Pero ya antes de la crisis los gestores de algunas Cajas, imitando a los bancos, se endeudaron en exceso con la Banca internacional rompiendo así su tradicional criterio de traducir en crédito el ahorro que captaban. Hoy prácticamente la mitad de los 97.500 millones de euros que, durante el presente año, el sector financiero tiene en vencimientos con inversores extranjeros corresponden a las Cajas. En buena medida son estos vencimientos y los de los próximos años los que están dificultando que el crédito llegue en cantidad suficiente a la economía real y este es el problema fundamental, común a cajas y bancos que no guarda ninguna relación con el estatus jurídico de las Cajas.

La reforma de la Ley de Cajas (LORCA) de julio de 2010 tendría que haber favorecido la reestructuración del sector, facilitado a las Cajas instrumentos de capitalización compatibles con su naturaleza jurídica. Lejos de ello, la reforma impulsó la trasformación de las Cajas en Bancos, avalando la propia transformación con que lo decidiesen sus órganos de gobierno, determinando que habría de ser necesariamente un banco la cabecera de un Sistema Institucional de Protección SIP (fusiones frías), cediendo a un Banco la actividad y convirtiéndose la Caja en una fundación, quedando de esta forma como cajas únicamente las resultantes de una fusión total o las que no precisasen participar del proceso de reestructuración.

Ha sido con estas normas, ya de por sí rechazables, con las que se han pautado la reestructuraciones en marcha, que alcanza a cuarenta Cajas en doce procesos de reordenación, pero incluso en muchos de estos casos, por ejemplo los SIPs, es posible que los Bancos que se están constituyendo estén participados en sus órganos de gobierno por las Cajas que son sus propietarios y es posible también que esas mismas cajas puedan mantener su naturaleza como entidades financieras.

Esto es lo que parece que se pretende evitar cuando se habla de trasformar las Cajas en fundaciones o cuando se establecen unas desproporcionadas exigencias de capital básico, todo apunta a que las condiciones anunciadas estos días forzarán la nacionalización momentánea de algunas Cajas, que en cinco años serán vendidas junto con sus participaciones industriales, quien sabe si también con el interés de reducir el déficit y de paso favorecer a los Bancos privados que podrán hacerse sin grandes esfuerzos con el 50% del sistema financiero español, algo impensable hace unos meses.