En cualquier caso, imaginemos por un momento la mejor de las hipótesis posibles para los intereses independentistas. Ese escenario pasaría por una secesión pactada entre Cataluña y el resto de España, que mantuviera al nuevo Estado en la Unión Europea y en la zona euro. Ciertamente, esta posibilidad es inexistente pero, en cualquier caso, procedamos a suponer qué ocurriría.

El discurso secesionista se asienta en el ahorro fiscal de las actuales transferencias al resto de España. La propia Generalitat sitúa tales transferencias netas en unos 16.400 millones de euros en 2009, lo que supondría un 8,5 por ciento de su PIB. La Generalitat estima también que este importe debería reducirse en aquellos gastos que ahora mismo cubre el Estado en su territorio, lo que dejaría tal cifra en el 5,8 por ciento del PIB. Además, Ángel de la Fuente(1) aminora ese saldo hasta el 4,2 por ciento, en la medida que la reducción de tamaño vendría a disminuir las economías de escala en la provisión de bienes públicos. En cualquier caso, el ahorro fiscal podría cuantificarse en una horquilla entre el 4,2 y el 5,8 por ciento del PIB catalán.

Sin embargo, aún bajo un escenario pactado, las relaciones comerciales entre Cataluña y el resto de España se reducirían e irían convergiendo hacia un volumen menor, derivado de lo que se conoce como “efecto frontera”: la existencia de un entorno administrativo, regulatorio o político distinto reduce el volumen de comercio entre dos regiones con independencia de consideraciones económicas o geográficas. Esta “frontera” reduciría las exportaciones de Cataluña al resto de España, afectando así a su saldo exterior y, por ende, a su PIB. El resto del país, que hoy presenta un déficit comercial con Cataluña, se vería obligado a buscar esos insumos bien en otros mercados exteriores, bien mediante producción propia. Ambas opciones suponen un ‘second best’ frente a la realidad actual sin otras circunstancias a valorar que las económicas. Así pues, la adquisición o producción interior de las actuales importaciones catalanas supondría una vía más cara o de peor de calidad, reduciendo también el PIB regional del resto de España. De este modo, la independencia de Cataluña supondría el nacimiento de una nueva frontera política que, aun cuando ambos territorios se mantuvieran en la Unión, desincentivaría el comercio mutuo afectando negativamente al PIB de los dos territorios.

En una reciente investigación de Comer Ford et. al.(2012)(2) se utiliza un modelo Hopenhan-Melitz para estimar el efecto sobre el PIB de Cataluña y del resto de España del nacimiento de una frontera interna que redujera el volumen de comercio a unos niveles cercanos a los actuales entre España y Portugal. Sus conclusiones apuntan a una caída del PIB en Cataluña del 8,9 por ciento y del 2,0 por ciento para el resto del país. Sin duda, esta cifra supondría un ajuste de largo plazo pero, en el corto plazo, las relaciones comerciales sufrirían también incluso en el escenario imposible de una secesión pactada debido a potenciales campañas sociales. Por consiguiente, aun cuando tal cuantificación negativa del “efecto frontera”para Cataluña pueda parecer muy abultada (8,9 por ciento del PIB), su comparación con los beneficios fiscales esperados de la secesión (4,2-5,8 por ciento del PIB) dejan la opción independentista con escasos motivos económicos sobre los que asentarse.

Pero, además, para llegar aun acuerdo de secesión habría que repartir los activos y los pasivos entre ambas realidades territoriales y no sólo comparar los flujos de renta. Tal negociación no sería sencilla. Como bien detalla Francisco Fernández Marugán en un reciente artículo publicado en esta revista (“Las incógnitas económicas de una hipotética ruptura territorial”, 05-11-12), habría que repartir los activos como el Fondo de Reserva de la Seguridad Social o la propiedad de empresas públicas, pero también los pasivos de la Seguridad Social y, por supuesto, la deuda pública. Y este ejercicio, bajo la actual crisis fiscal del conjunto del Estado, no parece inocuo.

En este sentido, la deuda pública nacional habría que dividirla entre ambos territorios. Atendiendo al tamaño de su economía, Cataluña y el resto de España empezarían 2013 con una deuda pública cercana al 90 por ciento de su PIB. A este volumen, Cataluña debería sumarle su actual deuda autonómica que supera el 20 por ciento, casi diez puntos por encima del promedio del resto de Comunidades Autónomas (exceptuando la Comunidad Valenciana). Este diferencial negativo, unido a la mayor presión fiscal actual en Cataluña, que le deja un menor margen de maniobra, situaría al nuevo Estado en una posición relativamente peor a la del conjunto de España. Si España ya muestra un cuadro fiscal complejo, la Cataluña independiente, incluso bajo una secesión pactada, tendría que hacer frente a una crisis soberana quizá no sólo de liquidez.

Por todo ello, incluso si imaginamos el mejor escenario desde una posición independentista, una secesión pactada, el cálculo de flujos comerciales y ahorro fiscal arroja un resultado no positivo para sus intereses.Y aún peor, un reparto de la deuda pública nacional, dado que Cataluña presenta ya una deuda regional más elevada que el promedio y una mayor presión fiscal, dejarían al nuevo Estado ante un rescate aún mas draconiano que el que está sufriendo el conjunto de la economía española.

Así pues, en primer lugar, bajo el escenario central de una secesión de Cataluña que la sitúe fuera de la Unión, el resultado más probable es un ‘default’ inminente. Y en segundo lugar, aun suponiendo una secesión pactada, el cuadro fiscal sería notablemente más preocupante que el del conjunto del país con serias incertidumbres sobre su solvencia y con un resultado neto de los flujos comercial y del ahorro fiscal no muy positivo. De este modo, los independentistas deberían buscar otras razones al margen de las económicas para continuar bajo esta senda secesionista.

(1) “Las cuentas de la lechera”, 24-sep-12, El País.

(2) Comerford, Myers y Rodríguez Mora, (2012), “Measuring costs and benefits of independence”, mimeo.