La intencionadamente abstrusa redacción del documento del Gobierno – “Diálogo Social sobre actuaciones en el mercado de trabajo”, apartado sobre la contratación indefinida – no permite sacar unas conclusiones definitivas del modelo de despido que plantea el Gobierno. Aunque posteriores declaraciones del Presidente del Gobierno y de otros miembros del mismo, las filtraciones de las explicaciones que se han dado en algunas reuniones y las interpretaciones que se han hecho circular subrepticiamente han dado mayores elementos de análisis sobre lo que se pretende hacer.

Tal y como yo entiendo la lógica de la propuesta del Gobierno sobre los despidos laborales, sus elementos esenciales son los siguientes:

i) se quiere generalizar el contrato de fomento de la contratación indefinida existente desde 1997 y que tiene una indemnización de 33 días;

ii) ampliando, para ello, su aplicación – restringida, hasta ahora, a algunos colectivos – a prácticamente la totalidad de los trabajadores;

iii) se pretende conceder, también a este tipo de contrato, los beneficios que la ley 45/2002 concede a los despidos disciplinarios improcedentes (de 45 días de indemnización). Es decir, la supresión de los salarios de tramitación cuando el empresario reconoce la improcedencia del despido por causas objetivas y deposita la indemnización correspondiente que, en el caso del contrato de fomento, sería de 33 días. Este beneficio, hasta ahora, había sido rechazado por las sentencias de los tribunales de justicia en este tipo de contratos. De tal manera que la inmensa mayoría de los empresarios han venido optando por recurrir directamente al despido improcedente de carácter disciplinario, para poder beneficiarse de la supresión de los salarios de tramitación;

iv) además, para hacer más barato el coste del despido para las empresas éste se situaría en una indemnización de 20 o 25 días (equivalente o muy próxima a la que tienen establecidos los despidos por causas objetivas). El trabajador seguiría percibiendo una indemnización de 33 días y la diferencia entre lo que éste percibe y lo que pagarían las empresas lo costearía el Fondo de Garantía Salarial. Este fondo ha sido financiado hasta el presente exclusivamente por las empresas y se aplicaba para financiar en un 40% los despidos de las empresas de menos de 25 trabajadores. Según la nueva propuesta, en el futuro, sería financiado, a partes iguales, por las empresas y por el Estado y aplicado a todo tipo de empresas. Con una posible variante: si el Gobierno acepta la petición empresarial de reducir las cotizaciones empresariales por desempleo, estaría financiando, indirectamente, la aportación de las empresas al fondo de financiación de los despidos.

El Gobierno ha cambiado de pronto de posición y ha terminado admitiendo que el coste del despido es el principal problema del mercado laboral. Contradice así lo que han venido declarando el Presidente y los miembros del Gobierno hasta hace un par de semanas, y desoye informes recientes que indican que en España el despido es muy fácil.

En efecto, según el Banco Mundial (BM), España se encuentra entre los países europeos donde es más fácil despedir: de acuerdo con el índice elaborado por el BM, la dificultad de despedir representa en nuestro país un valor de 30 sobre 100. Sólo en cuatro países de la Europa-15 es más fácil despedir, según los datos de dicho organismo. A su vez, la OCDE indica que España es su país miembro donde más se ha reducido, en los últimos 20 años, la severidad frente al despido. En la evaluación global, incorporados los costes económicos, que realiza esta institución internacional se señala que España se sitúa en la media europea. Mientras que, por ejemplo, Alemania – tan bien considerada – se encuentra clasificada en los primeros lugares respecto a los costes/impedimentos para despedir. A su vez, el último informe, de la UE sobre el Empleo en Europa, de 2009, compara el grado de flexibilidad externa (contratación, despido y rotación laboral) en el funcionamiento del mercado laboral durante el período 2002-2007. Tal informe muestra que, en todos los indicadores, España se encuentra en las primeras posiciones de la UE: los primeros en la tasa de contrataciones (por el exceso de contratos temporales), los terceros en la tasa de despidos (por la facilidad de despido de los indefinidos) y los segundos en la tasa de rotación (por ambas causas).

Pese a tales datos, la propuesta del Gobierno acepta conceptualmente que lo esencial para arreglar nuestro precario, volátil y segmentado mercado de trabajo – y también para salir de la crisis – es la reducción del coste del despido para las empresas. Toda una concesión teórica. Una vez más, se acaba proponiendo rebajar el coste del despido como la gran panacea: se deduce que eso, y nada más que eso, es lo realmente importante. Ello, sin embargo, no va a servir para solucionar, en mi modesta opinión, los problemas de nuestro modelo laboral. Muy probablemente contribuirá a consolidarlos, reforzarlos y empeorarlos.

Desde la crisis económica de los primeros años 90, en España se ha reducido muy fuertemente el precio real del despido. Lo que, sin embargo, no ha supuesto que, enfrentado a esta nueva crisis, nuestro mercado laboral haya reaccionado mejor. Al contrario, como es lógico al reducir el precio del despido, la pérdida de empleo en relación con la caída del PIB ha sido mayor, la segmentación entre temporales y fijos apenas si ha variado porcentualmente, al tiempo que se ha extendido estructuralmente, y el sistema económico no ha ganado en productividad, sino al contrario. ¿Por qué, en adelante, una nueva reducción del coste del despido va a producir efectos diferentes?

Estados Unidos, España e Irlanda son los países en los que el paro ha aumentado en una proporción mucho mayor que el retraimiento del PIB. En ello ha influido muy poderosamente su mayor desregulación laboral. En EEUU el desempleo – aunque los costes económicos del despido sean, con carácter general, prácticamente inexistentes – se ha duplicado y, en España, más que duplicado, pese a tener indemnizaciones por despido muy superiores. ¿Por qué? La explicación es inseparable del hecho de que ambos países se encuentran – allí literalmente y aquí “de facto” – entre los más desregulados laboralmente de la OCDE.

Si la lógica de lo que plantea el Gobierno se aplica en toda su extensión, la situación de nuestro mercado de trabajo no va a cambiar a mejor. Supondría, por el contrario, un nuevo paso en la desregulación que se ha ido acumulando tras las sucesivas reformas que se han realizado desde 1980. A través de las mismas se ha conseguido un mercado laboral español caracterizado por una paradójica singularidad: una regulación desregulada. O, mejor, una regulación desactivada:

– Los contratos temporales son, según la ley, causales – contratos temporales para trabajos temporales – pero la realidad es que masivamente los contratos temporales se realizan para actividades estructurales y fijas.

– Existen despidos por causas objetivas (por razones económicas, tecnológicas, organizativas o por circunstancias de la producción) con una indemnización de 20 días. Sobre todo tras la reforma de 2002, estos despidos casi no se utilizan porque las empresas prefieren recurrir –salvo que se encuentren al borde de la suspensión de pagos – al despido disciplinario improcedente que cuesta 45 días.Evitan así justificar el despido.

– Los despidos están sujetos al control jurisdiccional. Pero, tras la supresión de los salarios de tramitación, la tutela judicial se ha convertido en superflua e inoperante.

– Los despidos sometidos a expediente de regulación de empleo, que están sujetos al control administrativo y a la negociación con los sindicatos, están en vías de convertirse en una excentricidad, ante el ahora ya totalmente extendido recurso empresarial al despido improcedente.

Si se aplica la lógica de lo que plantea el Gobierno todo ello puede seguir igual, pero empeorado por dos variaciones: los despidos improcedentes les costarán a las empresas lo que dice la ley que les deberían de costar los que se realizan por causas objetivas: y contarán, eso sí, con la ayuda de la financiación pública. Ambos factores facilitarán aún más el despido; y el despido disciplinario improcedente de 45 días de indemnización tenderá también a convertirse en una pieza de museo, con lo que la indemnización real para los trabajadores decrecerá.

Se dice que los trabajadores no van a ver mermados sus derechos. Creo que esa es una afirmación inexacta. La indemnización del despido improcedente va a pasar a ser, de hecho, de 33 días en lugar de 45 por lo que acabo de señalar anteriormente. Y esa diferencia la van a perder los trabajadores fijos que sean despedidos. En términos de garantías, se va a imponer, en la práctica, el modelo que siempre han defendido la patronal y los teóricos a su servicio: el despido por “motivos empresariales”. Así como hubo un tiempo en que algunos socialistas defendían que socialismo era “lo que hacían los socialistas”, ahora parece que estamos a punto de aceptar que la causa del despido es la que aduzca el empresario, sea la que sea. Porque, se dice, es al empresario y no a los jueces o a la administración laboral al que le corresponde saber cuándo un despido es justificado. Esa menor seguridad jurídica, también la pagarían los trabajadores.

Tampoco van a ganar mucho los trabajadores precarios con la propuesta del Gobierno. Pese a todo el discurso sobre la segmentación del mercado laboral y la situación de los pobres precarios que sólo cobran 8 días de indemnización a la extinción de su contrato, no se propone equipararles, por ejemplo, la indemnización a la nueva que se quiere establecer para los fijos. Ni establecer controles, públicos y sindicales, para que si los contratos temporales no se ajustan a la causalidad que marca ahora la ley, se consideren realizados en fraude de ley y sean convertidos, por tanto, en indefinidos.

Por otro lado, denominar austríaca a esta reforma es una mixtificación. Allí, el fondo para despidos lo financian exclusivamente las empresas y se abre una cuenta individual de capitalización para cada trabajador. Tampoco se hacen, como aquí, 17 millones de contratos cada año, con el consiguiente baile inmanejable que supondría la transferibilidad de esos derechos de un empleo a otro. Además, a los trabajadores austríacos no les ha debido de gustar demasiado el nuevo sistema implantado en 2003: de hecho, sólo una muy exigua minoría de los contratados con anterioridad a esa fecha se han pasado al nuevo sistema.

En fin, si es esta la reforma que está detrás de la nada transparente proposición gubernamental, es probable que tampoco le vaya a resultar al Gobierno muy rentable políticamente. En primer lugar, ya ha pagado un precio aceptando que, en realidad, el problema está en el coste del despido. Segundo, si tiene que reinterpretar lo que ha dejado entender, y las consiguientes expectativas suscitadas en la prensa conservadora (es decir, en estos temas, prácticamente toda), va a pagar también un precio bastante alto. Si, por el contrario, la lleva adelante parece más que probable que no vaya a poder consensuarla con los sindicatos, con lo que el Gobierno perdería uno de sus principales activos durante la crisis: la paz social. Y a los sindicatos, obligados a algún tipo de reacción, tampoco les beneficia perder al único aliado que han tenido hasta ahora en la Presidencia del Gobierno, frente a todas las embestidas para desactivar aún más la ya virtual regulación laboral de nuestro país. En fin, un mal negocio.