Me refiero a que en el muy interesante libro electrónico que los promotores de la propuesta han elaborado (La Crisis de la Economía Española: Lecciones y Propuestas: www.crisis09.es/ebook) afirman, por ejemplo, que la colección de artículos que incorpora el libro «tiene un carácter marcadamente técnico, no político». Y me pregunto cómo alguien puede considerar que no está hablando de política cuando hace propuestas sobre políticas de empleo, sobre impuestos y destinos del gasto público, sobre desigualdades o sobre cualquiera de los demás asuntos que con tanta inteligencia se plantean en el libro y en la propia propuesta.

Los propios firmantes afirman que desean alcanzar ese objetivo «desde una perspectiva rigurosa e independiente, mediante argumentos sólidamente respaldados en la investigación económica» y ellos mismos se presentan como «pertenecientes a algunos de los mejores departamentos universitarios y centros de investigación de economía de España, así como de Estados Unidos y el Reino Unido».

Desde luego, no se puede negar que todos los firmantes tienen un gran prestigio y gozan de un reconocimiento científico e intelectual bien merecido y suficiente para hacer propuestas de este tipo con rigor y seriedad.

Pero las propuestas políticas como las que se hacen en el manifiesto tienen que valorarse por su propio contenido y no por la talla intelectual de quien de las suscribe o por el espacio académico del que provengan. De hecho, no se puede olvidar que ha sido precisamente de esos «mejores departamentos universitarios y centros de investigación de economía de España, así como de Estados Unidos y el Reino Unido» de donde surgieron las doctrinas que han generado la debacle económica en la que nos encontramos. Y sin olvidar, al mismo tiempo, que aunque en la academia se dé siempre por bueno el «respaldo» son también muchos los que consideran que el tipo de análisis que allí se realiza está bastante alejado de la realidad y de los referentes normativos que mueven a las sociedades. Esos mismos centros de investigación fueron la cuna de la economía que, como dijo Wassily Leontieff, llena páginas y páginas de las revistas profesionales «con fórmulas matemáticas que conducen al lector desde conjuntos de suposiciones enteramente arbitrarias, aunque más o menos plausibles, a conclusiones teóricamente irrelevantes, aunque perfectamente deducidas».

Tampoco parece necesario que economistas tan reputados tengan que hacer declaración de independencia. Primero, porque lo importante será lo que digan y no en nombre de quién lo hagan o el interés que los lleve a decirlo. Y segundo, porque la declaración es muy poco creíble sabiendo que casi todos los firmantes trabajan o colaboran con instituciones, organismos o empresas que proporcionan suculentos sueldos, subvenciones, proyectos o contratos procedentes de la banca, la administración o la gran empresa.

En cualquier caso, la propuesta que realizan es interesante por lo que dice y por lo que no dice.

El documento parte de afirmar que el actual mercado de trabajo «frena el cambio de modelo productivo y es generador de graves desigualdades», sobre todo, en el caso de los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, lo que les lleva a realizar cuatro grandes propuestas.

En primer lugar, para acabar con la dualidad proponen la introducción de «un único contrato indefinido para todas las nuevas contrataciones, con una indemnización por año de servicio creciente con la antigüedad».

En segundo lugar, consideran que «los mecanismos de protección a los parados no alcanzan una cobertura suficiente, a la vez que, debido a su diseño, en algunos casos desincentivan la búsqueda de empleo, alargando innecesariamente la duración del paro».

Por eso, consideran que «el gasto en prestaciones por desempleo debe seguir creciendo mientras persista la situación de crisis y seguramente será conveniente alargar la duración de las prestaciones de forma transitoria», aunque una vez que la situación se normalice consideran que será mejor «aumentar el nivel de las prestaciones durante los primeros meses de paro que alargar su duración».

En tercer lugar, entienden que el modelo vigente de negociación colectiva es demasiado centralizado y que eso «dificulta la adaptación de las condiciones de trabajo en las empresas a las necesidades productivas de cada momento y supone un freno a los aumentos de la productividad». En consecuencia proponen que «los acuerdos de empresa que se alcancen entre los empresarios y trabajadores puedan prevalecer sobre los convenios de ámbito superior».

Finalmente, la propuesta señala que «las políticas activas de empleo deben concentrarse en los trabajadores con menor cualificación, gestionarse de forma coordinada con la protección por desempleo, evaluarse rigurosamente y ampliarse su oferta, permitiendo que agencias privadas acreditadas por el Ministerio de Trabajo puedan colaborar en su provisión y gestión».

Como es lógico que ocurra, en su análisis y en las propuestas que hacen hay elementos que deben ser discutidos y que merecen una atención detallada por el gobierno y por los agentes sociales. Pero lo que yo creo que resulta principalmente discutible de la propuesta son algunos aspectos que no se mencionan y que me limito a mencionar en este análisis que ha de ser brevísimo de la propuesta.

En primer lugar, que considerar que la solución al problema del paro es una cuestión meramente laboral, y mas concretamente vinculada a la mayor flexibilización del mercado es simplemente el resultado de asumir una hipótesis de partida que, en contra de lo que dicen los autores de las propuestas, no tienen suficiente respaldo científico.

Desde este punto de vista puede considerarse que la propuesta desconttextualiza el problema del paro en España y de esa forma me parece muy difícil que pueda proporcionar pistas operativas para resolverlo sin graves pérdidas de bienestar.

En segundo lugar, se echa de menos una consideración normativa sobre la redefinición de derechos que se plantea. Plantear las cuestiones económicas como si no tuvieran implicaciones éticas, de justicia distributiva, es algo que no solo empobrece analíticamente a este tipo de propuestas sino que las hace aparentemente neutras pero en el fondo muy costosas siempre para los mismos sectores sociales.