OLVIDAR LAS POLÍTICAS FRACASADAS

Para aproximarse a la respuesta, creo que lo primero es afirmar que las políticas seguidas hasta ahora ya no sirven. Creo que se ha abierto un nuevo escenario que, se mire como se mire, supondrá que el Estado en España se convertirá en el primer banquero del país; de hecho ya era así, con las entidades nacionalizadas y la incorporación a las mismas del grupo Bankia, pero ni se tenía conciencia de ello ni existía proyecto alguno para gestionarlas: se pensaba que era una situación transitoria, que terminaría por descargar al Estado de sus compromisos en plazo breve. Esa apreciación ya no es sostenible y por eso deben cambiar las políticas en la materia. No existen agentes ni recursos privados que puedan exonerar al Estado de asumir, con todas sus consecuencias, las obligaciones de gestión que se derivan de ser el propietario de un importante grupo de entidades bancarias. El rescate aprobado con fondos públicos europeos es prueba incontestable de lo afirmado.

Hay un antes y un después en ésta malhadada reestructuración financiera de España ¡Cuántos hoy lamentarán no poder regresar a la situación anterior a las concentraciones bancarias de los pasados tres años y poder hacer las cosas bien con entidades manejables y no sistémicas! Desgraciadamente, no es posible, pero sí lo es evitar que el fenómeno siga creciendo. Hay que tascar el freno, reflexionar y poner sobre la mesa una nueva política y un proyecto nacional que comprenda el saneamiento y la mejora de la gestión del sistema crediticio, junto con la elaboración de políticas públicas en materia de suelo y vivienda para hacer rentables, social y económicamente, las grandes masas de activos inmobiliarios en poder del sistema. A todo eso habrá que añadir las sinergias que se deriven de las participaciones industriales de las entidades nacionalizadas. Es bastante más que un mero plan de saneamiento empresarial.

NACIONALIZACIONES INEVITABLES Y NECESARIAS

Creo que ya no hay excusas para decidir la nacionalización parcial o total de los grupos bancarios que necesiten capital. No es tiempo de seguir con las dilaciones de las políticas anteriores, los préstamos FROB o los llamados bonos convertibles de la reciente reforma financiera. Eran trampas en el solitario, porque ninguna de las entidades que han accedido a esos instrumentos podrá devolver los recursos en tiempo y forma. La depresión económica de España y las dificultades del negocio bancario lo impiden. Si, además, las exigencias de provisiones se acrecientan, qué más pruebas queremos. No reconocerlo así, sería, desde mi punto de vista, una grave dejación de responsabilidad que ya no nos podemos permitir.

Hablar de subastas o de privatizaciones a medio plazo y de cuadernos de venta parece un insulto a la inteligencia colectiva. O, como hacen otros, decir que no quieren que cueste un euro a los contribuyentes, sin caer en la cuenta de que ese es el final de una historia que acaba de empezar y que de como se conduzca se podrá lograr ese propósito. Pasarán bastantes años antes de eso. A mi juicio, la mejor manera de tranquilizar a los contribuyentes y a quienes nos han aprobado el empréstito será la presentación de un proyecto estratégico y de negocio de alcance nacional, para demostrar que somos una nación seria, que está dispuesta a no repetir los errores de años de mal gobierno.

LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO Y DE LA ECONOMÍA

Para evitar equívocos conviene reafirmar que los españoles nos enfrentamos no a una crisis coyuntural más o menos larga y profunda sino a la tarea de reconstruir nuestro Estado y nuestra economía. Puede pensarse, al mirar arriba, que es mucho arroz para tan poco pollo, y para los descreídos de lo público será chocante que esa tarea la tenga que capitanear el Gobierno, éste u otro, y el resto de los poderes públicos, pero la falta de densidad de la sociedad civil y la inhibición probada del capitalismo castizo español lo hacen inevitable. Vuelvo a repetir, el rescate es la prueba.

Ya sé que pensar en un Estado gestor, que esté dispuesto a poner la potencia de la mayoría de las entidades bancarias de su propiedad al servicio de una política crediticia adecuada a las necesidades del país, suscitará amplias reservas y hostilidad, sobre todo de aquellos que esperan beneficios de un hipotético desmantelamiento de sus competidores. Craso error, porque la puesta en almoneda de gran parte del sistema crediticio ahondará la depresión económica y perjudicará también a quienes se creen inmunes al desastre. Solo basta mirar lo que ha ocurrido el último mes con las cotizaciones bursátiles de toda la banca y grandes empresas españolas y con la prima de riesgo, para concluir en lo que es el punto y aparte de la ayuda europea.

Hay momentos y circunstancias en los que los Estados tienen que ser sombrillas protectoras para la sociedad e instrumentos para superar trances críticos. Estamos en uno de ellos, que se ha producido en parte por la ausencia de los Estados. No es una cuestión ideológica, es algo más: la defensa del interés nacional.