El crecimiento de la morosidad es lógico en una situación económica como la que estamos viviendo, pero, en conjunto, no será el factor determinante para dañar significativamente las cuentas de resultados del ejercicio recién comenzado. Lo que, en mi opinión, será más dañino para los resultados de Bancos y Cajas es el desplome de la actividad normal, por la reducción a mínimos de la concesión de préstamos y créditos, y la recepción de activos, fundamentalmente inmobiliarios, en pago de deudas, cuyo valor real, en la mayoría de los casos, estará muy por debajo del asignado en los balances.

Las Autoridades, con buen criterio, han asumido la necesidad de adoptar una actitud benevolente en materia de provisiones y adecuación de los activos contabilizados a su valor de mercado. Y es lógico que sea así, porque, de lo contrario, las necesidades de recursos propios serían inimaginables. Sólo un dato para la reflexión: el montante de créditos y préstamos para suelo y promociones es algo superior a 300 mil millones de euros con lo que una hipotética devaluación del 20% dejaría tiritando los recursos propios de todo nuestro sistema crediticio.

Pero la benevolencia en materia contable tendrá una eficacia limitada, si no se reanuda la actividad crediticia normal, que es la fuente de recursos para sostener la estructura de bancos y cajas, cuya dimensión no se podrá reducir ni fácil ni rápidamente. Por ello, es imperioso estimular su actividad, aunque solo sea por instinto de supervivencia. De lo contrario, ni siquiera la recapitalización será suficiente para mantener un determinado número de entidades. Recapitalización en la que el Estado tendrá bastante que aportar y que decir: si el dinero público acude a la llamada, como es previsible, la contrapartida necesaria es la asunción de responsabilidades de administración y gestión en los Bancos y/o Cajas afectados.

En el caso de los Bancos, la participación pública en su administración vendría determinada por el porcentaje de la ayuda recibida, y en el caso de las Cajas, que, en la práctica, son entidades cuasi públicas, el Poder Central, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, recuperaría en exclusiva el protectorado y tutela de las mismas con el concurso inequívoco del Banco de España en materia de supervisión, abrogando el modelo actual de sometimiento a las Comunidades Autónomas.

La recuperación de un modelo homogéneo de gestión y administración del sistema financiero con la participación activa del poder público en el mismo sería, a mi juicio, el paso necesario y urgente para responder al clamor social en pro de la reanudación de la actividad crediticia, que es la justificación del enorme esfuerzo impuesto a los ciudadanos para evitar males mayores.

No se trata de estimular la controversia acerca de si nacionalización sí o no, sino de aplicar la inteligencia a una realidad desgraciada que hay que superar, porque la política de aportar recursos sin participar en la administración de los mismos carece de justificación doctrinal y jurídica, y no digamos cuando tales recursos son de los contribuyentes.