La movilización ciudadana que ha tenido lugar en Puerto Real para exigir el mantenimiento del empleo frente a la arbitraria decisión de los directivos que gestionan Delphi ha puesto sobre el tapete una serie de problemas que UGT-Madrid viene denunciando desde hace años. En esta ocasión, como en otras menos conocidas, los gestores se han beneficiado de ayudas públicas por valor de 62 millones de euros, inversión que la Junta de Andalucía ejecutó para favorecer la viabilidad de una iniciativa empresarial que esperaba causara beneficiosos efectos, no conviene olvidarlo, en la provincia española más deprimida económicamente.
En este sentido, y siempre con el horizonte de favorecer la consolidación de estructuras productivas sostenibles, UGT-Madrid ha venido defendiendo la incorporación a la agenda de los gobiernos una serie de propuestas concebidas para combinar las iniciativas locales, regionales y nacionales con una estrategia de inspiración internacional. Tres de estas conclusiones respetan en lo esencial las recomendaciones formuladas en la Conferencia de Singapur celebrada en 1996: el reconocimiento del derecho y la función de negociación colectiva, así como los de información y consulta, a los comités de empresa, principalmente en materia en reestructuraciones supranacionales; la devolución por parte de las empresas de las ayudas públicas concedidas en caso de incumplimientos; y la vinculación de la responsabilidad social con la puesta en marcha de políticas anticipatorias de empleabilidad, que establezcan, en su caso, sistemas de apoyo a la recolocación y a la reconversión de los trabajadores, sin olvidar la formación continua a lo largo de toda la vida laboral.
Delphi viene a confirmar una sospecha: de continuar por la senda omnímoda que marcan los apologistas de la autorregulación de los mercados, asistiremos, más pronto o más tarde, a una crisis de legitimación de las democracias actuales.
