Esta política está empobreciendo al conjunto del país, además de aumentar las desigualdades sociales, lo que está creando auténticos problemas en los más necesitados, que se ven empujados a los comedores y a los albergues sociales e, incluso, a la mendicidad, como no se conocía desde hace muchos años.
Los datos del mes de octubre son elocuentes y reafirman estas consideraciones. El paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha aumentado en 87.028 personas, 389.000 parados más que en diciembre de 2011, el año que accedió el PP al Gobierno, lo que minimiza el argumento de la herencia Zapatero.
Tan grave como el desempleo resulta la precariedad de nuestro mercado de trabajo, que ha sido dinamitado por la reforma laboral. Según UGT, en términos acumulados, en el año 2013 se han hecho casi 300.000 contratos indefinidos menos que en el año anterior (de octubre a octubre), lo que representa una brutal caída del 23,8% y demuestra hasta qué límites se está precarizando nuestro mercado de trabajo.
En materia de cobertura por desempleo ocurre algo semejante. En tan sólo un mes (de agosto a septiembre del presente año), la tasa de cobertura ha caído 3,7 puntos, pasando del 64,46% al 60,74%, lo que representa la caída más intensa en un solo mes de toda la serie histórica de este indicador -que comenzó en el año 2001-, debido al impacto de las medidas aprobadas en agosto pasado (decreto ley 11/2013), que introducía nuevos recortes y restricciones en el acceso a dichas prestaciones.
Lo más grave de la situación es que esta política va a continuar vigente y reincidirá en los mismos errores. El proyecto de los PGE ha congelado el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) y en estos momentos el propio Gobierno estudia establecer la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2014. Todo indica que, una vez más, defraudará a los perceptores de las rentas más bajas de nuestro mercado de trabajo. Por eso, en relación con este asunto, CCOO y UGT han remitido una carta a la ministra Báñez donde se contemplan una serie de consideraciones que avalan las justas reivindicaciones de los sindicatos.
Debemos recordar que el IPREM (532,51 euros al mes) se creó en 2004 con la pretensión de sustituir al SMI en la fijación de la cuantía de las políticas presupuestarias no pertenecientes al ámbito salarial: becas, tasas, justicia gratuita, VPO, mínimos exentos fiscales y otras. A pesar de su vinculación desde sus comienzos al índice de inflación del Banco Central Europeo (BCE), el Gobierno lo ha congelado en los últimos años, lo que ha provocado una pérdida de 7,7 puntos desde su creación hasta 2013 y, si no cambia en el trámite parlamentario, la pérdida se situará, en el año 2014, en torno a los nueve puntos. Los efectos de esta medida incumplen el decreto ley 3/2004 que establece la previsión y el objetivo de inflación empleado en los PGE como umbral mínimo de actualización anual del IPREM y, por supuesto, perjudicará a los más débiles de nuestra sociedad por una política sin escrúpulos de un Gobierno insensible en lo social e ineficaz en lo económico.
De la misma manera, y en relación con el SMI, (645,30 euros, por 14 pagas), los sindicatos CCOO y UGT han denunciado la pérdida de su poder de compra desde 2010 (5,8%), debido al recorte nominal del SMI y a la subida del precio de los productos, lo que le sitúa en valores cercanos al 40% del salario medio neto; por lo tanto, lejos del 60% que se contempla como objetivo en la Carta Social Europea suscrita por España. Debemos recordar que la Encuesta de Estructura Salarial del INE indica que en el año 2011 el colectivo con un nivel de ingresos igual o menor al SMI (los más desfavorecidos) estaría formado por 215.305 personas, cubriendo al 1,38% de los empleados a tiempo completo; en todo caso, superior a los 48.000 del año anterior (0,3% de los trabajadores), lo que demuestra que el número de afectados por el SMI se encuentra en ascenso. Otro dato relevante es que la cuantía del SMI se sitúa claramente por debajo de la media de la UE-15 y solamente por encima de Grecia y Portugal.
En respuesta a esta lamentable situación, CCOO y UGT han planteado al Gobierno incrementar el SMI al 60% del salario medio neto en un plazo de cinco años, hasta situarlo en torno a los 900 euros; para ello reclaman además modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores con el propósito de garantizar unas bases nuevas en la determinación del SMI.
A todo ello hay que añadir que los salarios, en su conjunto, han crecido por debajo de los precios entre 2010 y 2013, registrando una pérdida media del poder adquisitivo de compra del 4,8% desde el año 2009; además, en el presente año sólo crecerán un 0,4%, por lo tanto, 1,1 puntos porcentuales por debajo de la previsión media de precios (1,5%). Por otra parte, la distribución funcional de la renta resulta profundamente regresiva y es favorable al capital (3%) en detrimento de los asalariados (-5%), lo que se traduce en una fuerte transferencia de rentas del trabajo al capital. A estos porcentajes hay que añadir, según la EPA del II trimestre, que en España 1.351.000 personas viven en un hogar donde nadie ingresa un salario, pensión, prestación o subsidio por desempleo y que el número de hogares en semejante situación ha aumentado en 83.500 sobre el año anterior. De la misma manera debemos recordar los efectos particularmente negativos de la brusca caída de los salarios en el consumo y, por lo tanto, en la actividad económica, así como su incidencia en la creciente morosidad y en el pago de las hipotecas.
Por último, es destacable el tremendo desplome de la negociación colectiva, muy afectada por la reforma laboral y por el comportamiento de los empresarios. El ejemplo más significativo y preocupante de esta afirmación es que, en 2009, según Cándido Méndez, once millones y medio de trabajadores estuvieron cubiertos por la negociación colectiva y, en 2013 (con datos sin cerrar el año), tan sólo están cubiertos cuatro millones.
El argumento del Gobierno para devaluar los salarios se remite a la mejora de la competitividad y, en consecuencia, a la creación de empleo, lo que resulta una vulgar falacia. La mejora de la productividad reduciendo los salarios tiene un recorrido muy corto en un mundo globalizado (no podemos competir con un mundo de esclavos). Debemos recordar que la productividad depende mucho más de las nuevas tecnologías, la cualificación profesional, la investigación, la innovación, la logística, el precio del dinero, el precio de la energía, de las comunicaciones
Por otra parte, el argumento de que todo eso se hace para crear empleo resulta incoherente con la actual política económica. Según UGT, el Gobierno ha recortado las políticas activas de empleo en 3.200 millones de euros (el 44%) desde que accedió al poder, lo que agrava la situación porque en este periodo el número de desempleados aumentó en 600.000, alcanzando en la actualidad la escandalosa cifra de 5,9 millones (el 26%, 15 puntos por encima que la media de la zona euro), según la última EPA, que es la encuesta estadística de mayor rigor y reconocimiento a nivel internacional. A ello hay que añadir que el número de parados que llevan más de un año buscando empleo ha crecido en 818.000 y suponen ya 3.456.000, lo que representa el 58% del total y demuestra que los fondos para favorecer su vuelta al empleo se han reducido de manera notable. En definitiva, estas medidas han reducido el 56% la inversión por parado, pasando de 1.550 euros en 2011 a solamente 682 euros en 2014, según los PGE para el año que viene.
En todo caso, estas medidas que se siguen llevando a la práctica demuestran los límites de una política neoliberal que está siendo contestada de manera generalizada en la UE, porque está generando verdaderos estragos sociales al amparo de la crisis; además, todo ello se produce con total impunidad en nuestro país al amparo de la mayoría absoluta del Gobierno en el parlamento. Por lo tanto, es comprensible que los sindicatos hayan abierto un periodo de reflexión sobre la estrategia a seguir en relación con la brutal devaluación de salarios, sobre todo cuando el pacto de moderación de rentas (II AENC, 2012-2014) no está consiguiendo sus objetivos ante la política unilateral del Gobierno y la negativa actitud de la CEOE dedicada a explotar las ventajas que le está reportando la reforma laboral (flexibilidad extrema, descuelgues y bajo costo del despido).
En respuesta a esta política económica y social están previstas movilizaciones en el marco de la UE; concretamente en España los próximos días 23 y 24 están convocadas manifestaciones en todas las capitales de provincia en denuncia de una política que la ciudadanía rechaza profundamente. Con ello se pretende además defender el Plan de creación de empleo de calidad de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), basado en la inversión de un 2% adicional del PIB durante un periodo de 10 años (la tercera parte de lo que ha dedicado la UE a salvar los Bancos), lo que crearía hasta 11 millones de puestos de trabajo en Europa y ayudaría a la recuperación económica y social durante la próxima década, respondiendo así a la pregunta de la Secretaria General de la CES, Bernadette Ségol: ¿Cuándo van a entender los líderes europeos que las políticas de austeridad no tienen ningún futuro? Las convocatorias también representan una nueva invitación para manifestarse en contra de la resignación y el miedo y, sobre todo, de una política (al margen de la realidad social) que nos está conduciendo al estancamiento, al desempleo, a la precariedad, a la desigualdad y a la pobreza. Una pobreza cada vez más extendida, más duradera, más profunda y que, por lo tanto, está generando serios problemas de integración social.
