En este artículo pretendemos investigar hasta qué punto la crisis ha incidido en una serie de Indicadores socioeconómicos básicos regionales, ha sido desigual en las distintas comunidades autónomas españolas y, por lo tanto, hay una cierta parte de culpa que cabe estimar corresponde a los Gobiernos responsables de la gestión de las mismas. Aspecto no baladí ante la convocatoria de elecciones autonómicas y la reiteración de muchos de los responsables de su gestión en la última legislatura a las mismas.

En un artículo de esta sección de enero de este año señalábamos, sintetizando los resultados de una amplia y compleja investigación, que una de las principales conclusiones de la consolidación democrática y autonómica en España, hasta la crisis de 2008, era que había implicado una clara mejora del bienestar de los españoles, y unos cambios territoriales que habían permitido disminuir las desigualdades y homogeneizar las oportunidades medias a las que tenían acceso los residentes en cada una de las cincuenta provincias españolas. Aunque sólo fuera por este motivo, se podía señalar que la creación del estado autonómico había sido una decisión inteligente; mejorable como todo, pero claramente positiva, porque acercar la democracia y la gestión a los ciudadanos había repercutido en las tendencias de mejora de su bienestar.

Adelantando los resultados tipificados del análisis realizado para el período 2011-2014, que a continuación se describen, se puede señalar que estos reflejan desigualdades en las consecuencias de la gestión de los Gobiernos de las distintas comunidades autónomas. Destaca por sus resultados y su relativa uniformidad en el signo de los Indicadores de cambio (escasa variabilidad) Canarias. También destaca Madrid y las Illes Balears, aunque en ellas los contrastes positivos y negativos de los Indicadores de cambio son mayores. Galicia y Murcia presentan una síntesis de resultados media, pero con una tremenda variabilidad entre los indicadores de cambio positivos y negativos. En el lado de los malos resultados, destacan Asturias y Castilla la Mancha y, a menor nivel, Cantabria y Navarra.

Estos resultados deben enmarcarse en un proceso que muestra que, desde 2008, tanto España como todas sus provincias y regiones han sufrido una de sus mayores crisis tras un decenio de crecimiento más o menos sostenido de su producto interior bruto (PIB), incremento de su población activa, niveles de empleo y mejora de la renta disponible de las familias. Lo que dista mucho de lo sucedido en otras economías occidentales como la estadounidense (supuesto ejemplo de los liberales de pro de este país) donde, por ejemplo, el valor real del salario mínimo cayó un 30% desde 1978 a 2008, y donde la demanda económica se ha sostenido merced al progresivo endeudamiento de los hogares, proceso que ha sido germen de la crisis allí iniciada, en 2007, por un sistema financiero especulativo global descontrolado. Crisis cuyas principales consecuencias para el conjunto del Estado español y para sus ciudadanos, han sido: el deterioro de la renta per cápita, que ha ido distanciándose de la media de la Eurozona; un fuerte incremento de las desigualdades sociales, sobre todo tras la Reforma laboral del partido popular de 2012, como ha sido objeto de pública y amplia investigación y difusión; un empobrecimiento de las clases medias; la aparición de niveles de indigencia extrema, de la pobreza energética e hídrica; y la pérdida de cohesión social en muchos barrios, contrarrestada en parte por nuevos fenómenos de solidaridad participativa.

Deterioro tal que, por primera vez, el seguimiento de indicadores sociales como la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE: At Risk Of Povertyor Social Exclusion) ha sido incluido dentro de la Estrategia Europa2020 y calculado con normas uniformes en el conjunto de la UE. Su objetivo es medir tres fenómenos: el riesgo de pobreza (ingresos por debajo del 60% de la mediana de ingresos de los hogares), la carencia material severa (medida por la dificultad de acceso al menos a cuatro de nueve tipo de consumos o servicios) y la intensidad en el empleo (trabajo en menos del 20% de las posibilidades empleables). Los resultados de su cálculo están disponibles en el INE entre 2004 y 2012(1); y, en el conjunto de España marcan un mínimo en 2007, afectando al 23,3% de la población. Desde entonces crece de forma sostenida hasta el valor de 28,2% para el 2012 (encuesta realizada en 2013 y resultados publicados en mayo de 2014, últimos disponibles).

Lo primero que hay que destacar es que los Indicadores que se utilizan son desigualmente relativos en el tiempo; así, el riesgo de pobreza depende de la distribución de la renta media de los hogares(2). Si ésta disminuye, como ha sucedido desde 2008 (30.045 €) a 2012 (26.775 €) la renta que se utiliza para medir el riesgo de pobreza (60% de la mediana) también se reducirá normalmente, con lo que habrá personas que sin modificar sus ingresos ni dificultades, habrán salido del riesgo de pobreza en el Indicador correspondiente. El hecho de que las tasas de riesgo de pobreza sigan aumentando a pesar de la caída de la renta media, nos muestra un proceso adicional: el aumento de las desigualdades económicas. Porque, efectivamente, no sólo hay un empobrecimiento general por la caída de la renta media, sino que si con esta caída aumenta el riesgo de pobreza, necesariamente es porque aumenta el porcentaje de personas por debajo de una renta cada vez más baja(3). De hecho, la situación se agrava fuertemente tras la llegada al Gobierno del partido popular y su reforma laboral, en 2012, produciéndose en España, por primera vez tras la democracia, el doble fenómeno de que los salarios pasen a representar un menor porcentaje del total de la distribución de la renta, y que un contingente significativo de trabajadores ocupados se sitúen en condiciones de pobreza.

Centrándonos en el AROPA, es evidente que sólo puede aplicarse a nuestro objetivo, con los datos disponibles, la evolución de dos años: 2011 y 2012, que son los que corresponden a la última legislatura de la mayoría de las autonomías. Y, puesto que lo que nos interesa son los comportamientos relativos (donde los logros han sido relativamente más positivos y donde no), utilizaremos valores normalizados a la hora de comparar la situación y los procesos en cada comunidad autónoma, adoptando los datos del INE derivados de su nueva metodología. Los resultados normalizados nos llevan a la clasificación de las CCAA según el siguiente esquema:

 

VALORES NORMALIZADOS NIVEL RIESGO POBREZA Y EXCLUSIÓN. AROPA 2012
VARIACIÓN AROPA 2011-12 MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
DESCENSO MUY ALTO Cataluña Canarias
Asturias
DESCENSO ALTO País Vasco
SIN VARIACIÓN SENSIBLE Castilla y León Galicia Valencia Andalucía
Madrid Cantabria Murcia
Rioja, La Castilla-La Mancha
Extremadura
ASCENSO ALTO Aragón
ASCENSO MUY ALTO Navarra Balears, Illes

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (www.ine.es)

Como se aprecia, la mejor situación y evolución corresponde a País Vasco, Cataluña y Asturias, destacando Navarra, con muy bajo riesgo de pobreza y exclusión, por ser la Comunidad Autónoma con un mayor incremento del mismo en el período. También Aragón y las Illes Balears registran un fuerte aumento de este indicador AROPA. Indicador que presenta máximos valores de riesgo para Canarias, con fuerte mejora en el período, y Andalucía, Murcia, Castilla la Mancha y Extremadura, que mantienen sus niveles de riesgo.

Atendiendo a la distribución regional de la renta per cápita, la primera consideración es que ésta se vuelve progresivamente más desigual entre las CCAA, tanto desde 2008 a 2011, como desde 2011 a 2013, incrementándose entre 2008 y 2013 en un 11% el coeficiente de variación de la distribución, en un 9% la desviación típica de la distribución, y en un 5% el cociente entre la mayor y menor renta per cápita regional. Lo que quiere decir que las CCAA responden de manera desigual a la crisis, aumentando las diferencias entre ellas, aspecto al que no pueden considerarse ajenos los Gobiernos correspondientes. La tipología resultante del estado y evolución de esta variable entre 2011 y 2013, considerando los datos de la contabilidad nacional del INE, con base en 2010(4), se muestra en el Cuadro siguiente:

 

VALORES NORMALIZADOS NIVEL RENTA PER CÁPITA 2013
DESCENSO RENTA PER CÁPITA 2011-13 MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO
MUY BAJO Madrid Rioja, la Balears, Illes
Cataluña
BAJO Castilla y León Castilla-La Mancha
Galicia
MEDIO País Vasco Aragón Com. Valenciana
Murcia
ALTO Navarra Canarias Andalucía
Extremadura
MUY ALTO Cantabria Asturias

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

Como se aprecia, hay que destacar la positiva evolución y situación relativa de Madrid y Cataluña, sobre todo, aunque también de La Rioja. En el otro extremo, destacan negativamente la evolución y situación relativa de Andalucía, Asturias, Canarias y Extremadura. Es importante señalar que tanto en la evolución de la renta per cápita como en la de riesgo de pobreza, han ido mejorando CCAA envejecidas y con mayor porcentaje de jubilados, ya que estos no se han visto sometidos a la fuerte caída de los ingresos que ha supuesto la pérdida de empleo, o el deterioro de sus condiciones económicas derivado de la crisis, y el posterior agotamiento de las ayudas sociales. Por el contrario, las CCAA más dependientes de la construcción (Illes Balears, Andalucía, Castilla la Mancha –en particular Toledo y Guadalajara- y Comunidad Valenciana) son las que han registrado un efecto más negativo en su dinámica por la crisis, sobre todo en el primer período 2008-2011.

Otras variables complementarias para considerar la evolución de la incidencia sobre la población (directa o indirecta) de la gestión de los respectivos Gobiernos regionales, son la evolución de la propia población (las migraciones muestran la necesidad de búsqueda de mejores condiciones de vida), la ocupación, el empleo, la evolución en el número de empresas y en la productividad.

La población en España registra un crecimiento continuado desde 1978 a 2008, produciéndose después una ralentización hasta 2011. Pero tras la reforma laboral del 2012 se incrementan los despidos y el paro de manera radical, empujando a grandes contingentes de inmigrantes a la vuelta a sus países de origen, una vez acabados los derechos al subsidio del paro o a las ayudas complementarias; e incluso obliga a emigrar a importantes contingentes de población española sin alternativa de trabajo aceptable en este país. Esta dinámica general se reproduce de manera más preocupante en los territorios con condiciones demográficas estructurales más negativas y en aquellas otras en las que el paro, fundamentalmente por la incidencia de la construcción y de la industria asociada a la misma, tiene una mayor relevancia. Comunidades Autónomas con saldo vegetativo negativo por mil habitantes ya muy elevado, y que por lo tanto necesitarían fuertes saldos inmigratorios para mantener su población, son Asturias, Galicia y Castilla y León; elevado Cantabria, País Vasco, Aragón y Extremadura; y medio: La Rioja y Comunitat Valenciana. En el otro extremo se encuentran, de mejor saldo a peor: Murcia, Madrid, Illes Balears y Andalucía. Adicionalmente, las tendencias en el saldo emigratorio actual por cada mil habitantes son máximas, indicando la peor posición posible, en: Cataluña; muy elevadas en Madrid, Comunitat Valenciana, Murcia y La Rioja; y algo elevadas en Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra. Sólo Canarias mantiene una tendencia muy ligeramente inmigratoria. El doble resultado es, en primer lugar, la pérdida total de población en España, entre 2011 y 2014, según los datos del INE (un 0,58% de la población total, de 1 de julio de 2011 a 1 de julio de 2014), y lo que es más importante, de población potencialmente activa entre 15 y 64 años (un 2,34% de la población total, de 1 de julio de 2011 a 1 de julio de 2014). Atendiendo a la normalización conjunta de esta última variable más la tendencia migratoria, obtenemos una tipología de CCAA desde la perspectiva de los cambios demográficos más significativos que se recoge en el Cuadro siguiente:

 

VALORES NORMALIZADOS EMIGRANTES POR MIL HABITANTES
POBLACIÓN 15-64 2011-14 MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
ASCENSO Canarias Andalucía
Balears, Illes
DESCENSO MUY BAJO Extremadura Murcia
DESCENSO BAJO Navarra Madrid
Castilla-La Mancha
Aragón
DESCENSO ALTO Galicia Cantabria Castilla y León Cataluña
País Vasco Com. Valenciana
DESCENSO MUY ALTO Asturias Rioja, La

Como se constata, Canarias, Andalucía, Las Illes Balears y Extremadura son las que mejor evolución han registrado en el período en términos de potenciales demográficos y tensiones emigratorias. En el otro extremo se encontrarían Cataluña, la Comunitat Valenciana y La Rioja.

La siguiente consideración se centra en dos de las variables más ligadas al mayor problema generado por la crisis: la ocupación y el paro. Con respecto a las variaciones en las cifras de ocupación entre el segundo trimestre de 2011 y el cuarto de 2014, en base a los datos de la EPA lo primero que hay que señalar es que existe una tremenda desigualdad en esas variaciones (coeficiente de variación de la distribución del 44%). Con una pérdida de ocupación para España del 5,7% en el período, el intervalo va desde el 9,8% de pérdida, para Castilla la Mancha, al 0,5% para Canarias. Atendiendo ahora a las variaciones en la tasa de empleo del INE para la población entre 15 y 64 años, a fin de mantener la coherencia del análisis con la evolución de dicha población antes considerada, la primera constatación es una disminución de la tasa en el período del 3,11% para el conjunto de España, ligada a un muy fuerte coeficiente de variación en la distribución regional (64%), casi un 50% superior al de la tasa de empleo, lo que muestra que en este apartado las diferencias regionales son aún mucho más elevadas, con un rango que va desde una disminución del 7,2% en Castilla la Mancha a un aumento del 0,3% en la Comunitat Valenciana. Atendiendo a la tipología resultante de la normalización de variaciones, obtenemos la tabla siguiente, en la que se aprecia la situación favorable de la Comunitat Valenciana, Illes Balears, La Rioja y Aragón, frente a la variación más desfavorable del País Vasco, Extremadura, Galicia y Castilla la Mancha.

 

VALORES NORMALIZADOS DESCENSO OCUPADOS EPA 2011-14
VARIACIÓN TASA DE EMPLEO MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
AUMENTO Com. Valenciana Rioja, La
DESCENSO BAJO Balears, Illes Madrid
Aragón Cantabria
DESCENSO MEDIO Cataluña Asturias
Navarra Castilla y León
Canarias Murcia Andalucía
DESCENSO ALTO País Vasco
Extremadura Galicia
Castilla-La Mancha

Los dos últimos factores a considerar van a ser la variación en el número de empresas y en la productividad aparente del empleo. Desde el punto de vista del número de empresas, entre el 1/01/2011 y el 1/01/2014 se pierden unas 130.000 empresas en España, que se concentran en el sector industrial, comercio y en la construcción, aumentando ya en el 2013 las empresas en el sector de los servicios sin comercio. Salvo en Navarra, donde la variación del número de empresas es muy reducida (+0,1%), por encima de la media nacional pierden empresas, de menor a mayor incidencia relativa: Cantabria, Andalucía, Comuninat Valenciana, Castilla la Mancha, Asturias y, sobre todo, el País Vasco. Pero el problema no es sólo que se pierden empresas, sino que uno de los graves problemas de la sociedad española es la estructura de estas empresas. Así, a 1 de enero de 2014, la estructura del sector empresarial sigue dependiendo tremendamente de las empresas sin asalariados (54% del total) o con uno o dos asalariados (30% del total), aspecto que explica en gran parte la reducida productividad empresarial española, asociada a la falta de economías de escala en su producción. Además, hay que señalar que en el período 2011-2013 crece el porcentaje de las empresas sin asalariados o con uno o dos asalariados, lo que da lugar a un decremento en la productividad del trabajo. Baste saber que en Alemania el número medio de asalariados por empresa es de 11,7, mientras que en España es de 4,7. Y que gran parte del incremento del número de empresas que se registra ya en 2014, se debe al paso de trabajadores asalariados a autónomos/empresarios sin asalariados. Lo que explica que, complementariamente, para 2011 y 2013, último año para el que se dispone de los datos (avance) de la Contabilidad regional del INE, la productividad aparente de los ocupados, calculada como el cociente entre el PIB a precios corrientes de mercado y los ocupados medios del año respectivo resultantes de la EPA, se haya incrementado en el período, no por el aumento del PIB, que disminuye en todas las CCAA salvo en las Illes Balears, que se incrementa ligeramente, sino por la mucho mayor caída del número de ocupados. El resultado es que la productividad aparente por ocupado crece en el período en España un 4,9%, con variaciones entre un 7,5%, para Castilla la Mancha, y un -2% para las Illes Balears. Evolución que muestra la paradoja de cómo el incremento de cierta ocupación (sector servicios de bajo valor añadido, construcción) o la pérdida de empleos puede hacer aumentar dicha productividad aparente que queda así como un indicador de obligada matización y desglose por sectores y tipos de ocupaciones y horas trabajadas. Consideraciones no viables de incluir en este artículo. En todo caso, la doble consideración normalizada de esta productividad aparente y de la evolución del número de empresas, sí completa, junto al conjunto de indicadores anteriores, una visión relativamente integrada de las consecuencias relativas de la gestión de los respectivos Gobiernos sobre las CCAA españolas. El Cuadro correspondiente sería el siguiente, donde se aprecia la positiva situación relativa de Galicia y la negativa de la Comunitat Valenciana y de Asturias.

 

VALORES NORMALIZADOS DESCENSO NÚMERO EMPRESAS 2011-2014
PRODUCTIVIDAD OCUPADO 2011-13 ASCENSO MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
ASCENSO MUY ALTO Castilla-La Mancha País Vasco
ASCENSO ALTO Galicia Andalucía
Extremadura
Cataluña
ASCENSO BAJO Navarra Madrid Canarias Murcia Cantabria
Rioja, La Castilla y León
ASCENSO MUY BAJO Aragón Com. Valenciana
Asturias
DESCENSO Balears, Illes

Realizada una normalización conjunta multivariable de los Indicadores de cambio considerados y de su variabilidad, los resultados que reflejarían el balance de la gestión de los Gobiernos de las distintas comunidades autónomas quedarían tipificados atendiendo al Cuadro siguiente. Como señalábamos al inicio del artículo, Canarias destaca por sus resultados y su relativa uniformidad en el signo de los Indicadores (escasa variabilidad). También destaca Madrid y las Illes Balears, aunque en las Illes los contrastes positivos y negativos de los Indicadores de cambio son mayores. Galicia y Murcia presentan una síntesis de resultados media, pero con una tremenda variabilidad entre los indicadores de cambio positivos y negativos. En el lado de los malos resultados destacan Asturias y Castilla la Mancha; y algo mejor Cantabria y Navarra.

 

VALORES NORMALIZADOS SÍNTESIS RESULTADOS RELATIVOS
VARIABILIDAD MUY BUENOS BUENOS MEDIOS MALOS MUY MALOS
BAJA Canarias Madrid Castilla y León Cantabria Asturias
País Vasco Castilla-La Mancha
Rioja, La
MEDIA Balears, Illes Andalucía Navarra
Cataluña
Extremadura
ALTA Aragón
Com. Valenciana
MUY ALTA Galicia
Murcia

Este país está muy poco acostumbrado a la objetivación de los resultados relativos de los respectivos Gobiernos. El actual Gobierno del partido popular se ha opuesto al intento de la Comisión Europea de integrar un conjunto de indicadores socioeconómicos en los seguimientos de la evolución de cada uno de los países; y ha hecho desaparecer el Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE), creado por el Gobierno Socialista en 2004 bajo gestión de la Universidad de Alcalá, para asegurar su independencia, porque no le interesa el conocimiento integrado de los resultados de sus políticas clientelares y de clase. Ahora nuevamente un grupo de investigadores, desde la Universidad, están intentando continuar el trabajo del antiguo OSE sin que este artículo intente suplantarlo en absoluto. Porque, obviamente, en este artículo ha habido que seleccionar los Indicadores que considero más representativos de cambios económicos regionales, pero no se han incorporado otros indicadores, fundamentales para valorar la gestión autonómica, que atañen al bienestar de los ciudadanos (equipamientos y dotaciones de bienes y servicios públicos), a los cambios ambientales y territoriales (balance de recursos, huella ecológica, biocapacidad y servicios de los ecosistemas, capital productivo disponible,…) o incluso indicadores económicos complementarios a los que se muestran respecto a los distintos sistemas de actividad, endeudamiento, etc… Es decir, ni están todos los que son, ni siquiera son todos los que están, en el sentido de que todo indicador tiene limitaciones en su definición o en su significado, aspectos que sería arduo de destacar en un artículo como el presente, aunque algunas referencias se hacen, en cada caso a dichas limitaciones.

(1) Hay que señalar que el INE ha realizado varios cambios metodológicos, tanto para considerar el nuevo censo de población de 2011, como cambiado la metodología para la Encuesta de 2013, introduciendo correcciones de los datos de la encuesta con la información administrativa disponible, y retrotrayendo esta información hasta la encuesta de 2009. El resultado de la homogeneización realizada por el propio INE lleva a evoluciones poco consistentes, con fluctuaciones difícilmente explicables como el aumento de más de un punto en el año 2008 de la tasa de pobreza. A efectos prácticos somos varios los expertos que nos inclinamos por mantener los datos previos a las correcciones, al menos para el fenómeno a nivel del conjunto del estado, aunque matizados con el uso de otros indicadores. En los datos corregidos por el INE existen divergencias con los datos de la Figura siguiente, también del INE, con base en 2001 y sin corregir.

(2) Respecto a la relatividad en la evolución temporal del AROPA, ésta sucede en mucha menor medida con algunos de los indicadores de carencia severa, y es nula en la medida de la intensidad en el empleo.

(3) Eurostat (2014) muestra que España ha incrementado su desigualdad en rentas de la población, medida por el coeficiente de Gini armonizado de la renta disponible de hogares equivalentes de la UE, desde 0,344 en 2010 a 0,350 en 2012 (2% de incremento en 2 años), convirtiéndose España en el segundo país más desigual de la UE.

(4) Hay que señalar que los últimos datos todavía no definitivos, para 2011 y 2013, con base en 2010, modifican la tipología realizada con base en 2008.