La variable macroeconómica más significativa en 1977 era la inflación. Cuando en el verano de aquel año se inicia la negociación de los Acuerdos, la “aceleración” de la inflación superaba el 40%. De hecho terminó en el 26,4%. En 2009 el problema ha sido la deflación. En otro sentido, el desempleo iba entonces a más, pero no sobrepasaba el 7%. Hoy se sitúa cerca del 20%. En fin, aunque sobre otras variables puedan establecerse coincidencias, como es la falta de competitividad, el déficit comercial y algunos otros capítulos, lo cierto, hay que repetirlo, es que no son similares los escenarios. Fundamentalmente porque el trasfondo de los Acuerdos de La Moncloa era asentar la democracia, en un período donde estaba viva la nefasta herencia que en lo político, económico, social, laboral y jurídico nos había dejado la dictadura franquista. En un contexto donde, además de la crisis económica, el golpismo militar y el terrorismo campaban por sus respetos.

El mayor fruto de aquel consenso fue la Constitución. Los Acuerdos contenían multitud de compromisos para la modernización del país en todos los terrenos, desde el fiscal, pasando por el industrial, siguiendo por el modelo de Seguridad Social, continuando por la educación y terminando, por citar un ejemplo más del amplísimo índice de materias abordadas, por la reforma del Código de Justicia Militar. Había partidas duras, como fue el ajuste salarial, pero contrapartidas muy importantes, que sentaron las bases del notable salto adelante que hemos dado como país.

Nuestra democracia está hoy consolidada. Si algo la aqueja es el descrédito que ante la ciudadanía tiene alguna de sus instituciones, empezando por los propios partidos políticos. Pero nadie en su sano juicio piensa en una involución, asunto que en 1977 planeaba sobre el panorama político. En fin, estamos en una España distinta.

La propuesta de Zapatero busca corresponsabilizar a las fuerzas políticas en un duro plan de austeridad, cuyo emblema podría ilustrarlo ese anunciado recorte de 50.000 millones de euros en el gasto público a lo largo de lo que queda de legislatura. Los cuatro ejes de la propuesta negociadora pueden dar de sí todo lo que se quiera, pero, a priori, se han excluido temas tan enjundiosos como el de los impuestos, las pensiones y la reforma laboral, estos dos últimos con el argumento de que van por otras vías. De lo cual se deduce que el meollo del pacto político es ofrecer una imagen de entendimiento entre los partidos que genere confianza en el exterior, especialmente en los mercados financieros. No es mala cosa, sobre todo si aquí se hiciera una reforma financiera que permitiera un mayor flujo del crédito, lo que no parece tarea fácil. Pero a un año de las elecciones autonómicas y municipales y a dos de las generales, a nadie puede extrañar que el principal partido de la oposición se resista a comprometerse en una operación de dudosos resultados. Porque mejorar la imagen de nuestro país es importante, pero no va a evitar que durante algunos años la cifra de cuatro millones de parados aparezca en nuestras estadísticas. Y con un plan de austeridad de por medio y sin signos realistas de mejorar los ingresos públicos, lo que se nos viene encima son recortes sociales.

Quizás lo más aconsejable es que el Gobierno coja el toro por los cuernos y adopte las decisiones que considere deberían tomarse. La gente sabe que estamos en época de vacas flacas y hasta puede agradecer el ver firmeza y oraje en quien les gobierna.

Ya veremos en qué queda todo esto. Lo que sí cabe añadir es que los Acuerdos de La Moncloa inducían más al optimismo.