Para asegurar este pacto, los partidos políticos apelan, no confiando en la simple lealtad de las personas, a una institución llamada disciplina de voto.
Mediante la disciplina de voto, el cargo público está obligado a votar cualquier cosa que determine el partido, independientemente de que dicha cosa estuviera contenida en el compromiso previo o fuera sobrevenida.
Esta figura ofrece ventajas frente a la institución del voto en conciencia ya que no hace falta ni conciencia ni la puesta en funcionamiento de ningún mecanismo intelectual que determine ninguna decisión. Esta ventaja es utilizada por los partidos políticos para elegir, algunas veces, personas que carecen de esas características innecesarias que acabo de citar.
Pero tiene otras ventajas que no son utilizadas. Por ejemplo, la economía de medios. En el Congreso de los Diputados, por ejemplo, menos de diez diputados (uno por grupo político) harían el trabajo de los 350 actuales y, además, se podrían reunir en la cafetería sin necesidad de hacerlo en el salón de plenos.
En las Cajas de Ahorros pasa lo mismo pero además, en estos sitios, el ahorro debería ser obligatorio. Recientemente se ha conocido que un Consejero de Caja Madrid elegido por el PSOE ha roto la disciplina de voto a la que, según hay que interpretar por la denuncia, estaba sometido
Pues bien, soluciónese la tal situación intolerable: césese al Consejero indisciplinado y a todos los demás, menos uno, de los designados por cada grupo político. Así con tres Consejeros, uno por cada uno de los grupos políticos con representación política en Madrid, y alguno mas representando a sindicatos, etc, se constituiría un Consejo de Administración mucho más económico que el actual de 22 miembros.
Lo malo, si eso pasara, es que algunos impositores podrían sumar a sus temores actuales sobre la solvencia de las entidades bancarias un temor derivado de la sospecha de que, un Consejo así, adoptara decisiones desde criterios no exclusivamente ligados a la aplicación y rentabilidad de los fondos depositados en la institución. Haría falta, en ese caso, no un corralito sino el propio ejercito para evitar una desbandada.
Las Cajas de Ahorros tienen obligaciones sociales que no tienen los Bancos, lo que implica la intervención de la política, pero comparten con estos la necesidad de ofrecer a los impositores una rentabilidad adecuada y, sobre todo, una garantía de solvencia suficiente para sus depósitos. Por ello ha de tenerse un especial cuidado en evitar cualquier signo de que el destino de los depósitos de una Caja de Ahorros pueda depender de una decisión de la Comisión Ejecutiva de un partido político. Dicho sea con todo el respeto a los partidos políticos, instrumentos fundamentales para la participación política, como dice la Constitución Española, pero no para la inversión económica.
