Hace cuatro años, la Comunidad de Madrid se volcó especialmente en la realización de un gran bicentenario del levantamiento contra la invasión francesa, coronado con la producción de una película que arrasaba cualquier sentido del procedimiento y excedía los fondos que, legalmente, podía recibir de las administraciones y de la cadena de televisión pública regional. Ágilmente aprovecharon la oportunidad de acercarse al pueblo llano; serían ellos quienes, a través de ese predicado simbólico, nos salvaran de los franceses por segunda vez. Debíamos tener especial cuidado si queríamos cuestionar las dimensiones de aquel despliegue, pues ya se sabía: se estaba rifando la etiqueta del antipatriota.

Los conservadores recuerdan nuevamente la Constitución de 1812 como el estandarte de aquella misma guerra de liberación, como si el texto se hubiera escrito a la contra de una alteridad abstracta situada más allá de nuestras fronteras. Y, convenientemente, se olvida que los enemigos de las Cortes de Cádiz se encontraban bien dentro del territorio y la identidad española. No se trata de ignorancia sino, en todo caso, de astucia: el conflicto siempre resultará más simpático cuando el adversario es otro.

Quienes consiguieron aprobar aquel texto se enfrentaron a los partidarios de una monarquía absoluta y a quienes tenían miedo del sufragio universal, y reivindicaron el concepto de soberanía nacional frente a quienes lo trataban de manera despectiva. Tuvieron también que encararse contra los defensores de la Inquisición y la rendición política a la Iglesia Católica. Lograron proclamar la libertad de imprenta y cualquier otra forma de expresión frente a quienes consideraban que debía haber figuras y estructuras intocables. Las mayorías creadas en las Cortes de Cádiz igualaron los derechos de los españoles e inauguraron en España el modelo moderno de ciudadanía, retirando las divisiones estamentales y nobiliarias.

Tristemente, aquella Constitución no supuso la consolidación definitiva de los avances enumerados, sino que los liberales –posteriormente progresistas, durante los tiempos de Espartero- debieron defenderlos una y otra vez contra guerras y golpes de Estado, y asimismo tantas veces hubieron de hacerlo en las cámaras, donde el sufragio universal se cuestionaba constantemente, hasta el punto de ser restringido durante los gobiernos del partido moderado. Huelga decir que, durante el siglo siguiente, tantos de estos derechos fundamentales se vieron suspendidos de nuevo con la complicidad de quienes hoy pretenden ensalzarlos –y así se enredan en este canto casi histérico, a la espera de que les relacionemos con los acontecimientos de 1812 y no con los de 1936-.

En cualquier caso, y si partimos de la generosa premisa de que los derechos adquiridos entonces son hoy irrevocables, no es difícil extrapolar las causas que defendían aquellos primeros liberales a las que discute actualmente nuestra agenda política, y tampoco es difícil saber qué lugar ocupa cada partido en el debate. Los grandes rostros de la derecha pretenden convertirse en los protagonistas de una izquierda que, hace doscientos años, tuvo que cambiar el orden de las cosas para crear una sociedad más equitativa. Sin embargo, el fondo de su propuesta queda vacío cuando, en lugar de desarrollar y actualizar los avances conseguidos en Cádiz, se refugian en ellos para justificar políticas que, en lugar de acercar a la población, la dividen. Dejan caer las estructuras que sostienen los derechos fundamentales de los ciudadanos a la par que continúan ofreciendo toda suerte de privilegios a la Iglesia; con la que pactan un programa, tanto de gobierno como de oposición, llevándose las manos a la cabeza ante la conquista de derechos civiles. Más allá de esto, las clases económicas habrán tomado el relevo de los estamentos jurídicos del absolutismo, pero la derecha sigue cuidando con mimo a aquellos contra quienes se alzaron los liberales, garantizando la omnipotencia de las grandes riquezas mientras el resto de la población se encuentra, cada día, en la soledad de saltar sin red.

Durante los dos años que tardaron las Cortes en aprobar esta ley fundamental se apelaba, tal y como sucede hoy, a una identidad española, contraria por definición a las reformas del equipo liberal. Cuando los políticos conservadores quieren ser los primeros en aferrarse a 1812 podrán creer estar aludiendo a los liberales de Riego, pero están siguiendo el juego que ya en su día inventaron los partidarios del absolutismo; el mismo del que se ha dispuesto en reiteradas ocasiones a lo largo de nuestra Historia. Siendo los más fieles creyentes de una realidad llamada España, y teatralizándolo a través de conmemoraciones como esta, podrá la gente olvidar que el Estado que dirigen está dando la espalda a cada uno de los españoles.