Las que merecen alguna reflexión más profundas son las circunstancias en las que ha ocurrido y las repercusiones de todo tipo, en especial sociales y políticas, que este problema puede tener. Fue controvertida la idoneidad del traslado a nuestro país de los dos afectados españoles, y así se señaló tanto desde estas páginas como en otros muchos medios, y no sólo por lo ineficaz de las mismas, aspecto este que aún suponiéndolo solo lo hemos podido comprobar a posteriori, sino también por los riesgos que de ello se derivaban. En especial en el segundo de los casos, el del religioso García Viejo, sobre el que se cernían los peores presagios al no existir un tratamiento específico que aplicarle.

Lo más sencillo resulta sin duda atribuir la responsabilidad del suceso que nos ocupa a la persona infectada quien, se supone, no cumplió de forma estricta el protocolo de protección que debe observar el personal sanitario que atiende a estos pacientes. Es posible que así fuera. Resulta, al menos, la explicación más probable que podemos encontrar a pesar de que, según se informa, la paciente no ha sido consciente de que tal cosa ocurriera. Pero esta solución simplista, con la que al parecer se complacen los responsables sanitarios de este país y por la que, además, se autoeximen de responsabilidades, no analiza el contexto ni todas las circunstancias que rodean a este triste caso. Todas las enfermedades, incluida una infecciosa como esta, son multicausales, es decir, la presencia del agente infeccioso es, tan sólo, un factor más, necesario, sí, pero muchas veces no suficiente para que prenda la infección. Y es a partir de aquí cuando el examen adquiere cierta complejidad.

El agente infeccioso, el virus Ébola, como se ha dicho, fue importado en los dos compatriotas a los que se rescató de sendos hospitales de África occidental. Nadie duda de que las intenciones fueran las más loables al hacerlo, ni de que, de paso, se intentara con ello contentar a una opinión pública más que harta de la nefasta gestión sanitaria del Gobierno y poco habituada al sosegado análisis que es preciso hacer ante las crisis. Pero en política las buenas intenciones, como el valor, se presuponen, debiendo juzgar a los que toman las decisiones por el resultado de las mismas. Y ese no ha sido otro que el incremento del riesgo para la salud del personal sanitario, el colectivo más en peligro de todos y, de alguna forma , quizás también del conjunto de la ciudadanía.

La falta de formación e información del personal dedicado a atender a aquéllos dos pacientes, al traslado de los mismos y de sus muestras clínicas, según han denunciado los sindicatos, así como lo inadecuado de los sistemas de asilamiento y protección que se aplican en algunos hospitales cuando se atiende algún caso sospechoso, están también entre las causas del contagio. El desmantelamiento de facto del Hospital Carlos III, que fue centro de referencia nacional de enfermedades infecciosas, perpetrado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el contexto de las políticas de recortes masivos y privatización de los servicios públicos que de forma sistemática viene aplicando, hace posible que todas las deficiencias señaladas se conjuren hasta materializarse en esta triste realidad. Sirva de ejemplo el hecho de que dicho centro ha dejado de tener laboratorio propio, por lo que las muestras de los pacientes infectados por el virus deben ser trasladadas continuamente al Hospital de La Paz, incrementándose el número de personas que, de alguna forma, deben ponerse en contacto con las mismas y, en equivalente proporción, las probabilidades de contagio.

En el caso concreto de la empleada pública infectada, en situación de interinidad en su plaza desde hace años, y por lo que se conoce hasta ahora, los fallos de un protocolo mal planificado y peor aplicado en los centros sanitarios en que fue atendida no han hecho más que aumentar la exposición de decenas de personas al virus. No es posible entender que para este personal no exista un centro de referencia -¿si hubiera estado operativo al 100% el Hospital Carlos III hubiera ocurrido esto?- que atienda sus problemas de salud cuando aparezcan tras el trabajo efectuado con los pacientes infectados, o que la afectada haya sido enviada a su domicilio, derivada a otros centros sanitarios o directamente rechazada sin la realización de un diagnóstico serológico durante seis días tras comenzar con fiebre.

El mundo mira con inquietud lo que pasa en España y los que aquí vivimos, más. El buen nombre de nuestro sistema sanitario y su merecida fama han quedado duramente comprometidos con este suceso. La salud pública también. El Gobierno de Ignacio González desmanteló también en 2008 el Servicio de salud pública de la Comunidad de Madrid, ante la perplejidad de los profesionales, quienes advirtieron que la vulnerabilidad de la población ante un caso como el que vivimos -entonces hipotético- aumentaba de forma exponencial. En este difícil panorama que se dibuja, otro de los” grandes logros” de las políticas del Gobierno Rajoy, como es el haber dejado fuera del sistema sanitario a un millón de personas en aplicación del penoso decreto 16/2012, puede jugar un papel demoledor para ellos y para todos los demás si los casos no se controlaran con la velocidad necesaria.

¿Estaba nuestro país preparado para tratar a los dos religiosos en la penosa situación en que han dejado los Gobiernos de España y de la Comunidad de Madrid a la sanidad pública? Posiblemente no. Y a partir de ahí se derivan las responsabilidades políticas que debieran ser sustanciadas con presteza. Alguna vez en España alguien debería explicar a nuestros dirigentes que “dimitir” no es un nombre ruso, sino un verbo que se puede, y aún se debe, conjugar con más soltura.