de la institución, y que un tercio de las personas que recibieron ayuda de Cáritas en el año 2009 la recibió también en el año 2011, por lo que lleva tres años o más siendo atendida.

Vista esta deplorable situación general, que afecta adicionalmente de manera muy grave a prácticamente la mitad del territorio español, es pertinente evaluar qué se está haciendo para salir de la misma y cuáles son los escenarios a que nos conducen las políticas que se están poniendo en marcha. Y la conclusión no puede ser más que pesimista, ya que con las políticas actuales sólo se puede esperar que la situación empeore en los próximos años, en paralelo a la subordinación que se está realizando del bienestar y de la cohesión social al objetivo de déficit cero en la Administración Pública.

En efecto, incluso el Gobierno espera que la situación se siga deteriorando este año y el año 2013, y que el año 2015 el paro se encuentre por encima de las cifras que encontraron en el 2011 (Programa de Estabilidad 2012-2015 presentado a la UE). Por otro lado, las previsiones de muchos analistas nacionales e internacionales señalan, para 2012 y 2013, una caída del PIB, que puede llegar al -2,3%, para algunos, para 2012, y al -1,5%, para 2013, que se correspondería con una tasa de paro superior al 25%, para 2012 y al 26,4%, para 2013, batiendo ya en este año el record existente para la tasa de paro española (24,6% en 1994). Pero a medida que la situación va empeorando las previsiones también lo hacen y, por estas fechas, ya existen informes que llegan a situar este porcentaje de parados en cifras que podrían llegar a situarse entre el 28% y el 31,3% para finales del 2013 (caso de HSBC, por ejemplo). Es evidente que la Reforma Laboral del actual Gobierno está colaborando en esta caída inasumible del paro. Su objetivo es la reducción de los salarios de manera que se incrementen los beneficios (los salarios suponen ahora el 46,7% del Producto Interior Bruto español, mientras que las rentas de las empresas ya suponen el 45,7%, apenas con un punto de diferencia, cuando el margen entre ambas rentas se había venido situando históricamente, de media, en unos seis puntos) y ello puede implicar un atractivo para nuevas inversiones y la generación de empleo. Pero ello implica asumir un fuerte deterioro en la cohesión social, un fuerte incremento de las personas en riesgo de pobreza y el agravamiento de la situación de parados sin cobertura. Además, la dinámica emprendida sobre asalariados y empleados está llevando a la clase media a un empobrecimiento continuo y, previsiblemente, a su radicalización hacia los extremos del arco político.

Sin embargo, en el Anexo 8 del Programa Nacional de Reformas presentado a la UE en abril de2012, el Gobierno asumía una población en riesgo de pobreza, en 2010, de 11,6 millones de personas y establecía el increíble e irrealizable objetivo de pasar a entre 1,4 y 1,5 millones en 2020. Previsión cuestionada por la Comisión en su Informe respecto al Programa (COM 2012- 310 final), señalando que no se ha avanzado hacia el logro del objetivo de reducir el número de personas con riesgo depobreza y/o exclusión social y que, por el contrario, esta cifra tiene tendencia a aumentar, siendo además España uno de los países de la UE donde “el sistema de protección social hace menos por reducir la pobreza infantil. Esto se debe, en parte, a unos efectos limitados de redistribución entre los grupos de renta, y al hecho de que la proporción que representa el gasto de España en prestaciones por hijos y familiares en su gasto total en protección social es inferior a la media de la UE”.