Esta situación es vivida por la ciudadanía con preocupación y temor ante la eventualidad de que las medidas que se están adoptando, asociadas particularmente a su progresiva privatización, acaben con la equidad y la cohesión y pongan en riesgo la calidad del sistema.

Los recortes que se han adoptado incluyen la reducción de camas y servicios, el cierre de centros sanitarios, la demora de las listas de espera, ajustes a la baja en las plantillas y en los sueldos de los profesionales del sector, problemas de coordinación administrativa etc. Pero, además, al tratarse mayoritariamente de competencias autonómicas está ocasionando desigualdades regionales y la conformación de ciudadanos de primera y de segunda categoría, en función de su zona de residencia. No en vano el gasto medio sanitario por habitante y año oscila entre los 1.100 euros y 1.800 euros en función de las Comunidades Autónomas.

En 2010, tal como se recoge en el “Informe del Defensor del Pueblo 2010” (http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/InformeAnualCortesGenerales2010.pdf) se tramitaron 8.299 reclamaciones sanitarias que denunciaban esta doble ciudadanía sanitaria, que pone en entredicho los principios básicos que deben caracterizar el Sistema Nacional de Salud: la equidad y la universalidad. Principios que han de fundamentarse en la aplicación de una cartera de servicios sanitarios comunes en todas las Comunidades Autónomas, con independencia de que cada una de ellas tenga potestad para ofrecer carteras de servicios complementarias.

También desde la Oficina del Defensor del Pueblo se realizó una investigación de oficio, presentada ante el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en septiembre de 2011, solicitando al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que tome los acuerdos precisos para garantizar el derecho de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, independientemente del territorio donde se encuentren. Esta iniciativa responde a las quejas que recibe el Defensor del Pueblo por parte de ciudadanos que denuncian dificultades a la hora de recibir una atención de calidad en sus desplazamientos temporales a Comunidades Autónomas que no son las propias de residencia. En particular, son de especial preocupación los problemas de la población en el acceso a las consultas de atención especializada y las dificultades con las que se encuentran los enfermos crónicos que tienen prescritos tratamientos farmacológicos, y a los que no tienen acceso cuando están desplazados. Una realidad que contraviene la “Exposición de Motivos de la Ley 16/2003, de 20 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud”, en la que se define la equidad como la “garantía en el acceso a las prestaciones y, de esta manera, el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio, posibilitando la libre circulación de todos los ciudadanos”.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha hecho sucesivos llamamientos a las diversas administraciones con el objetivo de que pongan en marcha cuantas medidas sean necesarias para reforzar los servicios públicos de salud (básicamente, presupuestos y plantillas), en un contexto de gestión eficiente de los recursos disponibles.

También la opinión pública, en general, y las asociaciones de pacientes urgen a que la actual situación de un cambio de rumbo y que, en lugar de llevarse a cabo recortes y más recortes, debería dedicarse más atención a la Sanidad, garantizando la sostenibilidad del sistema en su conjunto, bajo el telón de los principios de equidad y universalización. De no seguir en esa dirección avanzaremos en la senda de una progresiva mayor desigualdad y exclusión en el acceso a la sanidad, en definitiva, en el acceso a uno de los mayores logros y derechos de la humanidad: la atención y cuidados especializados cuando la salud deja de acompañarnos.

Y, como decía Eugenio D´Ors, ¡Los experimentos con gaseosa!, máxime en un tema en donde lo que nos jugamos es la vida y la muerte.