Una de las derivadas más lamentables del debate en bucle al que nos fuerzan los soberanistas catalanes tiene que ver con ese llamamiento periódico a la “desobediencia civil” respecto a la legalidad vigente, cuando la legalidad vigente no es del agrado de los soberanistas catalanes.

El líder de las CUP proclamó su disposición a la “desobediencia de la ley española” en la misma noche del 27 de septiembre, tras obtener diez escaños en el Parlamento catalán. Junqueras ha hecho uso recurrente de esta amenaza durante los últimos años. Ada Colau ya se proclamó partidaria de no obedecer lo que ella llama las “leyes injustas”. Y durante estos días el mismísimo Presidente de la Generalidad catalana, el máximo representante del Estado de Derecho en Cataluña, ha admitido públicamente entre risas que su desobediencia a las resoluciones de los Tribunal Constitucional tan solo supone una sana y pacífica “rebelión democrática”.

Lo primero que llama la atención del término “desobediencia civil” es el adjetivo. Puede que añadan el calificativo “civil” al sustantivo “desobediencia” para excluir del desafío a los catalanes que visten uniforme militar, o puede que quieran hacer entender que la “desobediencia” es una cualidad propia de los “civiles”, es decir, de las personas que ostentan la condición de ciudadanos. En cualquier caso es un despropósito, porque limitar a los militares el deber de sujección a las leyes resulta tan original como disparatado, y porque la condición de ciudadano se adquiere en la asunción de los derechos y deberes consustanciales al Estado de Derecho, cuya condición básica es precisamente el imperio de la ley.

Los argumentos de que hacen uso para intentar justificar lo injustificable esconden apenas unas convicciones dudosamente democráticas. El líder de las CUP se considera por encima de la ley al obtener el 8,2% de los votos y diez escaños en las elecciones autonómicas de Cataluña. ¿Un 8% de los votos le otorga la facultad de ignorar las leyes? ¿Con qué privilegios se creería si obtuviera el 18% o el 28%? ¿Se proclamaría emperador? Muy peligroso.

Inaceptables son también las justificaciones de los alcaldes Colau y Junqueras. Llaman a desobedecer las leyes que entienden “injustas”. ¿Y quiénes están facultados para establecer la “justicia” o la “injusticia” de las leyes si no son los representantes democráticos de la ciudadanía en los Parlamentos donde se hacen las leyes? ¿Puede cualquier ciudadano establecer la “injusticia” de una ley para ignorarla? ¿Puede hacerlo cualquier alcalde respecto a las leyes autonómicas y estatales? ¿Lo puede hacer un cargo público socialista respecto a una ordenanza municipal de Barcelona? ¿O este privilegio es exclusivo de los políticos soberanistas en Cataluña?

La “rebelión democrática” de Artur Mas movería a la hilaridad si no estuviéramos hablando del llamamiento a saltarse el Estado de Derecho por parte del Presidente de una Comunidad Autónoma con siete millones de habitantes. Más allá de la mala intención y de la torpeza de los dirigentes del PP, que han hecho de la imputación al discípulo de Pujol por el 9-N un sainete político inaceptable, la respuesta de Mas es profundamente antidemocrática. El convergente explica su desafío a los tribunales de Justicia por su pretendida politización y por su personal interpretación de la “voluntad de Cataluña”. Se han hecho muchas barbaridades en el mundo por parte de iluminados que se consideran con derecho a saltarse la ley para cumplir la supuesta voluntad del pueblo que se creen llamados a salvar.

Contraponer ley y democracia, o la ley con la voluntad de la gente, o la ley y el derecho de los pueblos, es una barbaridad. Porque la ley es la garantía fundamental para la convivencia democrática. Porque no hay democracia sin ley. Y porque sin respeto a la ley, volvemos al estado de naturaleza y al sometimiento a la voluntad del más fuerte. Las leyes se pueden criticar y se pueden cambiar. Pero llamar a la desobediencia de la ley no es moderno, ni progresista, ni democrático, ni “guay”. Es contrario a la democracia. Y es peligroso.

A la luz de tales argumentos, resulta legítimo plantearse qué ocurriría si yo mismo acudiera mañana a Badalona, donde gobierna la CUP, y decidiera pintar todos los semáforos con los colores de la bandera rojigualda porque he recibido cientos de miles de votos de ciudadanos españoles. O qué pasaría si decido instalar mi tienda de cómics de segunda mano en el vestíbulo del Ayuntamiento de San Vicençs, del que es Alcalde Oriol Junqueras, porque me parece un munícipe arbitrario. O qué opinión tendría Ada Colau si aparco mi coche en el centro de Barcelona ignorando sus normas, porque me parece injusta su política de estacionamiento limitado. O qué diría Artur Mas si decido no pagar las multas justificadas que me impongan los Mossos catalanes porque no me gusta el destino que el Gobierno separatista da al dinero público.

Sería ilegal, claro. Y sería absurdo. Y sería rechazable. Como la “desobediencia civil” que enarbolan irresponsablemente Mas, Junqueras, Colau, Baños y compañía.