Más allá de la dureza de algunos enfrentamientos y reproches, el debate sobre el Estado de la Nación ha transmitido a la opinión pública dos imágenes destacadas. La primera es el anuncio de una abono de 2.500 € por cada hijo nacido o adoptado en España. Con esta iniciativa el gobierno de Rodríguez Zapatero se sitúa en el buen camino de las políticas necesarias que hay que realizar para apoyar a la familia en España. Medida que debe completarse con la dotación de una red suficiente de guarderías públicas y con una progresiva aproximación al promedio europeo de bajas por maternidad, superando la situación actual, que coloca a España prácticamente en la mitad del promedio europeo.
La otra idea-imagen que se ha transmitido es la reclamación de Mariano Rajoy de las actas de las últimas conversaciones del Gobierno con ETA. Que alguien que ha sido Ministro del Interior reclame pública y reiteradamente unas actas de esta naturaleza resulta especialmente pintoresco, y no es difícil imaginar las caras de estupor y de rechifla que habrán puesto en todo el mundo los que saben de estas cuestiones y han podido tener conocimiento de tamaña reivindicación. Pero el problema de fondo puede revestir mayor gravedad, ya que si alguien hubiera realizado tan pintorescas y disparatadas actas, cualquier líder responsable debería entender que lo más importante y concluyente de los procesos que se habían abierto es el portazo-bomba con el que se dinamitaron las esperanzas de paz de tantos ciudadanos vascos y españoles.
