Una vez resuelto, queda en el aire una reflexión que tiene que ver con el origen de este embrollo. El barco atunero se encontraba 400 millas al sur de la zona de seguridad cuando fue secuestrado por los piratas somalíes el 2 de octubre pasado, y estaba allí a pesar de las advertencias de la presencia de piratas. ¿El armador pensó en el riesgo que corrían los trabajadores? ¿Pensó en las consecuencias de pescar fuera del lugar señalado por los acuerdos internacionales que mantiene España? Seguramente pensó en el negocio. Y vuelve a ocurrir lo de siempre, cuando las ganancias se sitúan por encima, se pierden de vista los riesgos que se pueden correr. En este caso se pusieron en riesgo las vidas de los trabajadores del barco y en segundo término se colocó a España en el centro de un problema diplomático que afortunadamente el Estado ha podido resolver.

Los partidos de la oposición se han apresurado a pedir explicaciones al Gobierno por cómo se ha resuelto esta crisis. Parece de recibo que las primeras explicaciones habría que pedírselas al armador del barco. El Gobierno ha resuelto un problema creado por una empresa privada que pensaba en las ganancias que iba a obtener por encima de ninguna otra consideración.

Durante los tensos días que ha durado este secuestro se ha oído de todo. Las quejas de las familias son entendibles, porque la vida de sus seres más queridos estaba en peligro. Pero el ruido mediático agitado por la derecha no ha sido comprensible, poniendo palos en las ruedas de un proceso de negociación en el que estaban en juego vidas humanas. Menos mal que en esta ocasión, el Gobierno de España no ha dejado de trabajar ni un minuto para solucionar este problema y traer con vida a los pescadores, que era de lo que se trataba.