Sus desafortunadas declaraciones sobre la filiación política de los profesionales de la Agencia, o sus acusaciones sin pruebas en torno a la supuesta presión de algunos medios de comunicación para obtener trato de favor, resultan tan graves como insólitas. Pero da la sensación de que se trata tan solo de una maniobra burda de distracción, para ocultar el debate público sobre los problemas de fondo puestos al descubierto en las últimas semanas, precisamente a través de aquellos profesionales y estos medios de comunicación.

Mientras entretiene a la opinión pública con sus pulsos mediáticos y con polémicas absurdas sobre cuántos socialistas hay en la Agencia Tributaria, Montoro elude ofrecer explicaciones sobre las cuestiones más mollares. Aún no conocemos el listado de los beneficiarios por la lamentable amnistía fiscal con la que Hacienda premió a unos cuantos defraudadores, entre los que se encontraba Luis Bárcenas, ex tesorero del PP encarcelado por corrupción. Tampoco se ha aclarado por qué la dirección política de la Agencia decidió anular la multa de 450 millones de euros impuesta a una multinacional cementera que simulaba pérdidas para no pagar impuestos.

Oculto tras la espuma de sus shows mediáticos, el Ministro de Hacienda no explica por qué la Agencia Tributaria ha enviado un informe al Tribunal que juzga el caso Bárcenas defendiendo la pertinencia de las exenciones fiscales para las donaciones ilegales al Partido Popular. Y nada sabemos tampoco sobre las razones que han llevado a la misma Agencia a corregir el criterio negativo de la Abogacía del Estado sobre la legalidad de algunas facturas emitidas por la Infanta para eludir, supuestamente, sus responsabilidades ante el fisco. De hecho, cada vez somos más los españoles que sospechamos que las destituciones y relevos en el fisco tienen menos que ver con la ideología que con la obediencia exigida para con los manejos espurios de Montoro y sus secuaces.

La Agencia Tributaria del Estado ejerce una función extraordinariamente importante: garantizar que todos los españoles cumplen sus obligaciones legales ante la caja común, con igualdad de trato. La credibilidad y el prestigio de la institución resultan básicos para la legitimación de sus normas, de sus inspecciones y de sus sanciones. ¿Cómo exigirán los inspectores de Hacienda a cualquier ciudadano el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales mientras existan dudas fundadas de que la dirección política de la Agencia Tributaria lleva a cabo sus nombramientos por criterios ajenos a la profesionalidad, o de que las multas se ponen y se quitan en función de motivos inconfesables?

La historia más reciente de la Agencia Tributaria es la historia de un despropósito tras otro. Algunos son de forma, como la vulneración del deber de sigilo que establece la ley tributaria para los expedientes concretos. Otros son muy de fondo, como las destituciones de más de 300 profesionales no afectos al régimen instaurado por Montoro, las amnistías o las multas de ida y vuelta.

Cristóbal Montoro merece la destitución inmediata, porque en su propio lenguaje y aunque cada día nos de a entender que piensa firmemente lo contrario, los españoles “no somos g……..”.