En primer lugar, como ha resaltado Ulrich Beck, por el alza del individualismo, que como valor social predominante, se refleja en que los sujetos estén más preocupados por su propia felicidad que por el bienestar de las familias o los niños. En segundo lugar, por el aumento de la esperanza media de vida, que ha hecho posible que muchos matrimonios alcancen los 50 años de convivencia, a diferencia de lo acontecido hasta pocos años cuando la estabilidad del vínculo matrimonial se rompía con la muerte temprana de alguno de los cónyuges. En tercer lugar, por el nuevo rol social de las mujeres, a consecuencia de su incorporación a la vida laboral, a la par de su independencia económica y afectiva respecto a sus maridos. En cuarto lugar, a instancias del acelerado ritmo de vida en el que estamos inmersos, que da lugar a tensiones, en ocasiones insostenibles, entre los integrantes de las parejas. Por último, resulta importante la mayor aceptación social de las separaciones y los divorcios, que ya no conllevan el estigma social que sufrían los matrimonios que en periodos recientes de nuestra historia decidían romper con su relación.

No es hasta el año 1981 cuando en España se reconoce el divorcio, en la Ley 30/1981, de 7 de julio, “por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio”. Desde el año 1985 las sentencias de divorcio aumentaron ininterrumpidamente hasta alcanzar un máximo de 126.952 divorcios en 2006, siendo el país de la Unión Europea de los veintisiete con un mayor crecimiento para ese periodo. El abultado número de divorcios en 2006 se debió al boom producido a partir de la entrada en vigor el 8 de julio de 2005 de la reforma del Código Civil, que reguló los “divorcios exprés” y descongestionó la situación judicial de miles de casos que se encontraban a la espera de sentencia. A partir del año 2007, se inicia una tendencia decreciente, de forma que en ese año se divorciaron 125.777 parejas, en 2008 110.036 y en 2009 98.359.

En concreto en 2009 se disolvieron entre divorcios y separaciones 106.166 matrimonios. Su duración media fue de 15,6 años; el 53,6% tenía hijos menores de edad y la franja de edad de los cónyuges se situó entre los 40 y 49 años. Por último hay que consignar que en el 84% de los casos la custodia de los hijos recayó sobre la madre.

La disminución del número de divorcios y separaciones en 2009 han sido objeto de debate público en los medios de comunicación nacionales con diversas interpretaciones: Bien considerar esta tendencia como una consecuencia de la actual crisis económica, ante la imposibilidad de algunas parejas de romper con su relación por razones crematísticas (vivienda, manutención de los hijos,…), bien como un reforzamiento de la familia, que como grupo social primario sobredimensiona su rol emocional y estratégico en momentos de inestabilidad. A su vez, habría que considerar el aumento de las parejas que no están casadas y de las que no queda constancia en los tribunales en caso de separación. No en vano según datos publicados recientemente por Eurostat, en 2008 en España el 31,7% de los niños nacieron fuera de la institución matrimonial. Nuestro país está aún lejos de Suecia (54,7%) o de Francia (52,6%), que registran los porcentajes más elevados. Pero también estamos lejos del porcentaje del PIB que se dedica a protección social (ayudas tercera edad, familia, vivienda, discapacidad o desempleo entre otras) en otros países. Sirva de ejemplo que mientras en España este porcentaje asciende al 41,1%, en Suecia se dedica el 53% y en Francia el 52,7%

En este sentido, y con la que está cayendo, es necesario que desde instancias políticas se acometan las medidas precisas para favorecer el bienestar de las nuevas familias y hogares españoles, entendiendo que coexisten diversos modelos y que las decisiones que se adoptan en su seno son de naturaleza privada, a pesar del fuerte impacto social que puedan tener.