Si bien un acuerdo, por si solo, no resuelve el grave problema derivado de la crisis, como es el desempleo, no cabe duda que recoge el sentir mayoritario de la ciudadanía y genera confianza en los mercados, tanto a nivel interno como en el contexto internacional, estimulando la inversión y el consumo, lo que ayudará a que la economía crezca más, requisito imprescindible para la creación de empleo.

Sin embargo, la ciudadanía se pregunta en qué dirección se encaminará el acuerdo si se pretende reducir drásticamente el déficit actual (11,4% del PIB, 2009) al 3% en tan poco tiempo (3 años), como nos exige la UE, y hacer esto compatible con la vuelta al crecimiento de la economía que, en cualquier caso, necesitará mantener algunos estímulos fiscales para no paralizar la salida de la crisis. El Gobierno puede buscar el acuerdo intentando condicionar y suavizar los planteamientos de la derecha: reducción de impuestos; menos gasto público; recortes en protección social (seguridad social y cobertura de desempleo); nuevo contrato de trabajo con despido más barato; y congelación de las retribuciones de los funcionarios, asumida por el secretario de Estado de Hacienda a pesar de estar vigente un acuerdo firmado por la Vicepresidenta del Gobierno. O, por el contrario, encaminarse en la búsqueda de un acuerdo más centrado- con los nacionalistas y los grupos de izquierda- y por lo tanto asumible para los sindicatos, encaminado a salir rápidamente de la crisis y con el menor costo posible para los trabajadores, estableciendo paralelamente las medidas más adecuadas que nos ayuden a cambiar nuestro ya obsoleto modelo productivo, a sabiendas de que esa política puede retrasar el cumplimiento de los compromisos con la UE.

Para remar en esta dirección ya contamos con un acuerdo: el AENC firmado por sindicatos y empresarios, que pone de relieve el esfuerzo y el compromiso de los interlocutores sociales en el actual contexto de crisis. Se trata de un acuerdo de largo recorrido, defensivo, y adecuado a la crisis, según los expertos y las partes implicadas, que se puede considerar más importante en términos políticos que sindicales; en todo caso se constituye en referencia salarial obligada para negociar los convenios colectivos- para 12 millones de trabajadores- para los tres próximos años. El compromiso contraído sigue proponiendo, una vez más, la moderación salarial; apuesta, cuando menos, por el mantenimiento del empleo en las empresas; y garantiza, a través de la cláusula de revisión salarial, el respeto a lo acordado al final del acuerdo en materia económica. El acuerdo además está haciendo posible la continuidad del diálogo social en busca de nuevos compromisos.

Efectivamente, el gobierno, los empresarios, y los sindicatos están negociando la reforma laboral en estos momentos al margen del acuerdo político. No será fácil llegar a un acuerdo en estas circunstancias, pero hay que intentarlo convencidos de sus ventajas. La CEOE valora políticamente muy caro el acuerdo, como se ha puesto de manifiesto hasta ahora, y los sindicatos no pueden aceptar un acuerdo que perjudique los derechos consolidados de los trabajadores, sobre todo si se hace sin contrapartidas suficientes y tangibles que no están dispuestos a conceder los empresarios en un contexto de crisis.

El abaratamiento del despido propuesto por la CEOE vuelve a estar encima de la mesa; cuando menos pretenden conseguir la generalización de la indemnización de 33 días por despido improcedente. De la misma manera será difícil consensuar una nueva redistribución de las subvenciones a la contratación, primando el contrato indefinido; la participación de las empresas de trabajo temporal en la intermediación y recolocación de los desempleados; el fomento de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal del empleo; y sobre todo lo que proponen los sindicatos: cómo crear empleo para los jóvenes, los grandes perjudicados por la crisis, y reducir drásticamente la dualidad de nuestro mercado de trabajo convirtiendo la contratación temporal en algo excepcional- con causa justificada y tutela judicial-, hasta situarla, cuando menos, en la media europea; ello frenará el abuso empresarial, y por lo tanto el considerable encadenamiento de contratos y la rotación de trabajadores en el mismo puesto de trabajo. Quedaría pendiente la racionalización de la negociación colectiva y su articulación, que será objeto de un proceso de negociación bilateral entre los interlocutores sociales.

La reforma laboral será más fácil si se logra un acuerdo relativo a las pensiones en el marco del Pacto de Toledo, dando por hecho que los sindicatos son los más interesados en garantizar la viabilidad de las pensiones. La propuesta presentada por el gobierno en la actual situación- algunos la comparan con una cerilla cerca de un bidón de gasolina- ha sido rechazada por los sindicatos porque perjudica a los futuros pensionistas al alargar la edad de jubilación obligatoria a los 67 años y ampliar el cómputo de años para fijar la cuantía de la pensión.

Esa es la razón que justifica las movilizaciones que se están llevadas a cabo desde el pasado día 23 en todas las capitales de provincias, lo que reafirma el poder sindical y su capacidad de movilización. No podemos olvidar que los sindicatos tienen la obligación y la responsabilidad de oponerse a que los trabajadores paguen las consecuencias de la escandalosa especulación del sector del ladrillo, en alianza- consentida por el Banco de España- con el sector bancario, que han sido, entre otras cosas, los verdaderos causantes del agravamiento de la situación de crisis en nuestro país.

Se trata de las primeras movilizaciones que se llevan a cabo contra el gobierno socialista y representan un primer toque de atención, no sólo en relación con las pensiones. También refuerzan la posición de los sindicatos en relación a la reforma laboral y, desde luego, ante un posible acuerdo político regresivo entre gobierno y oposición. En este sentido, el objetivo sindical pretende que el acuerdo político no se haga a expensas de los trabajadores, evitando así tener que enfrentarse al gobierno y al parlamento, si finalmente se aprueban medidas que no cuentan con el respaldo de los sindicatos. Eso ya ocurrió en la etapa de Felipe González (1989), cuando se pretendió enfrentar a los sindicatos con el parlamento cuando éste respaldó el gasto social propuesto por el gobierno y que fue considerado insuficiente por los mencionados sindicatos. Eso mismo parece que está sugiriendo el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, con sus recientes declaraciones, recordando a los sindicatos una obviedad: “las leyes se aprueban en el parlamento”. Por eso no está de más recordar que en democracia no hay supeditación de poderes y que, por lo tanto, los sindicatos son autónomos de cualquier gobierno y de los parlamentos y sólo se deben a sus afiliados y por prolongación a los trabajadores en general, de acuerdo con lo que establece nuestra Constitución.

Estas consideraciones demuestran que nos encontramos en un momento donde la “política” es la gran protagonista. El gobierno tiene la responsabilidad de impulsar con su política económica medidas encaminadas a resolver el problema del desempleo sin perder de vista las confrontaciones electorales que se avecinan; y sobre todo las elecciones generales a celebrar de aquí a dos años, lo que requiere no cometer errores- como el de las pensiones- sobre todo cuando se habla de resolver problemas a 20 años vista que, evidentemente, no representan ninguna urgencia y se pueden resolver con medidas menos traumáticas y, en último término, apelando al gasto fiscal. El gobierno lo que debe de hacer es convencer primero a los trabajadores- que son sus apoyos- y poner en valor el “trabajo” hasta situarlo en el eje de la salida de la crisis, y no distraerse con otros asuntos que no sean los relativos a la creación de empleo, simplemente porque así resolveríamos en buena medida los problemas relacionados con el déficit, la deuda, y la financiación de las pensiones. Y después, por lo tanto, en segundo lugar, trabajar por convencer a los mercados y sanear las cuentas públicas. Por esa razón Zapatero no puede prescindir de la buena relación con las organizaciones sindicales, que ha sido el fundamento de su política y que tan buen resultado está teniendo hasta ahora; de lo contrario será hacer el trabajo sucio para que finalmente gobierne la derecha y, posiblemente, por muchos años.

Desde la oposición, la política que defiende el PP resulta lamentable y pone de manifiesto su incapacidad para presentar propuestas mínimamente operativas para salir de la crisis, lo que dificultará su participación en el acuerdo. Su única alternativa- eso lo saben los ciudadanos- es esperar a que la crisis y el desempleo desgasten al gobierno (oportunismo electoral y nula visión de Estado), todo lo demás son políticas que sucumben a los planteamientos empresariales y a los postulados más rancios y conservadores de la derecha económica liberal, que son precisamente los que nos han conducido a la actual situación. Estaremos atentos a su actitud… y al resultado de las conversaciones.