Éstas se han caracterizado por una demanda de la reducción del gasto público, incluido gasto público social, una mayor desregulación de los mercados laborales (la manera suave de decir que se debe facilitar el despido de los trabajadores), una privatización de las transferencias públicas (como las pensiones) y de los servicios públicos (tales como sanidad y educación), y un aumento de la regresividad fiscal, justificándose esta última petición bajo el argumento de que es importante favorecer a las rentas del capital para estimular la inversión. Es más, las políticas económicas de derechas promueven la bajada de tipos para las rentas superiores como manera de reducir el fraude fiscal, pues se asume que al bajar los impuestos de los ricos se reduce tal fraude. Estas políticas económicas han sido las dominantes en los países de nuestro entorno y en el nuestro durante muchos años de gobierno conservador. Sus impactos son bien conocidos y documentados. Las rentas del capital adquirieron unos porcentajes de la renta nacional sin precedentes y ello a costa de las rentas del trabajo que descendieron en porcentajes no vistos desde hace diez años.

El Gobierno socialista con el apoyo de los partidos a su izquierda: IU, ICV, EA, ERC y el BNG cambió algunos elementos importantes de estas prácticas protagonizando medidas sociales como el crecimiento de las pensiones no contributivas, el crecimiento del salario mínimo, y todo un abanico de nuevas leyes con sensibilidad social (como La Ley de la Dependencia) que amplió los derechos sociales de la ciudadanía. Amplió también las leyes que mejoraron las oportunidades de las mujeres en las instituciones representativas. Ahora bien, el gran punto flaco de su política económica fue precisamente su política fiscal y presupuestaria, ambas responsabilidad del Ministerio de Economía y Hacienda, cuyo diseño y desarrollo durante el periodo 2004-2008 dificultó el desarrollo de tales políticas sociales. Un ejemplo de ello es la enorme subfinanciación de la Ley de Dependencia que está creando grandes problemas a las CCAA.

Ello respondía al deseo de los diseñadores de las políticas presupuestarias de mantener el gasto público en los niveles existentes, frente a la oposición que quería bajarlo, y ello en el país que tiene el gasto público, incluido el gasto público social más bajo de la UE-15. Ahora bien, mantener el gasto sin aumentarlo es mantenernos a la cola de la Europa Social. Es más, la propuesta del Presidente Zapatero de reducir un 30% la creación del empleo público empeorará todavía más los subdesarrollados servicios públicos del Estado de Bienestar (tales como sanidad, educación y servicios de apoyo a las familias -escuelas de infancia y servicios domiciliarios-) que emplean sólo el 9% de la población activa (el menor porcentaje de la UE-15). No dudo que el Presidente Zapatero esté comprometido en reducir el déficit social de España pero para conseguirlo necesita cambios en sus políticas económicas y fiscales, posibilitando el desarrollo de una economía de izquierdas. Lo que se requiere, ahora más que nunca, es aumentar el consumo público –no a través de desgravaciones fiscales sino a través del gasto público financiado a base del aumento del déficit y de la deuda pública, con el establecimiento de una reforma fiscal que revierta la realizada por los gobiernos conservadores que redistribuyeron las rentas en dirección opuesta a lo que requiere la eficiencia económica y el compromiso socialdemócrata del Gobierno. Su resistencia a hacerlo cuestiona el que puedan definirse las políticas que propone Zapatero como políticas económicas de izquierda.