El carácter transformador de Internet, como medio para promover la realización de otros derechos, fomentar el pluralismo y la participación pública, permitir que miles de millones de personas expresen sus opiniones, y accedan más fácilmente a la información que desean, ha llevado a Naciones Unidas a aprobar que la libertad de expresión se aplica en Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación.

Es un avanza muy importante, vistas las restricciones que muchos gobiernos estaban realizando. En este sentido, hay dos cuestiones que me permito destacar. La primera, que frente al intento de restar libertad a la red, Naciones Unidas deja claro la neutralidad de la red: “el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen y/o destino del material, servicio o aplicación”.

La segunda, es la cuestión del acceso a Internet, donde establece que “los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres”.

Naciones Unidas reafirma que los Estados tienen la obligación positiva de facilitar el acceso universal a Internet. Y como mínimo, deberían:1.- Establecer mecanismos regulatorios —que contemplen regímenes de precios, requisitos de servicio universal y acuerdos de licencia— para fomentar un acceso más amplio a Internet, incluso de los sectores pobres y las zonas rurales más alejadas.2) Brindar apoyo directo para facilitar el acceso.3) Generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que puede reportar, especialmente entre sectores pobres, niños y ancianos, y en las poblaciones rurales aisladas.4) Adoptar medidas especiales que aseguren el acceso equitativo a Internet para personas con discapacidad y los sectores menos favorecidos.

Es decir, los gobiernos de todo el mundo tienen la obligación de facilitar un servicio accesible y asequible de Internet a todos los ciudadanos.

QUÉ HACE ESPAÑA

Lo primero que hay que decir es que en España no se cumple el servicio universal. Es cierto que en noviembre de 2009 el ministro de industria afirmó que a partir del uno de enero de 2011, todos los ciudadanos tendrían derecho a Internet a una velocidad mínima de un mega, es decir, con calidad y a un precio asequible en cualquier zona. Pero, a pesar de los esfuerzos del gobierno de España, la realidad es que en España contratar la banda ancha es mucho más caro que en cualquier otro país de la UE.

En el informe, la Comparativa Internacional de Ofertas Comerciales de banda ancha en la Unión Europea a junio de 2010, realizado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones(CMT) y publicado en diciembre de 2010, se puede constatar que la banda ancha y voz a velocidad baja (de 144 Kb hasta 2 Mb/s, no incluidos), que representan el 8,5% de las líneas contratadas en España, son un 10,3 % más caros en España respecto a la media de las mejores ofertas europeas en precios ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPP). Los paquetes de velocidad media (de 2 Mb a 10 Mb), que aglutinan el 60% del total de las líneas, son un 21,2% más caros. Y la velocidad alta (superior a 10 Mb/s), que suponen el 31,5 % del total de paquetes de banda ancha y voz en España, la mejor oferta comercializada en el mercado español es un 28,7% superior a la media de las mejores ofertas de la UE.

Y si esto ya es escandaloso, lo es aún más si comparamos lo que cuesta contratar con el operador histórico en España(Telefónica) con respecto al desembolso que realizan los usuarios europeos al contratar con sus respectivos operadores incumbentes (Deutsche Telekom, KPN, BT, Eircom, Telecom Italia, etc). El diferencial de coste es prácticamente inexistente en la velocidad baja (+ 0,3 %) y muy superior en la velocidad media (+84,6%) y alta (+56,6%).

El gobierno de España tiene que acabar con esta situación y obligar a reducir los precios, garantizar la inversión y la cobertura a las compañías de telecomunicaciones. Por si alguien dice que esta medida pondría en peligro la cuenta de resultados de algunas compañías, solo hay que ver los beneficios que tuvieron el 2010. Basten algunos ejemplos: Telefónica, aumento su beneficio neto un 30,8% en 2010, hasta los 10.167 millones de euros; Deutsche Telekom, casi quintuplico sus beneficios netos en 2010 con 1.695 millones de euros; Telecom Italia, obtuvo un beneficio neto de 3.121 millones de euros; France Telecom, subió un 28% su beneficio en 2010 hasta llegar a los 4.880 millones de euros.