Sin embargo, creo que los municipios deberían afinar al máximo las razones que les asisten, no quedarse ni única ni principalmente en los euros que reclaman y separar la paja del trigo entre los peticionarios. Me explico.
Razones las hay sobradas. Pero debe evitarse que la opinión perciba que determinadas políticas que los ayuntamientos llevan a cabo en temas tan claves para la cohesión y la solidaridad (como vivienda, igualdad o inmigración) se hacen a desgana, por una obligación derivada de la dejación de otras administraciones. Hay quienes lo ven así y lo entienden como una carga para su gestión que lastra sus supuestos afanes de modernidad. Muchos alcaldes del PP se sitúan en esa posición, de forma que si atienden poco y mal esas cuestiones es para evitar males mayores u obligados por la presión política y social.
Ello me lleva a las reivindicaciones. Los ayuntamientos necesitan más ingresos. Pero la respuesta a tal demanda requiere contestar tres preguntas complementarias: ¿en base a qué fuente legal?, ¿de dónde? y ¿para qué? La FEMP tendría que acentuar que no pide una dádiva para salir del paso, sino una reforma estructural que solo puede venir de un cambio legal: revisar la distribución de competencias derivada de la Constitución para que lo que hoy hacen de facto los municipios se haga mañana aplicando el principio de subsidiariedad, lo que garantizará siempre los dineros para llevarlo a cabo. Tampoco es muy acertado transmitir el mensaje de que los recursos imprescindibles quieren conseguirse en base a subir impuestos: con una redistribución competencial, los fondos pueden obtenerse sin aumentar la presión fiscal, por ejemplo, desde los presupuestos de las autonomías –paremos el centralismo autonómico-. Pero es sobre todo interesante responder que los nuevos fondos servirán para impulsar el papel de los entes locales como redistribuidores sociales, como administraciones cercanas preocupadas en incrementar la calidad de vida de la mayoría ciudadana en entornos saludables y como factor de cohesión del país.
Vayamos ahora a los peticionarios: la unanimidad no puede esconder las diferencias. Tomemos el caso de Gallardón: ahí le tenemos pidiendo más dinero para Madrid. El caso es que él ya ha aumentado los impuestos de forma exorbitante sin reivindicar fondos a la Comunidad y no tiene ninguna intención de invertir los nuevos ingresos en políticas redistributivas, sino pro domo sua. Por eso hace falta que los recursos pedidos por la FEMP se concedan sobre una atribución legal de nuevas competencias a los municipios que obligue a actuaciones de cohesión económica, social y territorial. De lo contrario, mientras Castro sigue cumpliendo en ese sentido, otros como Ruiz-Gallardón obtendrán más dinero subiendo los impuestos de forma no progresiva no para aplicar la ley de dependencia o abrir poliderportivos, sino para construirse su Gotham particular en el Palacio de Correos. Por eso hacen falta terapias legales frente a virus oportunistas.
