Según la sentencia, la asignatura objetada “emplea conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa como son la ética, la conciencia moral o los conflictos morales” por lo que resulta “natural que los demandantes por razones filosóficas o religiosas (…) puedan estar en desacuerdo con una parte de la asignatura”. Con esas premisas, e invocando jurisprudencia de los Tribunales Supremo, Constitucional y de Estrasburgo (de la que más bien cabe deducir lo contrario de lo que se dice), el Tribunal falla que el hijo de los recurrentes “no debe cursar la asignatura, quedando exento de ser evaluado de la misma”. Para cualquier conocedor del funcionamiento de los Tribunales resulta sorprendente que un asunto de tal trascendencia haya sido fallado por una sección de tres magistrados y no haya sido remitido a la Sala en Pleno. Teniendo en cuenta además que, hasta ahora, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Asturias como el de Cataluña, habían resuelto conflictos similares estableciendo la doctrina contraria -y a mi juicio más correcta- de que “no existe un derecho constitucionalmente protegido a la objeción de conciencia superior a un deber impuesto normativamente”.

Varios son los motivos por los que cabe discrepar rotundamente de la sentencia del Tribunal andaluz. En primer lugar, la sentencia olvida el propósito o finalidad de la asignatura, esto es, la transmisión de los principios y valores constitucionales sobre los que se vertebra el Estado y nuestra convivencia democrática. Desde esa perspectiva, la dimensión ética de la asignatura es incuestionable, pero ello no plantea problema alguno. Se trata de una asignatura que encuentra un fundamento constitucional expreso en el artículo 27.2 de la Constitución: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. La asignatura es similar a la que se imparte en la mayor parte de los Estados europeos y cuya implantación ha sido defendida por los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

En segundo lugar, la sentencia olvida la función educativa que corresponde al Estado. Desde que se anunciara la implantación de esta asignatura, la Iglesia Católica se opuso a ella argumentando, por una parte, que el Estado se atribuye una función o derecho que sólo a los padres corresponde: la educación moral de los hijos; por otro lado, que el objeto inconfesado de la asignatura no es otro que el adoctrinamiento. El Tribunal andaluz parece hacerse eco de estos argumentos. Respecto al primero cabría recordar que si bien es cierto que la educación moral corresponde a los padres, el Estado tiene también un interés evidente en la formación democrática de sus ciudadanos. Y que, en principio, ambos intereses son plenamente compatibles. Como recordaba Fernando Savater, también corresponde a los padres alimentar a los hijos, pero si unos padres tienen un hijo de 10 años que pesa 90 kilos, el Estado algo tendrá que decir…

En relación con la tesis que sostiene que con esta asignatura, el Gobierno pretende modelar ideológicamente a toda la sociedad según su criterio, hay que denunciar su falsedad. Las negociaciones del Gobierno con la Iglesia tuvieron como resultado importantes recortes en los contenidos de la asignatura, evitando algunas materias que pudieran contradecir la doctrina moral católica. Y por si eso no fuera suficiente, se concedió a los centros educativos la libertad de adaptar esos contenidos a su ideario propio. En todo caso, no podemos dejar de denunciar la perversa contradicción que subyace en la doble exigencia de muchos de estos “objetores de conciencia”: por un lado exigen que el Estado se abstenga de inculcar los valores democráticos y constitucionales (morales) en la escuela porque eso supone atribuirse una función de “adoctrinamiento” a la que la escuela debiera ser ajena. Pero al mismo tiempo, realizan una encendida defensa del “adoctrinamiento” en la escuela en la medida en que reclaman el mantenimiento de la asignatura de Religión.

En tercer lugar, y esto es lo más peligroso, el reconocimiento –en realidad, el invento- del derecho a la objeción de conciencia puede desembocar en la disolución del ordenamiento jurídico. Y ello porque, diga lo que diga la sentencia que nos ocupa, se trata de un derecho que únicamente está reconocido en la Constitución para el cumplimiento del servicio militar. Admitir que, al margen de ese único supuesto constitucionalmente previsto, el cumplimiento de las leyes debe supeditarse a la conciencia de los ciudadanos supone relativizar el valor de aquellas. Con esa doctrina, la obligación de cumplir la ley sólo existe en la medida en que la conciencia subjetiva lo permite. Sin salirnos del ámbito educativo, debemos recordar que son numerosos los padres de alumnas musulmanas que pretenden objetar la asignatura de Educación Física por ser contrario a su religión que alumnos de ambos sexos realicen juntos ejercicios físicos.

Igualmente, al amparo de esta concepción de la libertad religiosa se podrían objetar otras muchas asignaturas cuyo contenido no coincida con las convicciones religiosas de los padres, desde las Ciencias Naturales hasta la misma Historia.

Por estas y otras razones cabe suponer que el Tribunal Supremo siguiendo su propia jurisprudencia anulará esta peculiar sentencia. En todo caso, lo que resulta incuestionable es que esa sentencia limita sus efectos al proceso referido y no es aplicable a otros casos. La pretensión de algunos Gobiernos autonómicos –singularmente el de la Comunidad de Madrid- de ampararse en ella para incumplir la ley carece de fundamento. La no impartición de la asignatura en los términos legalmente previstos, esto es el incumplimiento de la ley, supone adoptar una posición de rebeldía que exige ser respondida con firmeza por los poderes centrales del Estado.