En primer lugar, ¿qué ha ocurrido en Cataluña? Que sobre un censo electoral de 5.513.769 electores ha acudido a “votar” (si eso se llama “votar”) el 37’7% de los inscritos. Si el cálculo lo hiciéramos sobre el falso censo propuesto por el Gobierno (mayores de dieciséis años y extranjeros residentes legalmente en Cataluña), el número de personas llamadas a la falsa votación sería de 6.228.531, en cuyo caso el porcentaje de votantes descendería a 32’8% (datos de El País, de 10 de noviembre de 2014). Agreguemos a esto que, como si estuvieran en Sudán o en Togo, los falsos colegios no cerraron a la hora señalada por el propio Gobierno y que pudieron votar menores de dieciséis años. Añadamos que el recuento se pudo hacer como quiso cada “Mesa”, añadiendo papeletas o votos. Agreguemos, en fin, que la campaña de coacciones para ir a votar ha sido, desde hace muchas semanas, intensísima, nada comparable a las campañas de participación institucional que se hacen (cuando las Juntas Electorales lo permiten, que no siempre ocurre) en unas elecciones regulares. Estos datos nos muestran una primera realidad que los independentistas no querrán reconocer: DOS TERCIOS DE LOS ELECTORES CATALANES NO HAN VOTADO. Y mira que lo tenían fácil. Ha vuelto a ocurrir como en el referéndum por el que había que convalidar el vigente Estatuto de 2006: que lo votó un tercio de los electores.

Este dato nos lleva a una primera reflexión: el Gobierno, el Partido Popular y el PSOE están obligados a proteger y dar su apoyo a VARIOS MILLONES DE CATALANES que no quieren saber nada de la independencia, que se sienten a gusto en el marco constitucional global y que lo que piden al Gobierno de la Nación es que les libere de la pesadilla independentista. ¿Sabrán responder Gobierno, Partido Popular y PSOE a los que les pide la mayoría de la población catalana o seguirán con medias tintas?

En segundo lugar, más allá de la farsa independentista, hay que señalar algo muy grave: las exigencias del Estado de Derecho no se han cumplido en Cataluña. O dicho con menos remilgos: el Gobierno catalán se han reído del Tribunal Constitucional y del Gobierno de la Nación, sin que, hasta el presente, deriven consecuencias del incumplimiento del ordenamiento. Conforme a la providencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional el pasado 4 de noviembre (véase mi artículo “La nueva suspensión del pseudo-referéndum sobre la independencia catalana”, en Sistema Digital, difundido el 7 de noviembre de 2014), no se podía celebrar ningún referéndum, consulta o acción similar en los lugares públicos, con funcionarios públicos y con medios materiales públicos. Tampoco el Gobierno catalán podía participar de ninguna manera en la operación. Pero ha ocurrido lo contrario. ¿Va a quedar impune esta evidente desobediencia?

Porque si queda impune esta desobediencia, ¿con qué fuerza puede pedir el Gobierno a un conductor que circule a ciento veinte kilómetros por hora y no a doscientos? ¿Con qué fuerza puede pedir la Agencia Tributaria que cada cual abone sus impuestos? ¿Con qué legitimidad pueden sancionar los Ayuntamientos el incumplimiento de Ordenanzas de edificación, de vías públicas o de ruidos?

El problema es que en Rajoy han confluido dos circunstancias que le convierten en un político definitivamente amortizado. Por una parte, el quietismo que le paraliza cuando hay que tomar una medida compleja pues, tras recortar los derechos de los trabajadores y desmantelar el Estado Social, Rajoy ya se ha tumbado a la bartola: no quiere nada que le haga pensar o trabajar. Y aquí había que pensar y trabajar para hacer que el ordenamiento jurídico democrático se cumpliera. Por eso el Gobierno ha reaccionado con mentalidad de abogado del Estado. No se trata de criticar a un cuerpo de funcionarios digno y bien preparado, pero sí de recordar que los abogados del Estado no tienen que hacer política, sino velar porque se cumpla el Derecho. Pero, tras las sucesivas providencias del Tribunal Constitucional, el Gobierno tenía que prever medidas más contundentes que paralizaran el referéndum en los centros públicos.

Esto nos lleva a tres conclusiones como colofón de este comentario. En primer lugar, ni España ni, menos aún, Cataluña pueden aguantar una situación política que desgasta la convivencia y la economía. Hay que parar ya esta situación con iniciativas rápidas del Gobierno, del Partido Popular y del PSOE. Si a Rajoy se le hace muy cuesta arriba tanto esfuerzo, que dimita, que habrá en su partido algunos políticos con más decisión. En segundo lugar, que la presión independista no va a amainar, sino todo lo contrario: un nuevo referéndum en Mas, declaración de independencia en Junqueras. Hay que diseñar la respuesta a la nueva ofensiva. En tercer lugar, si Junqueras o el propio Mas declararan la independencia, contarían con un aparato administrativo que empezaría a actuar como Estado: ¿ha previsto el Gobierno qué medidas hay que tomar respecto a la Policía autonómica, a los centros de enseñanza, a la Hacienda y a los Ayuntamientos?

Porque no debemos engañarnos: hay que ofrecer reformas constitucionales, pero también lanzar un mensaje nítido, y si la Administración dominada por los independentistas actúa en contra de los deseos de dos tercios de los catalanes, hay que impedir que las instituciones catalanas entren en lo que es una rebelión. Y los potenciales rebeldes han de saber que con el Estado no se juega.