El panorama político tampoco es tranquilizador. La oposición- sin ninguna visión de Estado- viene apostando por desgastar al gobierno bajo el principio de que “cuanto peor mejor” para sus expectativas electorales y esto, por el momento, está funcionando si nos remitimos a las pocas encuestas y estudios que se han publicado recientemente (favorables al PP), a pesar de su incapacidad para elaborar una política propositiva en términos económicos y apostar por una política regresiva en cuanto a las libertades, en un clima de corrupción, crispación interna, y profunda crisis de liderazgo del Sr. Rajoy.

La última cumbre de presidentes autonómicos ha sido el corolario de las dificultades- cuando no de los errores- del gobierno y la reafirmación de la política de oposición del PP que, sin posible retorno, llena de incertidumbre la vida política que se abre de aquí a las próximas elecciones generales.

A partir de este breve análisis se puede concluir que el año 2010 no puede ser peor que el año que termina. España va a presidir la Unión Europea en el primer semestre, lo que dotará al gobierno de un mayor protagonismo mediático. Un gobierno que continúa reafirmando su voluntad política de resolver los problemas derivados de la crisis económica. Para ello cuenta con la mejora de la situación económica internacional, la Ley de Economía Sostenible que impulse un cambio de modelo productivo y aborde la salida a la crisis, y una ambiciosa política de reformas donde se incluye la reforma laboral.

A ello hay que añadir la apertura de conversaciones entre los interlocutores sociales para seguir desbloqueando la negociación colectiva del 2009 y cerrar posteriormente un acuerdo plurianual (tres años) en materia de salarios, excedentes empresariales, y empleo (ya se ha celebrado una primera reunión formal- en un clima de moderación salarial- y los sindicatos insisten en mantener cuando menos el poder adquisitivo de los trabajadores y por lo tanto el consumo, dada su estrecha relación con el crecimiento de la economía y por lo tanto con el empleo). En coherencia con ello los sindicatos reivindican también un salario mínimo interprofesional (SMI), para el año 2010, de 674 euros brutos mensuales por 14 pagas (el gobierno ofrece sólo un incremento del 1%) en la perspectiva de alcanzar al menos 800 euros al mes en el año 2012, tal como se comprometió el presidente del gobierno, y que se siga avanzando después hasta alcanzar el 60% del salario medio neto como recomienda la Carta Social Europea suscrita por España.

Todo ello facilitará abordar la reiterada reforma laboral que se viene poniendo sobre la mesa por distintas instancias nacionales e internacionales de corte liberal y que sin embargo no puede ni debe significar sacrificios añadidos para los trabajadores, ni será la panacea que resuelva todos los problemas relacionados con el desempleo, como se viene poniendo de manifiesto (la creación de empleo sólo será posible a partir de un crecimiento superior al 2% del PIB), dando por hecho, además, que la CEOE no facilitará el acuerdo al actuar bajo un fuerte componente político en defensa de los intereses empresariales. No se explica de otra forma la ruptura del acuerdo nacional de convenios (ANC) hace unos cuantos meses y tampoco el fracaso del diálogo social con el gobierno y los sindicatos, achacable a los empresarios, que contemplaba, incluso, una reducción de cuotas a la Seguridad Social que estaba dispuesto asumir el gobierno. A ello hay que añadir lo que resulta evidente: desde la salida de José María Cuevas- bien relacionado con los sindicatos y el gobierno y favorable a la concertación social- la CEOE no ha centrado ni precisado su estrategia, hipotecada por diferencias internas y por los problemas económicos de alguna de las empresas de su presidente, como se ha puesto de manifiesto en la última reunión de su órgano máximo de dirección y en el reciente cese de actividades de la empresa Air Comet.

A pesar de ello, el gobierno va a impulsar decididamente una reforma laboral que debe, entre otros asuntos, resolver, en primer lugar, los graves problemas derivados de la precariedad de nuestro mercado de trabajo, que afecta sobre todo a los jóvenes, con el propósito de situarnos en la media europea; racionalizar la negociación colectiva (articulando y potenciando los ámbitos de negociación y la interlocución social); reactivar las políticas activas de empleo, en busca de la empleabilidad y de nuevos yacimientos de empleo (ley de dependencia y educación infantil, energías renovables, y medio ambiente); fomentar la contratación, particularmente la indefinida, eliminando las actuales bonificaciones obsoletas y activando las que se acuerden; y reformar las oficinas públicas de empleo (transferidas a las CCAA) con el propósito de dotarlas de un mayor protagonismo y eficacia en la intermediación laboral- eficacia prácticamente inexistente en la actualidad-, y que se han convertido en un problema que hay que resolver urgentemente para que cumplan con su misión. Por el contrario, no parece prudente abordar en la situación actual la problemática de la Seguridad Social como muchos reclaman, que debe discurrir, en cuanto a posibles reformas, por los cauces que establece, en tiempo y forma, el Pacto de Toledo.

Para desarrollar esta ingente tarea el ministro de trabajo acaba de nombrar al inspector de trabajo, Alfonso Morón, como máximo responsable en la búsqueda de un acuerdo relativo a la reforma laboral. Se trata de un hombre capaz por su ponderación y trayectoria profesional. Bien relacionado con los sindicatos y empresarios, así como con las instancias gubernamentales y los diversos grupos parlamentarios. Este nombramiento ayudará al desarrollo de encuentros (un acuerdo de estas características necesita “mucha cocina”) que doten de un mayor protagonismo al Ministerio de Trabajo en las conversaciones (hasta ahora con un perfil muy bajo y escaso protagonismo) y, desde luego, al ministro en los debates que se producen en los consejos de ministros más polarizados, por razones obvias, en torno al área económica que al área laboral. En definitiva, el ministro debe ser el verdadero interlocutor del gobierno en estas materias y también del propio presidente del gobierno Sr. Zapatero que desde hace meses se viene implicando en primera persona en el diálogo y la concertación social, con más voluntad que acierto, ante la actitud negativa de la patronal. El presidente necesita un “fusible” en el diálogo y la concertación social, que asuma la iniciativa en el día a día y los costos de un posible desacuerdo. No tiene sentido actuar como aquel famoso jugador vasco, Belauste, que pidió el balón a su compañero de equipo al grito de “Sabino, a mí que los arrollo”; esas actitudes no garantizan los acuerdos como se viene demostrando y, además, para eso está el ministro de trabajo y esas son sus competencias.

Resulta evidente, por lo tanto, que se abren nuevas expectativas de acuerdos entre los interlocutores sociales y el gobierno; acuerdos que deben generar confianza y que finalmente ayudarán a que mejore la situación económica en el año 2010 en relación con el 2009. Ahora nos toca trabajar a todos para que los pronósticos se cumplan.