Según el “Informe Mundial sobre la discapacidad” del año 2011 más de mil millones de personas (el 15% de la población mundial) viven con algún tipo de discapacidad, de las cuales 110 millones padecen una “discapacidad grave”. En España, según la última “Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia” nos situamos en una cifra de tres millones ochocientas mil personas (el 59,8% son mujeres y el 58% tiene más de 64 años) y más de setecientas mil sufren “discapacidad severa”
La evolución de los datos refleja una tendencia in crescendo del número de personas con discapacidad en el mundo, debido al envejecimiento de la población y al aumento global de problemas crónicos de salud como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los trastornos mentales y los accidentes.
En España cuando las discapacidades se manifiestan antes de la edad de jubilación, generalmente se encuentran asociadas a las condiciones de vida y laborales de los sectores sociales con menores niveles de renta y formación, conformando un círculo vicioso entre la discapacidad y la pobreza versus exclusión social. Prueba de ello es que la tasa de discapacitados en los hogares españoles cuyos ingresos están por debajo de los mil euros mensuales es del 8,4%, a diferencia de lo que sucede en los hogares con ingresos superiores a los 2.500 euros/mes (2,4%). Por otro lado, el 7% de los discapacitados en edad laboral son analfabetos (el 1% de la población general); una cuarta parte no ha finalizado sus estudios primarios y un 12% tiene estudios superiores (frente al 26% de la población en su conjunto).
Estas circunstancias conllevan que la tasa de empleo entre los discapacitados sea tres veces menor que la del conjunto de la población, duplicando la tasa de paro respecto a la población sin discapacidades (20,3% frente al 9,2%).
Otro factor exclusógeno que afecta con especial intensidad a las personas discapacitadas es su mayor aislamiento social. No en vano la falta de amigos afecta al 10%-15% y se duplica entre aquellos que padecen limitaciones mentales o múltiples, en contraste con una mayor intensidad en las relaciones con sus redes familiares más próximas.
Es decir la discapacidad es en sí misma un factor de exclusión social de primer orden, que conlleva la vivencia de numerosas desventajas y una cierta imposibilidad general del disfrute pleno de los derechos de ciudadanía. Pero si la discapacidad tiene lugar en un contexto familiar, con recursos económicos escasos y bajo nivel formativo puede conducir a quien la padece a una situación de exclusión social de enorme profundidad.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ha sido de gran importancia de cara a la contención de los procesos de exclusión social entre las personas dependientes y/o con discapacidades, existiendo en estos momentos un total de 741.713 beneficiarios. Sin embargo, un tercio de los dependientes se encuentran a la espera de recibir la prestación, como consecuencia fundamentalmente de las dificultades derivadas del modelo de financiación y la preferencia por parte de las familias de recibir la prestación económica para cuidados no profesionales frente a los servicios profesionalizados.
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad), aprobada en 2006 por Naciones Unidas, trata de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto a su dignidad inherente”, y aunque muchos países han adoptado medidas para mejorar la vida de estas personas, todavía queda mucho camino por recorrer. Posibilitar su acceso a los servicios convencionales, invertir en programas para atender sus necesidades, adoptar planes de acción nacionales/internacionales sobre discapacidad, asegurar su participación en la sociedad, mejorar la capacitación de los profesionales que trabajan con estas personas, fomentar la sensibilización pública hacia la discapacidad y mejorar los datos disponibles sobre esta problemática e investigar sobre la misma son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que deberían potenciarse.
